Los jueces urgen a Sánchez y Feijóo a renovar ya el CGPJ: «No hay lugar para ningún pacto»
Las asociaciones coinciden en la necesidad de remozar a los vocales, pero la propuesta del PSOE no contenta a todos
Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en la reunión de este miércoles. | Jesús Hellín (Europa Press)
La distancia entre los principales partidos contrasta con el consenso de las asociaciones de jueces y fiscales. Todas coinciden en la necesidad de renovar urgentemente a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato caducó hace casi cinco años. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, propuso este miércoles un acuerdo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para remozar el órgano antes del 31 de diciembre «sea quien sea el presidente». Las organizaciones profesionales han recibido la oferta de manera desigual.
«El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo hace unos meses que el proceso de renovación del CGPJ es obligatorio. No hay lugar para pacto ni negociación de ninguna clase para el momento y la forma en la que hay que hacer esa renovación. Ha de hacerse en la fórmula propuesta por la Constitución y la ley orgánica», explica Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFC), sin representantes en el Consejo.
Fernández Vaquero insiste en que tienen que ser las Cámaras que se acaban de constituir las que renueven a los vocales del CGPJ. «Con este tipo de planteamientos, ni Sánchez ni Feijóo parecen haberse dado cuenta de la gravedad del colapso institucional que se ha producido en el ámbito del sistema judicial por la falta de renovación del Consejo».
El sistema del CGPJ
El portavoz de la AJFC advierte de la necesidad de replantearse la validez del actual sistema de elección de vocales, en vigor desde 1985, tal y como «nos vienen insistiendo desde la UE». Se trata de la única fórmula válida para Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente. En su opinión, cualquier acuerdo de renovación del CGPJ que se realice antes de reformar la ley para despolitizarlo supone «un grave error».
Portillo considera que el sistema de elección actual «ha fracasado estrepitosamente» porque depender de los acuerdos políticos lo hace «inoperante». En el mismo sentido se ha manifestado María Jesús del Barco, presidenta de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), para quien es necesario cambiar el sistema. «El PP quería anteponer la modificación de la ley orgánica, pero en estos momentos me temo que no es posible que se produzca. No tiene apoyos suficientes y el PSOE no quiere reformarla».
Los jueces elegían directamente a los jueces, como apremia la Comisión Europea, hasta la reforma legal de 1985. El sistema actual rige desde entonces, tras el cambio normativo impulsado por el Gobierno del socialista Felipe González. La presidenta de la APM lamenta que «la única opción es renovarlo en estas condiciones porque la situación actual no puede mantenerse indefinidamente; las circunstancias obligan».
Del Barco asegura que «la situación es insostenible» porque, en las condiciones actuales, el CGPJ está «atado de pies y manos». Alude al colapso que sufren los órganos judiciales, especialmente el Supremo, ya que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada en marzo de 2021 limita las competencias del órgano de gobierno de los jueces para nombrar cargos mientras continúe con el mandato caducado.
Responsabilidad institucional
Edmundo Rodríguez Achutegui, vicepresidente de Juezas y Jueces para la Democracia, considera que las dificultades para formar Gobierno, y los llamamientos a recuperar «consensos constitucionales», justifican que una de las prioridades de la esta legislatura sea «acabar con la anomalía democrática que supone la interinidad del CGPJ durante casi cinco años». En su opinión, que Sánchez y Feijóo puedan alcanzar un acuerdo es «un acierto» y «un acto de responsabilidad institucional».
Los líderes de PSOE y PP estuvieron muy cerca de alcanzar un acuerdo el año pasado, pero Feijóo decidió suspender las negociaciones en octubre alegando que Sánchez tenía la intención de reformar el Código Penal para rebajar las penas por los delitos de sedición, como finalmente ocurrió. Según los populares, esa decisión suponía «debilitar el Estado de derecho», por lo que era «una incongruencia pactar el reforzamiento del Estado de derecho mientras se pacta con otros partidos para desprotegerlo».
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) considera «inasumible» que el PP se niegue a renovar a los vocales del CGPJ. «Está negativa de años, que no puede extenderse más en el tiempo, está ocasionando un daño irreparable no solo a la justicia, también al respeto que la Constitución Española merece. No es una opción que el PP mantenga el secuestro al CGPJ, debe cumplir con la obligación establecida en la Carta Magna y en la legislación vigente», afirma Inés Herreros, presidenta de la asociación.
El artículo 122 de la Constitución establece que el CGPJ está integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y otros 2o miembros por un periodo de cinco años. De estos, 12 serán jueces y magistrados que, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, son propuestos por las diferentes asociaciones. Seis son elegidos por el Congreso y otros seis por el Senado. Los ocho restantes, cuatro designados por cada Cámara, deben ser abogados y juristas con más de 15 años de ejercicio.
Cinco bajas
El CGPJ debió remozarse en diciembre de 2018, por lo que su mandato caducó hace casi cinco años. De los 21 representantes que lo conformaban inicialmente ya solo quedan 16, entre ellos el presidente interino, que ahora recae en Vicente Guilarte. En estos años se han producido cinco bajas: la de Victoria Cinto por fallecimiento, las de Rafael Mozo y Rafael Fernández Valverde por jubilación y las de Concepción Sáez y Carlos Lesmes por dimisión. Este último lo hizo el pasado octubre con el objetivo truncado de propiciar el acuerdo político.
