Un informe pionero en Reino Unido pide acompañamiento psicológico para niños trans
Las feministas se remiten al informe Cass, encargado por el Gobierno británico, para frenar la decisión del TC
Alejandro, un menor de edad que cambió su sexo registral, juega junto a su madre. | EFE
El Tribunal Constitucional ha suspendido este jueves la vigencia y aplicación de varios artículos de la ley trans y la ley LGTBI de la Comunidad de Madrid. Entre ellos, el que prescribe acompañamiento psicológico a los menores durante el proceso, que es algo que solivianta al colectivo LGTBI. Sin embargo, esta es precisamente una de las reivindicaciones del pionero informe Cass, publicado este mismo año por la pediatra Hillary Cass, y que ha marcado el debate en Reino Unido sobre cómo se debe abordar la disforia de género en menores.
Este fue encargado a la ilustre doctora por el Gobierno británico con el objetivo de analizar y comprender la causa y los efectos del aumento de niños trans, que se dispararon un 4.400% en los últimos años. Para ello, el equipo de Cass, en colaboración con la Universidad de York, hizo un análisis exhaustivo de 113.269 casos de menores y jóvenes en 18 países. El resultado alumbró el mayor estudio que existe de momento respecto a este complejo fenómeno.
Sin embargo, ha tenido poco recorrido en nuestro país, donde el Gobierno de España considera este punto un «retroceso» en los derechos de las personas trans. Es por eso que las feministas aglutinadas en Dofemco, Contra el Borrado de las Mujeres y Amanda lo prescriben como lectura obligada para el Alto Tribunal de Cándido Conde-Pumpido. Pero, ¿qué es exactamente lo que dice el informe?
El ‘informe Cass’
La doctora Cass, tras analizar miles de casos, concluye que el auge súbito y exponencial de los casos de disforia de género entre jóvenes no tiene origen biológico, sino eminentemente psicológico y social. Muchos de los menores que refieren disforia de género, advierte, serían vulnerables por tener condiciones del espectro autista, por ser homosexuales, sufrir depresión, ansiedad, trastornos alimentarios u otras condiciones psicológicas y sociales que incidirían en su malestar. Esto es, que con el correcto acompañamiento psicológico podrían detectarse las causas de su malestar sin concluir mediante la terapia afirmativa que se trata de un menor trans y dar luz verde a un proceso de transición.
Igualmente, el informe destaca la falta de evidencia concluyente sobre los efectos de las hormonas cruzadas en la disforia de género en la salud psicosocial, el desarrollo cognitivo o la fertilidad de los menores: «No hay pruebas sólidas sobre los resultados a largo plazo de estas intervenciones para gestionar la angustia relacionada con el género».
Es decir, que los tratamientos de cambio de sexo para menores no están lo suficientemente probados y, pese a ello, se les han aplicado a miles de niños y jóvenes. Y concluye: «La falta de datos de seguimiento a largo plazo sobre aquellos que comenzaron el tratamiento a una edad más temprana supone que no tenemos información adecuada sobre la variedad de resultados para este grupo».
El informe concluye que solo debe recetarse esta medicación con «extrema precaución» y con una «justificación clínica clara para proporcionar hormonas en esta etapa en lugar de esperar hasta que un individuo cumpla 18 años».
La ‘ley trans’ madrileña
Ante la decisión del Tribunal Constitucional, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que sus reformas se hicieron «desde el respeto a la Constitución» y «primando el interés de los menores» para que «en las decisiones irreversibles que tomen cuenten con la asistencia de profesionales». La baronesa popular cuenta con el respaldo de las feministas clásicas en este respecto.
Estas consideran que el TC no está velando por el «interés superior del menor» y está yendo «contra el criterio de profesionales médicos, el informe Cass y países que están dando marcha atrás al delirio transgenerista que maltrata a la infancia». La decisión del Alto Tribunal aún no es firme, que deberá ratificar o levantar en un plazo inferior a cinco meses. No son optimistas.
