El PP impulsa una ley para que los funcionarios de prisiones sean agentes de autoridad

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una proposición de ley con el objetivo de que «a los funcionarios de cuerpos penitenciarios en el ejercicio de sus funciones», les sea reconocido el «carácter de agentes de la autoridad», según el texto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Esta iniciativa impulsada por el portavoz parlamentario Miguel Tellado y la diputada Ana Vázquez, portavoz popular en la Comisión de Interior, pretende reformar la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria.

Esta iniciativa se produce después de que una cocinera de la prisión Mas Enric de Tarragona fuera asesinada por un preso y los funcionarios de centros penitenciarios de Cataluña se movilizaran reclamando mayor seguridad en las cárceles. Durante la protesta, se leyó un manifiesto en el que los funcionarios denunciaron el incremento «sin freno», en número y gravedad, de las agresiones en las prisiones catalanas.

Los populares reclaman la modificación del artículo 80 de la citada ley que hace referencia a los funcionarios. Como primera medida, se propone modificar «su apartado 2, a efectos de incluir en el ámbito de las funciones de dichos funcionarios el reconocimiento de estos como agentes de la autoridad, a todos los efectos legales».

Además, se añade un nuevo párrafo en el que se hace remisisión a la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, a fin de «solucionar cualquier tipo de incidente que derive en atentado que ponga en peligro la integridad física de los funcionarios penitenciarios, de idéntica forma a lo que actualmente está regulado para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

Igualmente, se añade un nuevo apartado, el quinto, al artículo 80 con «objeto de incluir –en la misma línea que también se contempla para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad– medidas específicas de internamiento para los funcionarios penitenciarios que deban cumplir condena en centro penitenciarios ordinarios».

En la exposición de motivos de la proposición de ley, el Grupo Popular subraya que «los asesinatos de trabajadores en las cárceles son una tragedia que no se puede repetir. Los funcionarios de las prisiones españolas solicitan ya desde hace muchos años mayor seguridad en sus puestos de trabajo, algo en que coinciden estos trabajadores de todas las comunidades autónomas».

La proposición señala que «resulta imprescindible establecer iniciativas eficaces para la prevención y actuación ante las agresiones que sufren los funcionarios en su interacción con los internos en el desempeño de su actividad profesional». En este sentido, recuerdan que, «a pesar de que el Protocolo específico de actuación frente a las agresiones en los Centro Penitenciarios y Centros de Inserción Social reconoció por primera vez, de forma explícita, la condición de autoridad pública a los funcionarios de prisiones en el ejercicio de sus funciones, lo cierto es que ninguna norma con rango legal les concede actualmente la condición de agentes de la autoridad».

Actualmente, el personal de la Institución Penitenciaria «lo integran alrededor de 21.500 funcionarios, de los cuales más de 14.400 se dedican a tareas propias del área de vigilancia, entre las que se incluyen garantizar el orden y la seguridad interior de los Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social».