El PSOE se plantea mantener la citación de los fiscales ante la dificultad para dar marcha atrás
Los socios parlamentarios del Gobierno temen que se pospongan las comparecencias indefinidamente y las «dejen morir»
El ministro de Justicia, Félix Bolaños. | Ilustración de Alejandra Svriz
El PSOE se ha metido un gol en propia puerta. El lío generado por el pacto con sus socios por la inclusión de tres fiscales en la relación de comparecientes del caso Koldo y la posterior intervención del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le ha forzado a buscar fórmulas para deshacer el entuerto. No es fácil porque un nuevo listado requiere de una repetición de la votación en la que no contarían con el apoyo de Junts ni de Bildu, que exigieron citarles anticipándose a la batalla del lawfare. Los socialistas se plantean ahora mantener la citación de los tres fiscales para hacer «una reflexión general» en materia de corrupción sin vulnerar la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La repetición de la votación es una manera de sortear la citación, pero en estos momentos no cuenta con garantías de salir adelante, según ha podido confirmar THE OBJECTIVE. Los socios parlamentarios del PSOE están molestos por su repentino cambio de opinión. Intuyen que los socialistas se valdrán de su mayoría en la mesa de la comisión (gracias a Sumar, que no pondrá obstáculos a la maniobra) para postergar sine die las citaciones y dejarlas morir.
La comparencia de fiscales no partió del PSOE, que no las incluyó en su listado inicial de 84 peticiones. Tras negociar con sus habituales aliados parlamentarios, acordaron una lista en la que aparecían. El Congreso aprobó el martes la relación definitiva con 134 comparecientes en la que se encuentran Codruta Covesi, jefa de la fiscalía europea; Ignacio de Lucas, fiscal europeo que investiga el caso Koldo (propuesto por Junts); y Alejandro Luzón, fiscal Anticorrupción (solicitado por Bildu).
Enfado con el PSOE
La decisión levantó ampollas en el Ministerio Público. El fiscal general del Estado solicitó por carta al presidente de la comisión que reconsiderara la decisión porque podría perturbar el trabajo de los fiscales y «constituir un inconveniente» para la tramitación de las investigaciones en marcha. Otro de los que alzó la voz fue el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que contradijo la posición de su partido. El PSOE anunció entonces que no les citaría, aunque no precisó la fórmula.
El giro ha soliviantado a los socios parlamentarios de Pedro Sánchez. Bildu y Junts rechazan volver a votar el listado. De hacerlo, mantendrían su voto inicial, lo que dificultaría recabar apoyos para derrotar a las derechas. La formación vasca pidió la presencia de Luzón para que ofreciera una visión general de los problemas que encuentran los fiscales a la hora de investigar casos de corrupción. Junts propuso a De Lucas convencido de que podía desentrañar algunos elementos claves.
El riesgo de distanciamiento que pesa entre los socios parlamentarios ha llevado al PSOE a sopesar una solución intermedia. Según las fuentes consultadas por este diario, los socialistas se están replanteando el escenario. Consideran que se puede mantener la comparecencia de los tres fiscales siempre y cuando no se les pregunte expresamente sobre una investigación concreta en la que se hallen inmersos.
«Se puede aprovechar su conocimiento y experiencia contra la corrupción», alegan estas fuentes. Recuerdan que el objetivo de esta comisión de investigación es extraer aprendizajes para evitar abusos y corruptelas en el futuro. Los socialistas han rechazado en los últimos meses la posibilidad de que los jueces acudieran a las comisiones de investigación, como defendían Junts y Bildu, aunque no han sido tan vehemente con los fiscales.
Nueva votación
Sus habituales socios parlamentarios se plantan: no van a cambiar de opinión y seguirán apoyando la citación de los fiscales. «Si quieren retirar las comparecencias tendremos que volver a hablar y votar, pero no tienen mayoría absoluta para hacerlo», insisten conscientes de que su apoyo es clave para derrotar a PP y Vox. La pelota ahora está en el tejado del presidente de la comisión, el socialista valenciano, Alejandro Soler, que recibirá directrices del Gobierno, donde hay debate al respecto.
La posición de Bolaños sigue la estela marcada por el fiscal general del Estado, que se basa en la legislación del Poder Judicial. La ley orgánica es muy explícita. En su artículo 399 subraya que «las autoridades civiles y militares se abstendrán de intimar a los jueces y magistrados y de citarlos para que comparezcan a su presencia». En el artículo 396 señala que «los jueces y magistrados no podrán revelar los hechos o noticias referentes a personas físicas o jurídicas de los que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones».
No queda ahí la cosa. El artículo 417 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece una sanción a jueces y magistrados por «la revelación por el juez o magistrado de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de éste, cuando se cause algún perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier persona». Los aliados parlamentarios del PSOE están indignados con su repentino cambio, que se produjo en menos de 24 horas de aceptar las comparencias.
Los socialistas, relatan las fuentes parlamentarias consultadas, llegaron a argumentar a sus socios que era necesario eliminar las comparencias de los fiscales porque no existían precedentes al respecto. Sin embargo, la realidad es que en el pasado se han llamado tanto a fiscales como jueces, como demuestran los casos de Eduardo Fungairiño y Baltasar Garzón, que comparecieron en la comisión de investigación de los atentados del 11-M en julio de 2004.
Los aliados de los socialistas aluden a otro precedente, una sentencia del Tribunal Constitucional en 2005 que avaló la comparecencia de fiscales en las comisiones parlamentarias tras un recurso del PSOE. Los magistrados de la corte de garantías declararon entonces que se había vulnerado el derecho de sus diputados, que cuatro años antes habían citado al fiscal Anticorrupción para que informara de las medidas necesarias contra el blanqueo de capitales. La Mesa del Congreso, con mayoría absoluta del PP, inadmitió la solicitud.
