Sánchez irrita a Junts al enviar a 200 inmigrantes a un pueblo donde gobiernan
Los independentistas denuncian que el Ejecutivo ha actuado «sin ningún consenso»
Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso. | Agencias
La llegada de 200 inmigrantes subsaharianos al municipio catalán de Tossa de Mar, procedentes de las Islas Canarias y solicitantes de asilo, ha descolocado a Junts per Catalunya. Según fuentes consultadas por THE OBJECTIVE, los neoconvergentes ven cómo otra de las exigencias en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez como era el traspaso a Cataluña de las competencias en inmigración no solo no se ha concretado aún, sino que tampoco «han acordado» la llegada de estos inmigrantes a una localidad gobernada por Junts.
El partido de Carles Puigdemont ha reaccionado a esta decisión del Ejecutivo con el registro de una batería de 17 preguntas en el Congreso y en el Senado en las que se constata hasta qué punto desconocían la medida. En sus preguntas piden conocer al «máximo responsable del reparto» de las personas procedentes de las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, exigen mayor «transparencia» para conocer el «criterio» sobre su reubicación y denuncian cómo a «las autoridades municipales» no se les ha comunicado con la antelación debida la llegada de estas personas procedentes de África.
El escrito, registrado el lunes 2 de septiembre en las Cortes por la portavoz Míriam Nogueras, deja constancia de que Junts ha quedado fuera de juego en este asunto, pese al pacto sobre inmigración que Puigdemont y una delegación del PSOE alcanzaron en Suiza, en las negociaciones sobre la investidura tras las elecciones generales del 23 de julio. Aunque sus siete diputados en el Congreso son clave para sostener al Gobierno, el hecho de que en Cataluña gobierne el PSC les ha hecho perder peso negociador e información de primera mano sobre política migratoria.
«Sin consenso»
Una muestra de ello se ve en varias de las preguntas registradas. En ellas, piden conocer si «se comunica la llegada de estas personas migrantes a los gobiernos autonómicos», si las autonomías reciben «alguna subvención extraordinaria para la acogida de estas personas migradas» o si tienen previsto «distribuir más personas migradas a Cataluña en los próximos meses» y «cuándo».
El malestar de Junts es evidente y acusan al Gobierno de obrar «sin consenso»: «¿Piensa el Gobierno acordar con cada territorio esta distribución o seguirá actuando sin ningún consenso con los territorios receptores?».
Lucha municipal
Esta reacción del grupo parlamentario de Junts en el Congreso ha surgido tras el gran descontento que hay a escala municipal con el asunto. El alcalde de la Tossa de Mar, Martí Pujals, fue el primero que salió al paso contra esta llegada masiva de inmigrantes por considerar que está afectando al turismo, con «cancelaciones en las reservas» en un municipio que vive de esta actividad económica y que se encuentra en temporada alta.
En los últimos meses, previos a los comicios autonómicos del 12 de mayo, Junts adoptó un tono más duro contra la inmigración, en gran parte debido al miedo al ascenso del partido Aliança Catalana, pero en esta ocasión el primer edil de Tossa ha sido quien ha abanderado la protesta. Puigdemont, por el momento, no se ha pronunciado, mientras que el secretario general de Junts, Jordi Turull, apoyó al alcalde tras ser preguntado en una entrevista en TV3 ,al tiempo que afirmó que «Cataluña es una tierra solidaria» .
La manera de abordar el tema migratorio no es baladí. La cúpula de Junts mide hasta qué punto criticar la gestión del Gobierno central en esta materia sin que les acusen de comprar el relato de la «extrema derecha» ni tensar demasiado la cuerda. Pero, al mismo tiempo, los alcaldes o cargos municipales tienen que lidiar con esta realidad y crecen las voces que denuncian que no se ha respetado la «voluntad municipal» y que el Estado ha vuelto a «imponer» sus criterios.
En octubre de 2023 llegaron a la misma zona unos 800 inmigrantes, que se repartieron por Blanes (400), Lloret de Mar (330) Figueres (40) y L’Estartit (70). En esta ocasión, el Ayuntamiento de Tossa sostiene que el número de inmigrantes que han llegado (200) es demasiado elevado para un municipio de 5.500 habitantes.
El Ministerio del Interior se ha responsabilizado de su llegada y se han alojado en un hotel del municipio. En sus preguntas Junts también pide conocer el «origen, edad y sexo» de estas personas y «mecanismos de seguimiento una vez instaladas en el municipio».
