Jueces, fiscales y altos funcionarios se organizan en un frente común contra la amnistía
Altos funcionarios se reúnen por primera vez para concienciar a la ciudadanía sobre «la gravedad de la situación»
Jueces, fiscales y altos funcionarios se unen contra la Ley de Amnistía | Efe
Ocho asociaciones que representan a más de 5.000 altos funcionarios se han unido por primera vez en un frente común para defender el Estado de derecho y alertar sobre los peligros de la aplicación de la ley de amnistía. Estos colectivos de abogados, fiscales, jueces, inspectores de Hacienda, entre otros, presentarán este miércoles un manifiesto en Barcelona en el transcurso de la celebración de una mesa redonda, la primera actividad de una serie de actos con los que tratan de concienciar sobre «la gravedad de la situación», según ha asegurado Cristina Dexeus, de la Asociación de Fiscales, una de las promotoras de esta iniciativa, a THE OBJECTIVE.
«Queremos poner de relieve ante la sociedad la preocupación que tenemos los profesionales de distintos cuerpos de la Administración sobre la situación actual que atraviesa España y el peligro que se cierne sobre el Estado de derecho, y la necesidad de defender los valores constitucionales«, subraya Dexeus. Su voz refleja el sentir de este pacto al que se ha unido la Asociación de Fiscales, la Asociación Profesional de la Magistratura, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Abogados del Estado, los Inspectores de Hacienda, los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, los Letrados de la Administración de la Seguridad Social y la Asociación de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local.
Todos ellos participarán este miércoles en una mesa redonda sobre «reflexiones sobre la situación actual de España en relación con la importancia de los valores constitucionales de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, separación de poderes, independencia y profesionalización de la función pública», señala Dexeus.
En el manifiesto se pondrá «de relieve nuestro compromiso de actuar, de organizar actividades de esta defensa del Estado de derecho. Es un primer paso y poco a poco iremos haciendo actividades. Tras la lectura del manifiesto, ya tendrá lugar la primera actividad, una mesa redonda para empezar esta concienciación. A partir de ahí, lo que vaya surgiendo para poner el foco en la situación actual».
Esta plataforma funcionará al margen de cualquier partido político, «es una iniciativa puramente profesional y no tenemos conexión con partidos», señala esta representante de la asociación de fiscales. Para ellos, una de las características más relevantes de este frente común es que «se oiga a jueces y a fiscales y a otros cuerpos en la defensa del Estado de derecho».
Hasta la fecha, todos los colectivos que se han unido han publicado sus comunicados de forma independiente. «Es más común que jueces y fiscales hagamos comunicados conjuntos o pongamos una voz común a nuestras inquietudes, pero con el resto de implicados ahora en este pacto nunca habíamos hecho algo así, reunirnos para tratar temas de interés común, porque nunca la situación ha sido la que es», señala Dexeus.
Este frente común está abierto a otros colectivos y espera que sea el germen al que se puedan unir otros colectivos, «todo aquel que quiera defender el Estado de derecho con nosotros se puede unir», insiste la representante de los fiscales. «Ya que se ponga en marcha es relevante y nuestra idea es seguir organizando actividades en Madrid, que se llegue a Europa y seguir haciendo manifestaciones y debates».
Un antecedente de esta unidad, aunque de un solo colectivo, fue el movimiento impulsado por la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM), que preside el decano Eugenio Ribón, que se adhirió a la declaración institucional realizada por el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) el pasado 9 de septiembre de 2023, en defensa del Estado de derecho, según se ha acordado por unanimidad en una reunión extraordinaria de la Junta Directiva, celebrada este lunes. Esto supone que 42 Colegios Profesionales con más de 420.000 profesionales, que representan el 24,9% del PIB de la Comunidad de Madrid, se posicionan en contra de la ley de amnistía. Esta asociación está integrada por colegios de ciencias, de economía, jurídicos, sanitarios, sociales, de arquitectura e ingeniería.
