El PSOE propone modificar la ley de asociación para disolver la Fundación Francisco Franco
Le corresponde al Ministerio Fiscal comenzar los trámites judiciales, ya que esto escapa de la potestad del Gobierno
El PSOE ha registrado este martes en el Congreso de los Diputados una reforma de la ley orgánica 1/2022 aprobada por el Gobierno de José María Aznar sobre el derecho de asociación que permita la disolución de la Fundación Francisco Franco «mediante resolución judicial».
La formación socialista propone la aprobación de una disposición adicional quinta en la que se precise la extinción de asociaciones cuyas actividades «constituyan apología del franquismo, bien ensalzando el golpe de Estado de 1936 o la dictadura posterior o bien enalteciendo a sus dirigentes, cuando concurra menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado de 1936, de la guerra de España o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales».
Todo ello, «con independencia de los fines y actividades sociales recogidos en los estatutos, y de su inscripción registral». Le corresponderá al Ministerio Fiscal iniciar los trámites judiciales ya que, según admite el PSOE, el artículo 22.4 de la Constitución establece que la disolución de una determinada asociación «escapa a la esfera administrativa y sólo podrá ser acordada por
resolución judicial».
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ya adelantó en abril que el Gobierno se disponía a «extinguir» la Fundación Francisco Franco en cumplimiento de la ley de Memoria Democrática, por considerar que esa entidad hace apología de la dictadura.
«La ley dice claramente que no caben fundaciones que vanaglorian a aquellas personas, colectivos o asociaciones que hicieron apología del franquismo, que defendieron el totalitarismo y la dictadura. Por lo tanto, no cabe la Fundación Francisco Franco, en ningún caso. Y lo que se va a hacer es extinguirla», señaló entonces durante su visita a uno de los símbolos de la represión de la dictadura, la colonia agrícola penitenciaria de Tefía (Fuerteventura) donde el régimen que gobernó España desde 1936 hasta 1975 recluyó durante años a personas del colectivo LGTBI solo por su condición sexual.
El titular de Memoria Democrática precisó que no compete dar los pasos a su ministerio, sino al de Cultura, en cuyo registro se encuentra la Fundación. «Por lo tanto, toda fundación o asociación que defienda al dictador o a quienes hacían apología de la dictadura, tiene que estar eliminada de la democracia, pero eso no es nada nuevo: eso es propio de la Ley de Memoria Democrática y del derecho internacional, es propio de las convenciones de las Naciones Unidas, de sus convenios y sus resoluciones en defensa de los derechos humanos», argumentó.
Uno de los objetivos de la ley de Memoria Democrática
El Gobierno ya inició los trámites para liquidar la Fundación Nacional Francisco Franco a principios de 2023. En ese momento, comenzó a estudiar la aplicación de la ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022, para extinguir esta entidad que está inscrita en el registro de fundaciones desde 1977. Esta es una demanda histórica de las asociaciones de víctimas, grupos memorialistas y partidos de izquierdas, aunque la última palabra será de un juez.
El Gobierno no tiene potestad para extinguir de manera unilateral esta fundación, sino que el Protectorado de Fundaciones, dependiente del Ministerio de Cultura, deberá presentar una solicitud de ilegalización ante los juzgados. Estos serán quienes avalen la decisión.