Afectados por un fraude con fondos UE acusan a una fundación de «extorsión»
La visita de inspectores de Trabajo provoca el nerviosismo entre los responsables de una subvención de 2,8 millones
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz
La visita de inspectores del Ministerio de Trabajo y funcionarios del Servicio Público de Empleo (SEPE) a los centros de trabajo de la Fundación Social Desarrollo Responsable (Munus), presidida por Alberto Herreros, y Pánico Escénico S.L., de la que fue administrador hasta el 21 de marzo de 2023, en Madrid, Ciudad Real y Zamora, como ha desvelado THE OBJECTIVE, ha desatado el nerviosismo en los responsables de esta fundación, acusada por estos trabajadores de irregularidades y de un presunto fraude en la gestión de 2,8 millones de euros de fondos europeos. A raíz de estas denuncias, publicadas por este periódico, el ministerio de Yolanda Díaz ha decidido comprobar la veracidad de las mismas iniciando una investigación.
Tras esta visita, los responsables de esta fundación han empezado a «extorsionar» a algunos trabajadores que se han acogido al programa TándEM, según han denunciado a este periódico: «Nos han pedido realizar de nuevo las hojas de firmas correspondientes a septiembre, octubre y noviembre, poniendo horas que no hemos trabajado, como nos obligaron otras veces. La inspección nos dijo que no hiciéramos eso porque es ilegal. Cuando nos hemos negado, la fundación nos ha dicho que tenemos que hacerlo porque si no, nos van a investigar, y nos han amenazado».
Este programa se desarrolla a través de dos iniciativas denominadas Espacios Vinculares 1 y 2, desarrollados en Madrid, Zamora y Ciudad Real, que ofrece la posibilidad a 105 jóvenes desempleados de formarse en alternancia con el empleo, en especialidades como Animación Musical y Visual en vivo y directo, Asistente Técnico de Construcción y Montaje de Proyectos Escénicos, Habilidades de Interpretación para la actuación, entre otras especialidades.
El programa implica una primera parte de formación del alumnado durante tres meses y una segunda fase de alternancia con el empleo durante nueve, en la que fueron contratados con un sueldo de unos 900 euros. Uno de los problemas radica en que el pago se ha realizado con retraso en los alumnos y, en el caso de los profesores, se le adeudan cantidades importantes.
Varios testimonios recogidos por THE OBJECTIVE reflejan la situación de tensión a la que los responsables están sometiendo a sus trabajadores para tapar pruebas y que la investigación del Ministerio de Trabajo no destape lo que los trabajadores denuncian. «Ellos nos obligaban a hacer horas extras y no nos la pagaban. Nos obligaban a quitar horas de trabajo para no tener exceso de horas y no pagarlas. Tras la inspección, la actitud de la empresa ha empeorado, en vez de ver las orejas al lobo han forzado más la máquina para intentar ellos salvarse», señala un trabajador.
Otro trabajador se ha negado a firmar estas hojas de horas trabajadas: «Me piden que firme veinte horas al mes cuando yo hice más de cuarenta. Quieren que ponga veinte horas porque era mi contrato de la fundación. A mí si me han pagado todo, aunque tuve muchísimas dificultades para cobrar. Lo que quieren es que aunque lo he cobrado no diga nada, que mienta«. Esta afectada se niega a mentir sobre su contrato y esta actitud ha provocado la ira de los responsables: «Sigo recibiendo mensajes y correos diciendo que falta mi registro de jornada de veinte horas, y yo he trabajado más de cuarenta. Me niego y no firmo nada. He sufrido acoso laboral, me han insultado, me han llamado de todo, que no sirvo para nada»
Las irregularidades se concretan en «incumplimientos contractuales, abarcando aspectos como el impago de nóminas, la falta de contratos en los primeros meses en algunos casos o altas de falsos autónomos en otros, el incumplimiento de la jornada pactada, la omisión de la provisión de documentos esenciales como el contrato, el calendario laboral o las nóminas con sus respectivas cotizaciones y el cambio de alta de un organismo a otro sin comunicación ni consentimiento».
La Fundación Desarrollo Social negó en su día las acusaciones de impagos, según aseguraron a THE OBJECTIVE, pero reconocieron «problemas de liquidez» de una empresa contratada como proveedor. Así, el presidente de la Fundación, Alberto Herreros, calificó de falsas las afirmaciones de los trabajadores, en un comunicado remitido a este periódico, ya que «la Fundación no debe a día de hoy ninguna cantidad a ninguna persona física ni jurídica. En este sentido, adjuntaron certificados de estar al corriente de pagos en Seguridad Social y Hacienda de ayer mismo».
Este periódico intentó posteriormente recoger la versión de esta fundación sobre las irregularidades que venían denunciando los trabajadores para también ofrecer sus explicaciones, pero comunicaron a este medio que no iban a realizar declaraciones al respecto.
