El Gobierno reduce un 66% la Alta Inspección de Educación en Cataluña en 2024
Cataluña y País Vasco solo tienen una persona en esta área desde enero de 2024
Varias personas con una pancarta en la que se lee: 'L'escola en català', durante una manifestación contra el establecimiento de un 25% de castellano en las escuelas catalanas, frente a la escuela Turó del Drac, a 10 de diciembre de 2021, en Canet de Mar, Barcelona, Catalunya (España). Esta protesta clama contra la sentencia del TSJC que establece que un 25% de las clases en las escuelas catalanas debe impartirse en castellano. Ha sido convocada por entidades independentistas después de que una familia lograse que su hijo recibiese ese porcentaje de clases en castellano. | Europa Press
La Delegación del Gobierno en Cataluña solo cuenta con una persona que trabaja en la Alta Inspección de Educación este 2024. Según una resolución de Transparencia, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, en enero de este año se ha reducido el personal en esta área un 66% respecto a 2023, cuando figuraban tres trabajadores. Esta reducción se da en un momento muy crítico en el que la región se mantiene a la cola de España en comprensión lectora y con caídas sostenidas en competencias en matemáticas, según varios informes como el PIRLS o PISA. Además, se ha acentuado el malestar de las entidades de padres a favor del bilingüismo por el hecho de que el Ejecutivo catalán mantenga el modelo de inmersión lingüística en catalán, un sistema del que también responsabilizan del elevado grado de fracaso escolar entre castellanohablantes.
Se trata de una situación inédita, puesto que desde 2015 esta área contaba, año tras año, con un número similar al del resto de autonomías, con dos o tres trabajadores. THE OBJECTIVE ha preguntado al Ministerio de Educación a qué se debe este recorte, pero no ha obtenido respuesta. El desinterés del Ejecutivo con todo lo relativo a la educación en Cataluña no es nuevo, también eludió impugnar las dos leyes del catalán que promulgó el Govern en 2022 con el fin de no aplicar, de forma generalizada, el 25% de horas lectivas en castellano.
Inacción del Gobierno
El Govern promulgó un decreto ley 6/22 y la Ley del catalán 8/22 que declaraban abiertamente que la única lengua vehicular en las escuelas era el catalán. Con esta nueva legislación, el objetivo del Govern era que la justicia declarase inaplicable la sentencia de la Justicia catalana del 25% de castellano. Con todo, la Generalitat se negó a ejecutar la sentencia y el Gobierno de Pedro Sánchez no solicitó la ejecución forzosa al no impugnarla ante el Tribunal Constitucional.
En la actualidad, las escuelas con medidas cautelares y sentencias en firme imparten esta cuota de castellano de forma obligatoria, pero no el conjunto de colegios. Es decir, en la práctica no se ha puesto fin al modelo de inmersión en catalán. La Ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria, que los independentistas aprobaron con el apoyo de PSC y Comunes, logró el visto bueno del Consejo de Garantías Estatutarias de que no vulneraba la Constitución.
Según el máximo órgano consultivo del Parlament, el apartado 2 del artículo 1 de la ley, que omite al castellano como lengua vehicular y se pasa a llamar «curricular», no vulnera los artículos 3 de la Constitución (relativo a que el castellano es la lengua oficial en toda España) ni el referente a la libertad de enseñanza de la Constitución (artículo 27). Si bien es cierto que esa norma tampoco ha servido para blindar el catalán en aquellos centros con sentencias sobre el 25%, ha dado oxígeno al Govern para no tener que cambiar su modelo de forma general.
Fracaso escolar
Sin embargo, las entidades de padres a favor del bilingüismo creen que es una forma de eludir que se pueda estudiar en castellano en las escuelas públicas de la región. Y consideran que este modelo es responsable en gran parte del elevado fracaso escolar entre alumnos que tienen el castellano como lengua materna.
Las asociaciones de padres que reclaman que se garanticen sus derechos lingüísticos y que sus hijos puedan estudiar también en castellano en todo el territorio nacional hace años que denuncian la «inacción del Gobierno» para velar por el cumplimiento de la legalidad. Una de sus demandas es potenciar la Alta Inspección del Estado para supervisar que se cumple el 25% de horas lectivas en castellano y asegurarse que hay unos requisitos y criterios mínimos educativos en toda España que deben ser homologables en las 17 comunidades autónomas.
Una de sus reclamaciones, que ahora empieza a formar parte de la agenda política, es la de lograr una «Selectividad única» para evaluar el nivel de los alumnos en todas las regiones. Hoy por hoy, cada Consejería de Educación elabora sus propias pruebas de la EBAU y eso hace que sean muy dispares entre sí. En el caso de Cataluña se lleva años denunciado que el examen de Lengua y Literatura Castellana es mucho más fácil que el de otras comunidades precisamente para que los alumnos obtengan buenas calificaciones en esta materia y evitar un debate sobre si finalizan su escolarización con buenas competencias en esta lengua.
En paralelo al tema lingüístico, este 2024 también se ha creado una nueva plataforma para luchar contra el desplome educativo en Cataluña. Centenares de padres se han unido tras los malos resultados del informe PISA y piden emular el sistema de Francia o Finlandia y dejar a un lado la «innovación educativa», tan recurrente en la región. Por su parte, el Govern achacó en un primer momento las malas calificaciones a la pandemia de la covid-19 y a una «sobrerrepresentación» de alumnos inmigrantes. Un argumento que posteriormente matizó debido a la reacción en contra que suscitó.
País Vasco y Cataluña
De acuerdo con los datos ofrecidos por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, el número de personas que trabajaban en la Alta Inspección de Educación de cada una de las Delegaciones del Gobierno, a 1 de enero de cada año, desde 2015 a 2024, ambos incluidos, son las que se indican en el siguiente cuadro:
Como se puede observar, en 2015 la Delegación del Gobierno en Cataluña contaba con tres personas; dos personas en 2016 y 2017; tres en 2018, dos en 2019; tres en 2020; dos en 2021; tres en 2022; tres en 2023 y una en 2024. Es decir, en todo el histórico desde 2015, el año con menos trabajadores en esta área es este año 2024. Junto a Cataluña, País Vasco es la otra región con un solo encargado en la Alta Inspección de Educación: en 2015 tenía dos y ahora solo tiene una.
En el caso de las Delegaciones del Gobierno en Ceuta y en Melilla, no existe Alta Inspección Educativa. En dichos territorios, explican desde el Ministerio, «las competencias educativas las mantiene el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, a través de las correspondientes Direcciones Provinciales de Educación».
La Alta Inspección de Educación se creó en 1985, bajo el impulso de la descentralización del Estado, y para garantizar el cumplimiento de las facultades atribuidas al Estado en materia de enseñanza en las comunidades autónomas, así como la aplicación de la ordenación general del sistema educativo y de las enseñanzas mínimas cuya fijación corresponde al Estado.
