López Tena: «La Generalitat solo hará de gestoría, el concierto es inconstitucional»
El exvocal del CGPJ cree que para cambiar el modelo de financiación hay que tocar antes la Constitución
Alfons López Tena fue vocal del CGPJ y dirigente de Solidaritat Catalana. | TO
Alfons López Tena (Sagunto, 1957) fue vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 2001 y el 2008. Posteriormente, dio el salto a la política de la mano de Solidaritat per la Independència, llegando a ser diputado en el Parlament. Desde el inicio del procés, mantiene un discurso muy crítico con los principales partidos independentistas. En esta entrevista en THE OBJECTIVE, asegura que ni estos, «ni sus votantes», quieren la independencia, porque prefieren «la superioridad moral de sentirse víctimas».
Después del preacuerdo entre ERC y PSC sobre otorgar a Cataluña un concierto económico catalán, se ha viralizado un vídeo suyo de hace 13 años en el que le contestaba al mismo Carles Puigdemont, entonces alcaldable de CiU en Gerona, que lograr un pacto fiscal mediante un cambio en la Lofca no era factible desde la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. «La Generalitat solo puede hacer de gestora, el dinero lo controla el Ministerio de Hacienda», concluye respecto al nuevo modelo de financiación entre ERC y el Gobierno de Pedro Sánchez.
PREGUNTA.- Estos días se ha viralizado una intervención suya contestando a Carles Puigdemont, cuando era alcaldable de CiU, negando la posibilidad de reformar la Lofca para que Cataluña tenga una financiación singular.
RESPUESTA.- He visto que se ha viralizado. Yo ya ni me acordaba, porque eso fue un debate de elecciones municipales en Gerona, en el que yo fui de manera improvisada, y Puigdemont era entonces alcaldable por la ciudad. Y sí, es así. Lo primero que pasa con los partidos independentistas es que no ven la realidad tal y como es, sino como les gustaría que fuera. Y hubo un cambio total en lo que se podía pensar que cabía constitucionalmente y lo que efectivamente quedó en la sentencia del Estatut de 2010. El Tribunal Constitucional dictó que para cambiar el modelo de financiación se tenía que cambiar antes la Constitución. Me llama la atención que ahora políticos y opinadores variados no hagan referencia a este marco legal y constitucional.
P.- Pero, ¿en todos estos años no se ha introducido ningún cambio en el Congreso para que se pueda modificar el modelo de financiación sin reformar la Constitución?
R.- Es que, a ver, según el tribunal, esto no es constitucional y, por lo tanto, la única forma de cambiarlo es reformando la Constitución. No se puede hacer cambiando una ley ordinaria. Están volviendo por el mismo camino de antes y se encontrarán con un muro, porque el Constitucional ya dijo que era contrario a la Constitución. No hay ninguna novedad.
P.- Ahora que hay otro Constitucional, con mayoría progresista.
R.- Es una cuestión de fondo. El régimen constitucional estatutario democrático español, que se inaugura hace cuarenta y tantos años, ya está consolidado, ya estaba consolidado a finales de los 90. Porque se ha cumplido. Y como se ha cumplido, solo caben dos cosas: uno, que esto es el marco adecuado, con retoques que puede haber, y realizar las políticas de gestión y gobierno que tiene cada institución en su ámbito, sea una comunidad autónoma, un ayuntamiento, una diputación. Y la segunda posibilidad es considerar que el marco no es adecuado para las necesidades actuales de Cataluña y cambiarlo. Con el Estatuto ya se intentó, fracasó, y la independencia también ha fracasado. Pero volver ahora a decir lo mismo y volver a plantear lo mismo, es volver a chocar con la misma pared.
P.- Ahora se habla de «concierto económico solidario».
R.- En realidad, tampoco se ha concretado nada. Este concepto no sale en el acuerdo firmado. Pero incluso si lo interpretáramos de la manera más alta, que es la que dice ERC, de que la Generalitat recaude todos los impuestos, tenga capacidad normativa y le cede al Estado una cantidad por los servicios prestados, por solidaridad interterritorial o por lo que sea, es decir, el modelo foral de las diputaciones vascas y navarras, tampoco cabe en la Constitución. Lo dijo el Tribunal Constitucional, no es un problema de la Lofca.
