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El Gobierno lleva a la Fiscalía al presidente del Parlamento balear por presunto delito de odio

El presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne, de Vox, rompió una fotografía de una víctima republicana

El Gobierno lleva a la Fiscalía al presidente del Parlamento balear por presunto delito de odio

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres | Alejandro Martínez Vélez (Europa Press)

El Gobierno va a trasladar a la Fiscalía la actuación del presidente del Parlamento balear, Gabriel Le Senne, de Vox, que rompió una fotografía de una víctima de la Guerra Civil, para que determine si hay delito en el acto. Le Senne se ha disculpado ante los portavoces de los partidos por sus actos, pero no ha dimitido de su cargo.

Así lo ha anunciado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, este jueves. «Desde el Ministerio se va a trasladar al Ministerio Fiscal los acontecimientos por si los mismos pudieran ser constitutivos de un delito penal de odio o de cualquier otra tipificación del orden penal», ha declarado a los medios a su llegada a la Comisión Constitucional del Senado, en la que estaba citado a comparecer para dar cuenta de la actuación de su ministerio en memoria democrática, según recoge EFE.

Torres ha explicado que han tomado esta decisión después de que los servicios jurídicos de su ministerio analizaran la actuación de Le Senne en el pleno del Parlamento balear del martes pasado, en el que llamó al orden y expulsó a dos diputadas socialistas de la Mesa por exhibir fotos de republicanas asesinadas en la Guerra Civil y acabó rompiendo la imagen de la costurera sindicalista Aurora Picornell.

Más allá del traslado de estos hechos a la Fiscalía, el ministro ha dicho que van a analizar si hay posibilidad de aplicar al presidente del Parlamento balear, de Vox, alguna sanción prevista en la Ley de Memoria Democrática por vulnerar a víctimas del franquismo. Y ha señalado que el grupo parlamentario socialista en el Parlamento balear podría solicitar por su cuenta a la Mesa que el presidente sea sancionado y, si no se responde a su petición, llegar incluso al Tribunal Constitucional.

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