Díaz reprocha al PSOE falta de transparencia, pero mantiene oculto el gasto de sus viajes

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha reprochado a lo largo de los últimos días la «opacidad» del PSOE sobre el acuerdo de 1.130 millones en Defensa para armas a Ucrania. El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, dijo que en abril su partido manifestó su disconformidad con la aprobación de este desembolso. Sostuvo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra Margarita Robles habían faltado a la transparencia. Íñigo Errejón dijo que Sumar había pedido por escrito dos veces aclaraciones al respecto, y que nunca tuvo respuesta. Díaz exige más transparencia a su socio de Gobierno, aunque su departamento lleva ya sendas amonestaciones por no detallar el gasto de sus viajes. Bajo la lupa de Transparencia se encuentran viajes a Argentina, Brasil, Bruselas, Vaticano y Uruguay, entre otros.

Sumar convirtió la aprobación de los 1.130 millones para Ucrania en un choque en el Gobierno al argumentar que el PSOE había sido opaco ante sus socios. Según las fuentes consultadas, los ministros que dependen de Yolanda Díaz manifestaron en al menos dos ocasiones sus dudas ante la finalidad de dicho desembolso. Sumar asume que el PSOE controla la competencia en Defensa, pero cree que Sánchez debería detallar los términos del acuerdo con Kiev y en qué medida la entrega del material militar puede servir para fomentar la paz en la región.

Sumar cree que el PSOE actúa sin contar con su socio, a quien está de facto ignorando. Este no es el único elemento que ha despertado la irritación de los de Díaz. La ley sobre prostitución y la del suelo también se abordaron, según Sumar, sin contar con la opinión del socio de gobierno. Y el resultado ha sido que Sumar ha votado en contra del primer proyecto y amenazó con tumbar el segundo (finalmente no se presentó en el Congreso). Los reproches de Sumar llegan en un momento muy delicado de la campaña europea, donde Díaz teme que el PSOE busque fagocitar su espacio político.

Viaje a Brasil

De ahí que Sumar haya reprochado a los socialistas (e indirectamente al propio Sánchez) no haber sido transparente con ellos y la ciudadanía. Pero ese ataque ignora que el gabinete de la vicepresidenta mantiene secretos el gasto de muchos de sus viajes oficiales realizados a lo largo de los últimos años. Las peticiones públicas presentadas por Transparencia para que Díaz explique cuanto costaron sus traslados, y los detalles de dietas, alojamientos y transporte, suelen chocar con la negativa del equipo de la política gallega, que se agarra al argumento de que todavía no han sido tramitados o ejecutados para revelarlos, aunque se trate de viajes realizados hace muchos meses.

Este diario publicó, por ejemplo, en el pasado mes de abril que Transparencia ha cuestionado ya ocho veces el silencio de Díaz sobre sus viajes. En enero del año pasado, Díaz viajó a Brasil para acudir a la investidura de Lula da Silva en el marco de una gira por América Latina que sirvió para lanzar su candidatura a las generales, con estancias en México y Argentina. 16 meses después del viaje a Brasil, Díaz informó de un gasto de 11.000 euros, pero sin detallar los conceptos del mismo.

En otros viajes, como el de Bruselas para citarse con Carles Puigdemont (septiembre de 2023) o los en el Vaticano para reunirse con el Papa Francisco (diciembre de 2021 y febrero de 2024), todavía se desconoce el importe del viaje de la ministra y las partidas concretas del mismo. El Consejo de Transparencia reprochó a Díaz no enviar los expedientes solicitados e instó a su ministerio a que reclamase la información a los departamentos correspondientes si carecía de la información detallada: «Este proceder dificulta considerablemente el cumplimiento de la función encomendada a esta autoridad administrativa independiente», señaló el organismo.

Amonestaciones

Varios medios han recogido a lo largo de los últimos meses las «amonestaciones» reiteradas por parte del Consejo de Transparencia para que Díaz responda debidamente a las preguntas formuladas por privados ciudadanos en su portal, todas vinculadas a los gastos, medios de transportes, alojamientos y acompañantes de la ministra en sus viajes. En el pasado mes de noviembre, por ejemplo, el diario El Confidencial publicó que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno había instado a Trabajo a «publicar los gastos de los altos cargos del departamento en los viajes realizados a destinos como Brasil, Argentina o Uruguay, entre otros». El diario recogía cuatro resoluciones en contra de la negativa del Ministerio de Trabajo a desvelar los gastos en viajes de la vicepresidenta.

Dos meses antes, La Razón informó que el órgano independiente que vela por la transparencia de la Administración pedía a Díaz explicar «la motivación y a identificar a las personas que acompañaron a Yolanda Díaz en su viaje pagado con dinero público a Uruguay y Argentina». Este diario reveló que tras recibir dos peticiones por parte de una misma ciudadana sobre el traslado a Uruguay y Argentina, el equipo de Díaz, en un principio, evitó contestar, y después se limitó a explicar que el traslado había durado seis días, del 9 al 14 de diciembre de 2022. En la respuesta del Ministerio, que se repitió en sendas peticiones, el departamento de Díaz sostuvo que no revelaba el coste total del viaje porque la información «aún está en proceso de elaboración y publicación».

La falta de transparencia del ministerio de Díaz choca, por otro lado, con los datos que en su día remitió el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Este diario accedió a esos datos en abril de 2022, cuando Igualdad transmitió que el gasto público para el traslado de Montero y su equipo ascendió a 8.000 euros para un fin de semana en el que se trasladó a Santiago de Chile para acudir a la investidura de Gabriel Boric, tal y como desveló THE OBJECTIVE.

Montero desglosó también las partidas presupuestarias correspondientes, e informó que para el «alojamiento» de la ministra y sus afines el desembolso fue de 3.922 euros, mientras que para el «transporte» la cifra alcanzó los 4.258 euros. La candidata de Podemos a las europeas también informó, de acuerdo a otras peticiones en Transparencia, que se gastó 9.000 euros para ir a Estados Unidos, de los que 3.700 fueron por los servicios de traducción y otros 4.400 para hoteles, como publicó este diario.