El PSOE acepta llamar a fiscales a la comisión Koldo y sienta un precedente para el 'lawfare'
Contra su criterio y el del fiscal general del Estado, el PSOE allana el camino a sus socios para llamar a declarar a jueces
Pedro Sánchez y Félix Bolaños.
El asunto ha pasado inadvertido entre el listado de comparecientes de la comisión del caso Koldo, pero encierra una gran trascendencia. A la sombra de nombres más lustrosos en los titulares de prensa, como José Luis Ábalos, Salvador Illa o Isabel Díaz Ayuso, se han ‘colado’ otros futuros comparecientes aparentemente irrelevantes, pero que constituyen auténticas piezas de caza mayor, no por ser quienes son ni por la trama de las mascarillas, sino porque sientan un precedente en el Parlamento de cara a las siguientes comisiones de investigación que acogerá el Congreso de los Diputados, las llamadas comisiones sobre el lawfare (guerra judicial) que el independentismo catalán denuncia desde el Estado.
El PSOE ha aceptado incluir a tres fiscales entre el listado de comparecientes de la comisión de investigación de la trama de las mascarillas: el fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón; el representante de la fiscalía europea que investiga el caso Koldo, Ignacio de Lucas; y la fiscal jefe de la fiscalía europea, Codruta Covesi.
Según ha podido saber THE OBJECTIVE, los tres nombres no figuraban inicialmente en el listado que propuso el PSOE el pasado jueves, pero sí en la propuesta consensuada que ha actualizado este martes, en la que se recogen las exigencias de sus socios de Junts, quienes solicitaron la inclusión de Ignacio de Lucas en su listado inicial. La primera diferencia llamativa es la incorporación del exministro José Luis Ábalos, a quien los socialistas evitaron incorporar en el primer documento, si bien fue exigido por ERC y Junts. Pero la que entraña mayor relevancia es la inclusión de estos tres fiscales que investigan el caso de presunto fraude en los contratos de adquisición de mascarillas durante la pandemia de la covid. Primero, porque con este llamamiento el PSOE se salta una línea roja más: que los jueces y fiscales no serán llamados a declarar a una comisión de investigación porque «lo prohibe la Constitución española». Y segundo, porque esto permite allanar el terreno para que sus socios independentistas puedan citar a jueces en las comisiones de investigación sobre los supuestos casos de lawfare, guerra judicial contra el adversario político.
Una cuestión nuclear de la legislatura en la medida en que las comisiones de investigación sobre la Operación Cataluña, los atentados de Barcelona y Cambrils el 17 de agosto de 2017 y el espionaje a dirigentes políticos independentistas con el sistema Pegasus constituyeron la moneda de cambio fundamental de Junts junto a la aprobación de la ley de amnistía y la negociación bilateral con un mediador internacional en Suiza entre PSOE y Junts. Sin embargo, la aceptación de la creación de las tres comisiones de investigación fue acotada por el Gobierno al ámbito político, negando que se pudiera llamar a jueces y fiscales. Hace unos meses, recién superada la investidura, ERC y Junts exigieron citar a declarar a jueces que, a su juicio, eran responsables de una «cacería política» contra Puigdemont, como Pablo Llarena, Manuel García Castellón o el juez Aguirre.
La línea roja de Félix Bolaños
Las reiteradas cascadas de insultos que recibieron los jueces en sede parlamentaria desde Junts, concretamente por su portavoz, Miriam Nogueras, el pasado mes de diciembre, forzó la aclaración del recién estrenado ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, quien tras una tardía y tibia defensa a los jueces, aclaró que éstos no pueden ser llamados a comparecer al Congreso porque «no pueden declarar» en las comisiones parlamentarias, «así lo dice la Constitución». Esta afirmación de Bolaños el pasado 21 de diciembre se alineó con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien compareció el mismo día en la mies comisión de Justicia del Congreso unas horas después para afirmar que «el ordenamiento jurídico impide la citación de jueces y fiscales en una comisión parlamentaria», y que esta negativa es un pilar del Estado de derecho y de la separación de poderes en nuestro país.
En puridad, la Constitución no prohibe expresamente que jueces y fiscales comparezcan en una comisión parlamentaria del Congreso. El artículo 76.2 establece que será obligatorio comparecer a requerimiento de ambas Cámaras, en base a lo establecido en el artículo 52 del reglamento del Congreso y a la Ley Orgánica 5/1984 de comparecencias ante las Comisiones de investigación de Congreso y Senado, cuyo artículo primero establece que «Las mesas de las Cámaras velarán porque ante las comisiones de Investigación queden salvaguardados el respeto a la intimidad y el honor de las personas, el secreto profesional, la cláusula de conciencia y los demás derechos constitucionales». Además, la Ley Orgánica del Poder Judicial es muy explícita al respecto en su artículo 399: «Las autoridades civiles y militares se abstendrán de intimar a los jueces y magistrados y de citarlos para que comparezcan a su presencia»; su artículo 396: «Los Jueces y Magistrados no podrán revelar los hechos o noticias referentes a personas físicas o jurídicas de los que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones”; y su artículo 417, que establece una sanción a jueces y magistrados por «la revelación por el juez o magistrado de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de éste, cuando se cause algún perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier persona».
«Poner al poder judicial a los pies de los caballos»
Esta es una legislación que esgrimió el propio Bolaños en el penúltimo Consejo de Ministros del año 2023 para zanjar el debate sobre la imposibilidad de cumplir con las exigencias de Junts porque «de este marco legal y constitucional se deriva que las comisiones no pueden ni revisar resoluciones judiciales ni vincular a los tribunales. Los jueces y magistrados no tienen obligación de asistir a comisiones de investigación». Y añadió que «no tendría utilidad».
Cuatro meses después, el Gobierno ha vuelto a borrar una línea roja más que se suma a una larga lista. Aunque ésta es especialmente relevante, porque no empieza y termina con una cesión, sino que sienta un precedente que abre la puerta a otras concesiones parlamentarias. A juicio de la oposición, «Bolaños traspasa una línea de manera sibilina pero peligrosa. Pretenden poner a los pies de los caballos al poder judicial». Un «sometimiento más», una «imposición de sus socios» y un solo responsable de enmendar nuevamente la palabra dada. El mismo Gobierno que hace un mes aireaba las conclusiones de la Comisión de Venecia, que entre sus conclusiones, recomendó «no convocar, ni siquiera de invitar, a los jueces» porque supondría «una interferencia en la administración de justicia» y una vulneración de la separación de poderes.
