Denuncian ante el Defensor del Pueblo Europeo la situación de la Justicia en España
Una veintena de colectivos piden en su escrito que el CGPJ sea elegido entre jueces y magistrados
El ministro de Justicia, Félix Bolaños
Un grupo de más de 20 colectivos y ciudadanos a título individual de diferentes ámbitos de la sociedad civil han registrado un escrito ante el Defensor del Pueblo Europeo, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, en el que denuncian la situación del Estado de derecho en España y las carencias en la defensa de una justicia independiente. En el escrito piden que se «recupere el Estado de derecho». Esta iniciativa ha sido impulsada por la plataforma «Por una Justicia Independiente», que ya presentó una queja ante el Parlamento europeo sobre los presuntos casos de fraude en los fondos europeos, desvelados por este periódico.
Las asociaciones firmantes son HazteOir.org., Anavid (Ayuda a todas las Víctimas de Violencia Doméstica), Asociación Unión de Brigadas, Por una Justicia Independiente, Asociación EuropeIN, Centro Jurídico Tomás Moro, Asociación Europea de Abogados de Familia, Asociación por los Derechos de los Niños, Custodia Compartida Extremadura, Asociación Custodia Compartida por los Menores y familia, Asociación Comando Libertad, Sindicato Independiente de Policías de Navarra (SIPNA), Asociación Niños Sin Derechos (NISDE), Instituto de Política Social (IPSE), Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid.
En el ámbito internacional han secundado esta iniciativa Dads Matter (Reino Unido), My Nation Hope Foundation (India), Falsely Accused Day (Reino Unido), The Traditional Family Association (República Checa) y Washington Initiative for Boys & Men (Estados Unidos). A estos colectivos hay que unir firmas a nivel individual.
En la queja reclaman que «el Defensor del Pueblo Europeo inicie un procedimiento para que España recupere el Estado de derecho y exija de modo inmediato, que, al menos, 12 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sean elegidos entre jueces y magistrados (España ingresó en Europa con 12 vocales nombrados por jueces y magistrados siempre de entre miembros de la carrera judicial)».
Igualmente, en su iniciativa animan «a todas las personas que consideren que no hayan tenido un juicio justo (con la garantía de jueces independientes e imparciales) a que envíen su caso particular al correo electrónico del Defensor del Pueblo Europeo ([email protected] ) como prueba de que en España no está garantizada la Independencia Judicial«.
En la exposición de motivos recuerdan que «España firma el Acta de Adhesión a la Unión Europea el 12 de junio de 1985. Hasta el 1 de julio de 1985, la mayoría (12) de los 20 vocales eran nombrados por los jueces y magistrados, siendo los nombrados miembros de la carrera judicial. Desde el 1 de julio de 1985, TODOS los 20 vocales son elegidos por el poder legislativo (Congreso y Senado). No tienen por qué haber sido parte obligatoriamente de la carrera judicial, se considera también a profesionales de reconocido prestigio».
Igualmente, subrayan que «numerosos organismos europeos e internacionales como el Greco (Grupo de Estados contra la Corrupción) consideran irregular que todos los vocales del CGPJ sean nombrados por el poder Legislativo. El poder legislativo controla a los 20 vocales del CGPJ (órgano de gobierno del poder judicial) desde el 1 julio 1985, después de que España hubiera firmado el ingreso en la Unión Europea (12 junio 1985)».
A juicio de estos colectivos, «Europa ha permitido que España apruebe (después de su ingreso en Europa) una Ley que provoca un retroceso del Estado de derecho y en los derechos de los ciudadanos. Esta acción se contrapone a lo dispuesto en el artículo 2 del TUE, que aboga por el respeto a la libertad, a la democracia, a la igualdad y al Estado de Derecho, entre otros. Con dicha reforma se violan los citados principios desde 1985. Europa no puede permitir que miembros de la Unión Europea, aprueben leyes que provoquen un retroceso de la independencia judicial y vulneren el Estado de derecho. Es por ello que Europa ha suspendido temporalmente sus ayudas, por ejemplo, a Polonia y Hungría«.
Finalmente, creen que «Europa debería exigir de modo inmediato que, al menos, 12 de los 20 vocales del CGPJ sean elegidos entre jueces y magistrados. Los jueces y magistrados de España son grandes profesionales. Sin embargo, existe una cadena de mando que no garantiza la independencia judicial«.
