Felipe VI incluye un único acto en su agenda del lunes ante una posible dimisión de Sánchez

Felipe VI mantiene su actividad oficial el próximo lunes con un único acto a las 10:00 horas, según la agenda semanal que este viernes ha hecho público La Zarzuela. Existía la posibilidad de que el jefe del Estado despejase su agenda ese día ante una posible dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una situación que solo tiene el precedente de Adolfo Suárez en enero de 1981 y que abriría por segunda vez en democracia todo el procedimiento previsto en el artículo 99 de la Constitución para elegir a un nuevo jefe del Ejecutivo.

Sin embargo, el monarca mantiene su visita al centro de excelencia contra artefactos explosivos ubicado en la base militar de Hoyo de Manzanares (Madrid). El Ministerio de Defensa ya avisó hace unos días, antes de la decisión de Sánchez, a los medios de comunicación de esta actividad pública del Rey.

Felipe VI no ha modificado ningún acto o audiencia de esta semana en curso desde que Sánchez anunció el miércoles que cancelaba su agenda pública y se iba a tomar «unos días de reflexión» tras la apertura de unas diligencias judiciales en un juzgado madrileño que afecta a su mujer, Begoña Gómez. El presidente del Gobierno informó al Rey unos minutos antes de publicar en sus redes sociales su «carta a la ciudadanía» en la que argumentaba sus razones para tomar dicha decisión.

Con el paso de los días, la opción de la dimisión de Sánchez cobra más fuerza. El hecho de que el PSOE haya aplazado al próximo martes la Comisión Federal en la que se tiene que aprobar la lista de las elecciones del 9-J apunta a una posible salida europea para el líder socialista si firma su renuncia.

En ese caso, se activa el mencionado artículo 99 de la Carta Magna. Felipe VI tendrá que celebrar una ronda de consultas con los representantes de los grupos políticos de las Cortes Generales y proponer un candidato que se someta a una sesión de investidura. La mayoría que sustenta al actual Ejecutivo de coalición debería, por tanto, consensuar un nombre para suceder a Sánchez. No se exige que dicha persona tenga la condición de diputado, como en las mociones de censura, por lo que el abanico de candidatos se amplía.

Si la investidura fuese fallida, entonces se abriría un período de dos meses en los que el Rey podría intentar de nuevo una ronda de consultas para comprobar si hay un candidato alternativo. Pasado ese tiempo, el jefe del Estado decretaría la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones anticipadas.

Lo que no puede Sánchez es anticipar comicios en estos momentos. El artículo 115.3 de la Constitución señala que «no procederá nueva disolución» del Congreso y el Senado «antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 99, apartado 5», que es cuando un candidato no logra ser elegido al inicio de la legislatura y vencen los dos meses de plazo.

Sánchez anunció el 29 de mayo del año pasado la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria anticipada de elecciones para el 23 de julio tras el fuerte revés sufrido por el PSOE en las autonómicas y municipales de aquel día, por lo que hasta finales de mayo no podría apretar el botón del adelanto electoral.

Otra opción que permite la Carta Magna es la cuestión de confianza. El artículo 112 señala que «el Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados». Es decir, no se requiere la mayoría absoluta que sí es necesaria en las mociones de censura, sino conseguir más síes que noes.

El reglamento de la Cámara baja establece cómo será el procedimiento de la cuestión de confianza. Primero tiene que haber una deliberación en el Consejo de Ministros, seguido de un escrito motivo del Gobierno que se presentaría a la Mesa del Congreso. Si el presidente del Gobierno perdiese la votación, entonces debería presentar su dimisión al monarca, quien abriría la ronda de consultas para proponer a un candidato a la investidura.