Le Senne a Sánchez: «Ninguna amenaza va a tapar su presunta corrupción y la de su familia»
El Gobierno lleva a la Fiscalía al presidente del Parlamento balear por presunto delito de odio
El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne. | Ep
El presidente del Parlamento Balear, Gabriel Le Senne (Vox) ha respondido al Gobierno tras las últimas informaciones que se han vertido sobre su persona, que indicaban que Moncloa pretende llevar a la Fiscalía su actuación al romper una fotografía de una víctima de la Guerra Civil. «Ninguna amenaza ni chantaje del Gobierno de España va a conseguir tapar» la presunta «corrupción de su Gobierno y de la familia del presidente Pedro Sánchez» asegura Le Senne en un comunicado al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
Según aseguran desde Moncloa, la Fiscalía tendría que determinar si hay delito en el acto del diputado balear. Aunque Le Senne ya se ha disculpado ante los portavoces de los partidos, ha querido dejar claro como sucedieron los hechos el pasado 18 de junio, durante la sesión plenaria en el Parlamento de las Islas Baleares. «Las diputadas socialistas Garrido y Costa exhibieron carteles claramente partidistas en la Mesa de la Cámara, contradiciendo así la neutralidad requerida. En privado y de manera reiterada, el presidente intentó convencer a Garrido de que retirara los carteles para mantener la neutralidad de la Mesa. A pesar de que la socialista aseguró que lo harían tras la intervención de un diputado, no lo hizo«, indican desde el partido.
«Las quejas de numerosos diputados de distintos grupos por la falta de respeto a la Cámara y a la Mesa siguieron en aumento. Ante esta situación, y según el deber de neutralidad e imparcialidad, que de acuerdo con los letrados de la Cámara debe mantener la Mesa, el presidente informó en privado a la vicepresidenta segunda de la Mesa que si no retiraban voluntariamente los carteles, las llamaría al orden y las expulsaría. La respuesta de la señora Garrido, ‘expúlsanos’, junto con su actitud desafiante, llevó al presidente a proceder con la expulsión tras llamarlas tres veces al orden, de acuerdo al artículo 119.2 del Reglamento de la Cámara, que faculta al presidente para adoptar las medidas pertinentes para hacer efectiva la expulsión de un diputado sancionado», dice el comunicado.
Desde Vox aseguran que «las exageraciones y relatos incompletos, unidos a la campaña de acoso, insultos y amenazas al presidente del Parlamento de las Islas Baleares» suponen «un atentado contra la democracia, la neutralidad e imparcialidad institucional y contra el Estado de derecho». Ha sido el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien ha asegurado este jueves la decisión del Gobierno de «trasladar al ministerio Fiscal los acontecimientos por si los mismo pudieran ser constitutivos de un delito penal de odio o de cualquier otra tipificación del orden penal».
«Ninguna amenaza ni chantaje del Gobierno de España va a conseguir tapar la presunta corrupción de su Gobierno y de la familia del presidente Pedro Sánchez«, responden a las acusaciones por parte del Ejecutivo. «Desde la Presidencia del Parlamento de las Islas Baleares, reiteramos nuestro compromiso con la democracia, el orden constitucional y la libertad de todos los españoles. Seguiremos trabajando con contundencia y convicción para que los intereses de los españoles se vean representados en orden y libertad, sin presiones ni chantajes», finaliza así el comunicado al que ha tenido acceso este periódico.
