La polémica 'ley del catalán' de Andorra, en vías de suprimirse por su acuerdo con la UE
El Gobierno andorrano cree que el acuerdo dará un impulso económico al país
Bandera de la UE. | Archivo
La polémica ‘Ley del catalán’ del Gobierno andorrano, que obliga a los nueves residentes a conocer el idioma oficial, podría ser una de las grandes damnificadas del acuerdo de asociación de Andorra con la Unión Europea. La normativa comunitaria de libre circulación de personas y derecho de establecimiento europeo recoge que no se puede exigir a los ciudadanos comunitarios requisitos que no se exigen a los ciudadanos andorranos.
El acuerdo de asociación con la Unión Europea que, en Andorra, ven muy favorable para dar un impulso económico al país, tiene este otra derivada lingüística que ya ha provocado reacciones fuera de sus fronteras. Por un lado, la gran mayoría de nuevos residentes, y los que tienen más eco mediático, como muchos youtubers, ya criticaron el carácter «discriminatorio» de ley porque les obligaba a tener el nivel A1 de catalán para renovar su permiso de residencia y el nivel A2 para su segunda residencia. Un requisito que no se aplica a los ciudadanos andorranos.
Por otra parte, esta más que posible supresión de la ‘ley del catalán’ andorrana ha provocado malestar entre los nacionalistas catalanes, quienes ven en la política lingüística del país pirenaico un ejemplo de lo que debería suceder en Cataluña.
Beneficios económicos del acuerdo
La fundación Andorra Investigación (AR+I) se encargó de realizar un trabajo de investigación sobre las consecuencias del acuerdo de asociación pactado con la Unión Europea. A nivel económico, las conclusiones eran muy favorables, con un escenario de crecimiento mucho mayor que el actual. El Producto Interior Bruto (PIB) sería un 5% superior en caso de sellar el acuerdo.
En la misma línea, en un almuerzo-coloquio de la Liga Europea de Colaboración Económica (LECE), celebrado en Barcelona en mayo, el secretario de Estado de Andorra, Landry Riva, afirmó que el acuerdo da un impulso a la «diversificación» de su economía.
Una negociación de nueve años
El acuerdo gira sobre dos bloques: el primero, común para Andorra, San Marino y la UE, abarca principios de libertades, de políticas sociales y medioambientales, y políticas de cooperación fuera del ámbito de las libertades. Además, incorpora protocolos marco que detallan cuestiones específicas, como la cooperación parlamentaria, estadística y colaboración en servicios financieros.
El segundo bloque fija la relación bilateral entre la UE y Andorra, que incluye protocolos de diferentes aspectos, como el aduanero, salvo el negocio del. Se añaden 25 temáticas con el objetivo de crear un marco jurídico equivalente al del mercado interior de la UE. Las negociaciones para este acuerdo han tardado nueve años en concretarse. Se iniciaron en 2015 y se concluyeron en diciembre de 2023.
¿Y el catalán?
El autor del informe de la fundación AR+I, Yvan Lara, ha explicado en varios medios andorranos que la ‘ley del catalán’, tal y como está redactada en la actualidad, es muy difícil que pueda mantenerse. Son conscientes de que no pueden dar un trato distinto a los ciudadanos andorranos respecto a los nuevos residentes.
Los escenarios que barajan para ser respetuosos con el derecho de la Unión Europea, es que sean las empresas quienes exigieran el catalán a sus empleados. Lara se ha posicionado a favor del acuerdo porque es muy favorable para los intereses económicos de Andorra, y tampoco afecta al modelo de educación en catalán ni a la oficialidad del idioma en sus instituciones.
