El Tribunal de Cuentas sanciona a Vox con 233.000 euros por financiación irregular
El órgano fiscalizador considera que los de Santiago Abascal infringieron la ley al recibir donaciones finalistas en 2019
El Tribunal de Cuentas ha sancionado a Vox con 233.324,22 euros de multa por financiación irregular. La formación que lidera Santiago Abascal habría cometido dos infracciones muy graves previstas en el artículo 17 de la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos, cuando recibió donaciones finalistas en la fiscalización de las cuentas anuales de los ejercicios 2018-19.
El órgano fiscalizador ya había avisado hace meses al partido de que sus colectas para querellarse contra rivales políticos eran irregulares. Con esta decisión, impone por primera vez una multa tras la vulneración de la ley de financiación de partidos, que prohíbe aceptar o recibir «directa o indirectamente» donaciones «anónimas, finalistas o revocables».
Los hechos sancionados se produjeron en 2019, cuando Vox lanzó una campaña para recaudar dinero con el objetivo de querellarse contra el expresidente catalán Joaquim Torra, por la que recogió más de 31.000 euros.
De esa cantidad, el Tribunal de Cuentas considera irregular la recaudación de 10.563 euros, ya que el resto del dinero provino de aportaciones de los propios afiliados de Vox. También en 2019, la formación ingresó más de 120.000 para pagar la fianza de Borja, un joven condenado a dos años de cárcel y una indemnización de 180.000 euros por el homicidio de un atracador frente al que no actuó, según la sentencia, en legítima defensa.
El órgano impone una primera sanción de 50.000 euros en lo relativo a la campaña contra Torra –la mínima fijada para las infracciones muy graves–, y aplica una segunda multa de 183.324 euros, el doble de la cantidad recaudada para la campaña ‘fianza de Borja’.
Vox recurrirá
«No se trata de donaciones irregulares, sino de aportaciones realizadas por cientos de españoles para causas judiciales del partido contra separatistas y para ayudar a una víctima de la delincuencia, ayuda que se consignó judicialmente en su totalidad», sostiene la formación.
Así las cosas, los de Abascal han adelantado que recurrirán la decisión del Tribunal de Cuentas ante el Tribunal Supremo porque aseguran que no han cometido ninguna infracción: «Tenemos la seguridad de que hemos hecho lo correcto y las afirmaciones que se realizan no se ajusta a la realidad».