Igualdad se gasta 40.000 euros en un curso para relacionar pornografía y violencia sexual
El gabinete de Ana Redondo hace un fuerte desembolso en un seminario al que tan solo asisten 59 personas
Ponentes del curso 'Pornografía y violencia sexual', que tuvo lugar en San Lorenzo de El Escorial los pasados 17-19 de julio. | Jesús de Miguel (UCM)
El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, se gastó un total de 39.686,80 euros en la organización del curso Pornografía y violencia sexual, que transcurrió en la Universidad Complutense entre los pasados 17 y 19 de julio. Este se desarrolló bajo el pretexto de «sensibilizar y concienciar sobre el impacto, los daños y los riesgos del consumo de pornografía», incidiendo en «su vinculación con la violencia sexual contra las mujeres». Se matricularon solo 59 personas para asistir a él.
En una resolución de Transparencia a la que ha tenido acceso en exclusiva THE OBJECTIVE, el gabinete de Ana Redondo desglosa el coste del curso: 40.000 euros entre retribuciones, viajes, alojamiento, almuerzos, alquiler de sala, servicio técnico, personal y otros gastos asociados a la organización del mismo.
El desembolso es grande en comparación con otros seminarios anteriores. El año pasado el equipo de Irene Montero gastó 25.000 euros en el curso Sólo sí es sí, que sirvió para blanquear la norma que ha beneficiado a 1.460 condenados por agresión sexual. También invirtió 10.000 en otro llamado Desarmando la masculinidad.
«Sociedad pornificada»
Las expertas, convenientemente escogidas por Igualdad, apuntalaron el argumentario del Gobierno, que atribuye el auge de la violencia sexual en España (las agresiones sexuales cometidas por menores han aumentado un 116% en el último lustro, pasando de 451 en 2017 a 974 en 2022) al consumo del porno. Una tesis muy discutida académicamente, pero que se está erigiendo como relato oficial.
Así las cosas, en la ponencia principal del curso, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, aseguró que «el acceso a la pornografía en la infancia lleva a una distorsión de cómo deben ser las relaciones sexuales y crea una violencia sexual que permea toda la sociedad».
En este sentido, Cira García Domínguez, magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Getafe, remachó apuntando que «vivimos en una sociedad pornificada en la que estamos muy acostumbrados a la erotización de la violencia», y aseveró que la pornografía y la prostitución son «las caras de una misma moneda, promovida por el patriarcado y el capitalismo».
También participó Mar España Martín, directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), la autoridad independiente encargada de elaborar el mecanismo de identificación que exigirá a todos los usuarios mostrar un documento de identificación personal para ingresar en las páginas etiquetadas como inadecuadas para menores. El conocido vulgarmente como pajaporte.
Una versión de parte
Es importante señalar que este curso se desarrolló dos semanas después de que el Gobierno anunciara la primera versión de Cartera Digital Beta, la aplicación móvil que incorporará un sistema de verificación de edad para evitar que los menores accedan a la pornografía. La medida, que debería presentarse a finales de verano, ha generado mucha controversia por cómo podría colisionar con el derecho fundamental a la libertad y a la intimidad para acceder a ciertos contenidos.
Hay expertos que consideran que el porno es el pretexto para que la certificación digital «sea recibida de buen grado por parte de la ciudadanía», así como para no señalar la inmigración ilegal descontrolada como factor del auge de la violencia sexual. Y es que a nivel macroecológico, hay pruebas de que permitir la pornografía produjo un descenso de delitos sexuales en los lugares en donde se legalizó. Pero esta versión no se escuchó en el curso financiado por el Ministerio de Igualdad.
