El Gobierno constituirá la comisión que sacará a los monjes del Valle de los Caídos el dos de julio
El político también ha anunciado a una familia la identificación de los restos de una víctima de Borja (Aragón)
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. | Europa Press
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres ha anunciado este jueves que la comisión interministerial que ordenará la salida del Valle de los Caídos de la congregación de monjes benedictinos quedará constituida el próximo dos de julio.
En una comparecencia en el Senado, donde acude a petición propia para explicar las líneas de actuación de su departamento, Torres también ha desvelado que este mismo jueves ha comunicado a los familiares la identificación de los restos de una víctima en Cuelgamuros, del municipio de Borja, «la primera víctima de Aragón que ha sido identificada» en este lugar, ha subrayado.
«La emoción del familiar, que es nieto y curiosamente alcalde de un municipio y no de mi formación política, la emoción ha sido indescriptible», ha señalado el ministro.
Dice además que se han localizado restos de la mencionada localidad y de otras como Villanueva de Gállego y Biota, y se han trasladado 70 muestras al Instituto Nacional de Tóxicología y Ciencia Forense para su identificación genética.
Los benedictinos deben irse
Torres ha reiterado su intención de que los benedictinos abandonen Cuelgamuros porque así lo mandata la ley de Memoria Democrática, según sostiene. «No pueden estar en ese emplazamiento y así lo haremos», ha subrayado durante su comparecencia señalando que la identificación del Estado con una determinada confesión religiosa «ha quedado superada».
Señala incluso que la posición de la Iglesia Católica respecto al Estado y a la sociedad «se verá reforzada» con la «cooperación» para reubicar a los monjes benedictinos. Así, ha apuntado que la comisión interministerial que el Consejo de Ministros acordó crear el pasado 11 de junio para impulsar y coordinar las medidas de reubicación de los monjes y las medidas para transformar el Valle quedará constituida en menos de dos semanas, concretamente el próximo 2 de julio, según ha indicado.
Torres advierte de que pelearán en todas las instancias judiciales ante los intentos de paralizar las exhumaciones en Cuelgamuros, una operación que se lleva a cabo con pleno respeto al lugar donde se desarrolla y por tanto considera que nadie que tenga un familiar enterrado «en cualquier otro punto de la cripta» puede reclamar que se paralice una exhumación en otro lugar «que no le atañe», sostiene.
Con estos trabajos de exhumación e identificación Torres considera que el Gobierno avanza «en cerrar heridas aún abiertos y duelos no realizados».
Defiende la visita de Sánchez al laboratorio
En esta misma línea, Torres ha defendido la visita realizada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado mes de abril en el que visitó el laboratorio forense donde se analizan los restos de víctimas y considera que se ha «trivializado».
Dice que las víctimas del bando vencedor están perfectamente sepultadas en las criptas «con cajas identificadas con nombres individuales», mientras que las del bando perdedor están enterradas «en una amalgama de huesos apilados sin más, hasta 12 personas en la misma caja, y sin nombre» y además, denuncia, han sido llevadas a las criptas sin conocimiento de sus familiares «que han pasado décadas honrándolos en lugares, fosas, en los que no están», lamenta.
Considera por tanto que ante esa situación «no cabe trivialización alguna» y tampoco cabe permanecer «impasibles» ante lo que considera una «falsa imagen de lugar de descanso y de paz» que se presentó durante décadas a los españoles, según afea Torres. «Es en realidad una ignonimia en sí misma, un oprobio nacional», sostiene y considera que el trabajo que se está realizando por parte del equipo forense es «encomiable».
La visita de Sánchez fue criticada por la oposición y el líder de Vox, Santiago Abascal habló incluso de «necrofilia» que se utilizaba para «tapar la corrupción» del Gobierno, en alusión al llamado ‘caso Koldo’ a los acuerdos con las formaciones independentistas.