«El Tribunal Constitucional dictó que para cambiar el modelo de financiación se tenía que cambiar antes la Constitución»
P.- ¿Y se podría negociar un «modelo bilateral» sin cambiar la Constitución?
R.- ¿Es que las palabras qué significan? Lo único que se puede plantear es lo mismo que con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y las becas, y es que la Generalitat hace de gestoría. Que la Generalitat sea donde se tramitan los papeles. Después, quién decide si el IMV se da, o las becas se dan, es el Ministerio de Hacienda. También es el ministerio de dónde sale el dinero. Y fíjate que Pedro Sánchez ya está diciendo que esto se puede extender al resto de comunidades autónomas… Porque no es ningún elemento bilateral, simplemente la Administración central delega o externaliza la gestión a una determinada administración. Como hacen aquí los ayuntamientos cuando delegan una parte de la gestión a las diputaciones.
P.- Entonces, tal y como lo pinta, ¿simplemente se va a reforzar el número de empleados en la Hacienda catalana?
R.- Exactamente.
P.- Ha dicho que se repetirá lo de hace 13 años, que se van a dar contra un muro. ¿Volveremos a un nuevo procés?
R.- Esto no lo creo. Los partidos independentistas desean la independencia, pero no la quieren. Y sus votantes tampoco. Por un lado, la sociedad catalana no tiene una mayoría clara hacia ninguna de las dos posiciones. Por lo tanto, lo que predomina, es seguir como se está, porque para cambiar las cosas se necesitan mayorías más amplias. Y, por el otro, los independentistas siguen votando a partidos que les ofrecen la misma promesa una y otra vez. Cada ciertos años se dice que hay un acuerdo que es el mejor de la historia…
P.- Dice que los votantes independentistas tampoco quieren la independencia.
R.- No, quieren seguir quejándose permanentemente de lo mal que están. No se engañan. Quieren la superioridad moral que da el sentirse víctima. Y son víctimas, no lo discuto. Pero lo único que ocurre es que, de ser víctima a convertirlo en un victimismo, supone paralización.
P. – Usted que es jurista, ¿cómo ve la situación de Puigdemont el tema de la amnistía?
R.- El Supremo ya ha decidido que la malversación no entre en los supuestos de la ley de amnistía.
P.- ¿Cree que cumplirá su promesa de volver a España?
R.- Creo que sí. Hay que tener en cuenta que ya no tiene la inmunidad parlamentaria por ser eurodiputado. Y se nos olvida que los tribunales de Alemania o Bélgica ya dijeron que la malversación es un delito para ser extraditado. La rebelión, no.
«Los catalanes y vascos no quieren estar en el CGPJ por provincialismo»
P.- ¿Por qué el juez Llarena no reactiva la euroorden?
R.- Eso depende de trámites correspondientes, estrategias procesales, las decisiones de las partes… Pero Puigdemont es consciente de que, al no tener ya la protección de eurodiputado, y mantener el delito de malversación, está a expensas de que en cualquier momento se dicte una euroorden.
P.- Usted fue vocal en el Consejo General del Poder Judicial, como parte de las cuotas que PP y PSOE ceden a otros partidos. En esta última renovación, los socios del Gobierno no han querido participar en el reparto. ¿A qué lo atribuye?
R.- Lo atribuyo a su provincialismo. En los últimos años, tanto catalanes como vascos, han abandonado completamente su presencia en las instituciones de Madrid. Pasa en el CGPJ, en el Banco de España, en la Comisión Nacional de Energía, en la Comisión Nacional de Mercado de Valores…
P.- Pero sí que les interesa descentralizar la justicia.
R.- El Constitucional también dijo en la sentencia del Estatut que no se podía crear un Consejo judicial catalán.
