Sánchez quiere que el Congreso elija al presidente del Supremo en lugar del CGPJ
El Gobierno no desiste de rebajar las mayorías para renovar el Consejo General del Poder Judicial
Pedro Sánchez este miércoles en el Congreso de los Diputados. | Agencias
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cree que «la Justicia está secuestrada y en manos del PP». Y para acabar con ello, el Gobierno pretende anunciar dos paquetes de medidas de regeneración democrática. El primero de ellos busca precisamente paliar la «politización» de la Justicia, que hasta hoy se calificaba de «secuestro» sólo en la esfera privada. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, la intención del jefe del Ejecutivo es actuar en dos planes: de un lado en las competencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cambiando sus atribuciones y arrebatándole su facultad de hacer nombramientos en los órganos de Justicia; del otro, una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para cambiar el sistema de elección de sus vocales. Las fuentes gubernamentales consultadas desvelan que los socios de la coalición, PSOE y Sumar, llevan trabajando en ello desde hace meses y la fórmula «está muy avanzada». Una de las principales medidas es que sea el Paramento quien elija al presidente del Tribunal Supremo, arrebatándole esa competencia al órgano de gobierno de los jueces, que también dejaría de nombrar a los presidentes de los tribunales superiores de Justicia.
Tras anunciar en el Congreso que presentará sendos paquetes de medidas antes del verano, Pedro Sánchez amplió en una entrevista en TVE su voluntad de «revisar la facultad de hacer nombramientos» y «hacerla más objetiva, transparente y no politizada». Al poner el foco en los nombramientos, dio la impresión errónea de que desistía de la rebaja en las mayorías parlamentarias requeridas para elegir a los vocales del Consejo: «Nos centramos mucho en las mayorías, pero realmente el problema, el incentivo perverso para bloquear el CGPJ es la potestad de nombrar para controlar al poder judicial por la puerta de atrás», señaló recordando la frase del exportavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó. «Este es un debate que tenemos que abrir. Viendo lo que pasa en otras partes de Europa, lo que sí podríamos es revisar esa facultad».
Sin embargo, y pese a lo que pudiera deducirse de sus palabras, el presidente no ha desistido de su empeño en cambiar el sistema de elección y reducir el número apoyos necesarios para renovar al CGPJ para que no sea necesario el PP. Más bien al contrario. De hecho, este es el gran punto de «entendimiento» de la negociación que se viene produciendo entre PSOE y Sumar de manera discreta desde hace «casi un año», según las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE en las dos alas de la coalición. Si el cambio en las atribuciones del Consejo surge a propuesta del PSOE, el cambio en las mayorías exigidas para los vocales para que pase de una mayoría reforzada de tres quintos (210 votos), a una mayoría absoluta (176), e incluso, mayoría simple, como adelantó este periódico, es percibida como una victoria de Sumar dentro de la coalición. «Es nuestro gran logro», confiesan miembros del socio minoritario del Gobierno sobre el sistema «escalonado» que avanzó este periódico para elegir a los vocales del CGPJ.
Un «gran logro» de Sumar
Desde Sumar, presumen de haber «convencido» al PSOE para implementar un sistema gradual de mayorías, por plazos y fases, que «nos permita evitar que el órgano vuelva a ser secuestrado por la política. Este es el principal objetivo». Un asunto que ha evitado admitir el presidente del Gobierno, centrándose en los cambios en las atribuciones del Consejo con las que Sumar no muestra demasiado entusiasmo, pero «no nos oponemos». Sí advierten de que si bien «es mejor que el Congreso elija a los jueces que las asociaciones», hay que «mirar con lupa» la letra pequeña para no incurrir en excesos que pudieran dar al traste con la reforma judicial. El socio minoritario atribuye al ministro de Justicia y negociador de este paquete de medidas, Félix Bolaños, el orden de los factores a la hora de anunciar las iniciativas concretas, a modo de «aviso a los jueces» que están anunciando el inicio de la ofensiva judicial contra la aplicación de la ley de amnistía.
Desde Moncloa, la órbita socialista apuntala esta idea al rebajar la importancia del ultimátum al PP. El Gobierno no percibe que haya posibilidades de alcanzar un acuerdo en los 15 días que restan hasta que expire el plazo dado por el presidente Sánchez. «Feijóo no se va a atrever porque Ayuso no le va a dejar», auguran, alimentando las supuestas tensiones sobre el liderazgo del líder del PP. Un terreno yermo, el de la negociación con los populares bajo la mediación de las instituciones comunitarias, que explica por qué el presidente Sánchez ha priorizado los nombramientos sobre las mayorías parlamentarias, con el argumento del «derecho comparado». Sánchez manda también un mensaje a Europa, donde esperan comprensión sobre la reforma de la Justicia, con rebaja de mayorías incluidas, que ya tumbó la Comisión Europea en 2021, obligando al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, a retirar la reforma ‘dura’ de la Justicia.
Moncloa no teme a Bruselas
Según Moncloa, el contexto ha cambiado. Primero, porque existe un vacío de poder en Bruselas hasta el otoño de 2024, cuando se nombre al nuevo Ejecutivo comunitario; segundo, porque es precisamente Pedro Sánchez uno de los negociadores de ese gobierno europeo, junto al alemán, Olaf Scholz, y dan por hecho que no habrá un apercibimiento por parte de la Comisión Europea; y tercero, porque «el PP se ha pasado demasiado de la raya» al bloquear la renovación del órgano y ello, entiende la órbita socialista del Ejecutivo, va a provocar que la Comisión permita una rebaja de mayorías que se hace de forma gradual, en base a unos plazos, con la excusa de evitar el «secuestro del órgano», y poniendo el foco en el Parlamento.
La reforma se completa con otras iniciativas que pretenden «romper el carácter endogámico de la justicia», que van desde un sistema para el acceso a la carrera judicial, hasta el refuerzo del sistema de becas, para financiar a los estudiantes que opten a una oposición de la administración de Justicia, o eliminar la reforma que realizó el gobierno popular de Mariano Rajoy para quitar la responsabilidad civil a los jueces. Medidas que se debatieron hace unas semanas en la última reunión de coordinación entre PSOE y Sumar en el Congreso de los Diputados y que todavía están «en fase de estudio», hasta que se anuncien públicamente a finales del mes de julio.
