Andalucía pagó un 35% menos que Sanidad por mascarillas a la firma ligada al novio de Ayuso
La Junta pagó 0,31 euros más IVA por mascarilla mientras que Sanidad abonó por el mismo producto 0,42 euros más IVA
El ministro de Sanidad en 2020, Salvador Illa.
La Junta de Andalucía ha defendido que la compra de material de protección en la pandemia se hizo «con total transparencia» y ha explicado que pagó un 35% menos que el Gobierno por las mascarillas que adquirió en una ocasión a la empresa FCS Select Products SL, ligada a las comisiones de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en otras operaciones y el principal proveedor de material sanitario durante la pandemia del Ejecutivo central.
El 23 de marzo de 2020, mediante un acuerdo de emergencia, realizó una compra de materiales de protección para los profesionales sanitarios por valor de 23 millones, de fondos propios, de los que 1,1 millones fueron para esta empresa, para la compra de tres millones de mascarillas quirúrgicas EFB 95.
La Consejería de Salud ha detallado que el contacto con esta empresa se hizo a través de un buzón de proveedores que se puso en marcha para que se ofrecieran a la Junta las empresas que dispusieran de material.
La Junta optó entonces por las empresas que aunaban «mayor calidad en sus productos y mejor precio», que en este caso fue un 35,4% más barato que el precio por el que adquirió las mascarillas el Gobierno central.
Según la Junta, pagó 0,31 euros más IVA por mascarilla, con un total de 1,1 millones de euros, mientras que el Ministerio de Sanidad abonó por el mismo producto 0,42 euros más IVA, hasta un lote total de 280 millones de euros.
El Ejecutivo andaluz ha asegurado que «no existió incidencia alguna con dicha empresa, ni se suscribió ningún otro contrato con la misma antes o después del mencionado».
Salud ha recordado que en enero de 2020 las plataformas logísticas provinciales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) empezaron a experimentar dificultades para comprar material de protección a las empresas habituales y con las que había contratos formalizados, tal y como estaba ocurriendo a nivel mundial.
La situación se volvió «crítica» en la semana del 16 al 20 de marzo, tras requisar el Gobierno central el material de protección que iba a ser entregado al SAS a través de sus proveedores habituales y después de que estos retirasen los productos, «por temor» a que se volviera a hacer, lo que supuso perder pedidos de 1,7 millones de mascarillas.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó entonces una modificación para poder pagar por anticipado a las empresas importadoras, que exigían el 50% por adelantado y otro 50% a la entrega del material.
FCS, la empresa que más contrato el Gobierno
El pasado noviembre THE OBJECTIVE informó sobre cómo algunos de los contratos millonarios de mascarillas y material sanitario, mayoritariamente adjudicados por el Gobierno en 2020, aún siguen bajo el punto de mira de la Justicia española y de la Fiscalía Europea. Tramitados de emergencia y entregados a microempresas, con menos de tres trabajadores, y con actividades muy diversas, las irregularidades, los retrasos en las entregas y los sobrecostes empiezan a ver la luz con cuentagotas.
Si la empresa que logró el mayor contrato del Ministerio de Sanidad –HongKong Travis Asia Limited- retrasó la entrega de sus mascarillas diez meses, tal y como reveló esta semana este diario, otras compañías que recibieron cuantiosas adjudicaciones durante el estallido de la pandemia prácticamente desaparecieron tras recibir los millones. Una de ellas es la catalana FCS Select Products. La firma se embolsó 253 millones de euros a través de cuatro contratos covid. La Fiscalía Europea investiga dos de ellos, según informan fuentes jurídicas y confirman documentos consultados por este diario.
Mientras, los otros dos contratos adjudicados a esa mercantil volvieron a la Fiscalía Anticorrupción por el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid. Allí, la juez Concepción Jerez investiga irregularidades de 13 contratos adjudicados por Sanidad a firmas chinas. Debido a que llevan la firma de uno de los tres exaltos cargos del Ministerio de Sanidad imputados por las adjudicaciones del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) a empresas chinas durante el inicio de la pandemia, Anticorrupción envió esos dos contratos de FCS Select Products al Juzgado 26 de Madrid para su acumulación en esa causa.
Contratos de mascarillas covid
Según una providencia dictada el pasado 28 de febrero de 2023, la juez que investiga los contratos del Ingesa aclaró a Anticorrupción que en ese juzgado «no se investigaban los contratos relativos a la citada empresa acordando la devolución de la documentación recibida».
Esos contratos de FCS Select Products que volvieron a manos de Anticorrupción están firmados por la exdirectora de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Patricia Lacruz, una de las tres personas investigadas por malversación en los contratos covid del Ingesa que investiga el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid.
Los nuevos documentos mercantiles sobre esa empresa catalana apuntan a que sus responsables, bajo la lupa de la Fiscalía Europea, habrían dejado prácticamente inactiva la compañía. Pese a que permanece activa, las últimas cuentas presentadas por FCS Select Products en el Registro Mercantil son de 2019, un año antes de la pandemia. Los datos a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE muestran un parón total en 2020. Ese año, FCS logró adjudicarse los cuatro contratos. Se formalizaron en el mes de octubre de ese ejercicio. La empresa está radicada ahora en un chalé unifamiliar de Sant Cugat del Vallés.
Denuncia del PP
Anticorrupción abrió diligencias en 2022 sobre los contratos del Gobierno a FCS Select Products, a raíz de una querella del Partido Popular de Madrid sobre una decena de adjudicaciones covid otorgadas a dedo por diferentes ministerios del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Respecto a esta empresa, el PP denunciaba que esta empresa catalana hasta 2019 se dedicaba «al sector de bebidas alcohólicas», nunca al suministro de material sanitario, y «recibió adjudicaciones por un valor 275 veces superior a su facturación y 84.800 veces superior a su capital social» por parte del Ministerio de Sanidad.
Además, los populares aludían a supuestos vínculos entre los propietarios de FCS Select Products y el exministro Illa por ser del mismo municipio. Y añadían que «la administradora de la empresa, M. D. C., fue condenada en el año 2016 por un delito de estafa agravada por su participación en una trama delictiva dedicada a la compra y posterior vaciamiento con problemas financieros», explica el escrito.
