La cuñada de Sánchez renuncia a su puesto en Madrid tras el escándalo destapado por TO
La ONU subraya que Kaori Matsumoto «no trabajará» en la capital pese a que pidió un visado para ella el 7 de junio
La japonesa Kaori Matsumoto, madre de la hija de David Sánchez Pérez-Castejón, no ocupará finalmente el puesto de trabajo para el que fue seleccionada en la oficina de Lucha Contra el Terrorismo que Naciones Unidas tiene en Madrid, según han confirmado a THE OBJECTIVE fuentes diplomáticas y de la ONU. El inicio de la investigación judicial contra el hermano del presidente del Gobierno y el escándalo desatado al desvelar este periódico el especial interés del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para que Matsumoto se instalara en España han provocado finalmente la renuncia a la plaza.
«No ha trabajado, no trabaja y no trabajará», subrayan fuentes de Naciones Unidas sobre Matsumoto refiriéndose al puesto en Madrid que esta funcionaria japonesa había logrado a principios de 2024 y del que iba a tomar posesión este verano, ya que desde Nueva York se solicitó un visado para ella y su hija el pasado 7 de junio, según la documentación publicada por THE OBJECTIVE. «Esta persona no trabaja en ninguna agencia de la ONU en Madrid. No está en el listado de funcionarios internacionales en España», añaden otras fuentes desde el departamento de Albares.
Matsumoto es la misteriosa japonesa que apadrinó el Gobierno de Pedro Sánchez para que trabajara en Madrid y que inmediatamente levantó sospechas entre los diplomáticos del Ministerio de Exteriores al no entender las razones de ese inusitado interés. Este periódico despejó algunas incógnitas al desvelar, con un documento oficial de la ONU, que la ciudadana japonesa es, en realidad, la madre de la hija de David Sánchez.
La identidad de la menor figura en la petición del visado que la ONU solicitó para que tanto Kaori Matsumoto como su hija se instalaran a España con el fin de que ella trabajara en la citada oficina de Naciones Unidas en Madrid. En ese documento aparece la fecha de nacimiento de la menor —19 de abril de 2022—, que coincide con el inicio del permiso de paternidad que David Sánchez solicitó a la Diputación de Badajoz, donde ejerce el cargo de coordinador de actividades de los conservatorios de música del área de Cultura, Juventud y Bienestar Social de esta institución provincial.
Curiosamente, la petición de visado contiene un NIE (Número de Identidad de Extranjero) de Matsumoto expedido previamente por el Ministerio del Interior. Este hecho podría significar que la funcionaria ha residido con anterioridad en España mientras David Sánchez encadenaba residencias fiscales en el extranjero: primero en Portugal en 2020, luego en Tailandia durante 2021 y una parte de 2022 y de nuevo en Portugal desde mediados de ese año.
El hecho de que Matsumoto tenga un NIE vigente podría facilitar una hipotética citación judicial si la juez de Badajoz que investiga a David Sánchez admite la petición de la acusación popular de llamarla a declarar. Además, según ha publicado Vozpópuli, ambos se habrían casado y estarían «en régimen de separación de bienes bajo Derecho austriaco», según la documentación de la compra del palacete de Elvas (Portugal) de 10 de febrero de 2023.
En todo caso, cuando la ONU envió el pasado 7 de junio a Exteriores la solicitud de visado para su trabajadora, ella se encontraba en su país natal. «La señora Matsumoto reside en Tokio y necesitará una citación en el servicio consular de la Embajada española en Tokio», advirtió un funcionario del Secretariado de Naciones Unidas en el escrito en inglés —leer abajo— remitido a la Representación Permanente de España en Nueva York, que se encargó de tramitar la petición a Madrid.
Dos años después de estar vinculada con el hermano del presidente del Gobierno, esta funcionaria de la ONU fue seleccionada para trabajar en un puesto dentro de la oficina de Lucha contra el Terrorismo que Naciones Unidas tiene Madrid. Una oficina que se abrió el 6 de junio de 2022, en un acto presidido por los ministros de Asuntos Exteriores e Interior, José Manuel Albares y Fernando Grande-Marlaska, y cuya sede ha sido cedida por el Gobierno español.
Un puesto de la ONU creado ‘ad hoc’
El interés del ministro Albares por la contratación de la trabajadora de la ONU en la oficina de Madrid, según fuentes del ministerio, estaría vinculada a la dirección de un proyecto en Mauritania, puesto que España acordó en 2023 una contribución de 453.000 euros «para un proyecto» con el objetivo del «fortalecimiento de la seguridad y resiliencia de las infraestructuras críticas y objetivos blandos frente a amenazas terroristas». Lo que no se supo en aquel momento es que la ayuda española a este programa de la ONU en Mauritania se gestionaría desde Madrid.
Las fuentes diplomáticas consultadas sospechan que la plaza de Matsumoto en Madrid se creó ad hoc por expreso deseo del Ejecutivo español. Finalmente, tras destapar THE OBJECTIVE la trastienda que antecede a esa plaza, la japonesa ha decidido no ocupar el puesto de trabajo.
Casualmente, en la página web de las Naciones Unidas Matsumoto aparece aún como trabajadora en Tailandia en una oficina de la ONU para el sudeste asiático. Según El Debate, el pequeño de los Sánchez «fijó su residencia en Tailandia justo antes de multiplicar su patrimonio hasta lograr 1,7 millones de euros. Pasó de contar con bienes por valor de 261.000 euros a rozar los dos millones tras establecerse en ese país asiático. La Embajada de Tailandia en España inscribió al hermano de Sánchez como residente en ese país el 19 de octubre de 2021».
En el proceso judicial que se sigue contra David Sánchez, Manos Limpias ha pedido extender la causa judicial a su pareja sentimental. El mencionado sindicato, que obra como acusación particular, ha remitido un escrito al Juzgado donde justifica que esta ciudadana japonesa debía tener conocimiento si él acudía o no a su puesto de trabajo, un extremo que se está investigando por si pudiera ser constitutivo de delito. En concreto, David Azagra —el nombre artístico por el que se le conoce— está investigado por supuesto tráfico de influencias, prevaricación, fraude y malversación, toda vez que recibía del ente supramunicipal un sueldo público.