Ayuso bajará los impuestos de sucesiones, donaciones y para el alquiler de viviendas
La presidenta madrileña lo anunciará en la Asamblea, así como el impulso de tres grandes proyectos de ciberseguridad
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una imagen de archivo, durante su intervención en un pleno de la Asamblea regional. | EP
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciará este jueves, durante su intervención en el debate del estado de la región, nuevas rebajas fiscales en el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y para el alquiler de viviendas que generarán un ahorro de casi 180 millones de euros anuales a los contribuyentes de la región, según ha podido saber THE OBJECTIVE de fuentes del Gobierno regional. Igualmente, impulsará en los próximos meses tres grandes proyectos en materia de ciberseguridad para seguir avanzando en la protección a ciudadanos, empresas y administraciones ante ataques informáticos.
En el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se elevará ya desde este próximo año al 50% la bonificación para las operaciones entre hermanos y entre tíos y sobrinos por consanguinidad, que actualmente se encuentra en el 25%. De esta manera, la Comunidad de Madrid asegura que «será la primera región que introduce esta medida en ambas modalidades del impuesto para este grado de parentesco. Además, se establecerá una bonificación del 100% en el caso de las donaciones esporádicas entre particulares que sean inferiores a 1.000 euros. También se eliminará el requisito formal de otorgamiento de documento público para aplicar las ya existentes».
El Gobierno regional estima que estas nuevas rebajas fiscales en este impuesto supondrán un ahorro de casi 130 millones de euros anuales y beneficiarán a alrededor de 13.000 madrileños.
Además, en materia de vivienda se amplía desde este año el ámbito de aplicación de una deducción vinculada al impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Así, se elevará la edad máxima para poder aplicarse la destinada al alquiler de vivienda habitual de hasta 1.234 euros, pasando de los 35 a los 40 años. Se beneficiarán a cerca de 45.000 contribuyentes, que se sumarían a los 65.000 que actualmente se acogen a ella, generando un alivio fiscal de 50 millones de euros anuales, según los cálculos del Gobierno madrileño.
Esta medida en vivienda anunciada este jueves por Díaz Ayuso se suma al proyecto de ley de rebajas impositivas en este ámbito que se está tramitando actualmente en el Parlamento madrileño. Esta iniciativa incluye cuatro deducciones en el IRPF dirigidas a arrendadores que pongan en alquiler viviendas que hayan estado en desuso, a mitigar el incremento de los préstamos hipotecarios de renta variable por la subida de tipos de interés y a la lucha contra la despoblación para jóvenes menores de 30 años que fijen su domicilio habitual en municipios de menos de 2.500 habitantes, bien sea por compra o alquiler.
A ello podrán sumar una bonificación adicional del 100% en los impuestos de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en caso de adquisición de vivienda de segunda mano, y de Actos Jurídicos Documentados (AJD), en caso de vivienda nueva. El impacto total del ahorro de todas estas bajadas de impuestos del proyecto de ley es de 118 millones de euros, a juicio de la Comunidad.
Por otra parte, según ha podido saber THE OBJECTIVE, la presidenta de la Comunidad de Madrid también anunciará el impulso en los próximos meses de tres grandes proyectos en materia de ciberseguridad para seguir avanzando en la protección a ciudadanos, empresas y administraciones ante ataques informáticos. Estos están relacionados con la vigilancia, la respuesta ante incidentes y el certificado de lugar ciberseguro.
Igualmente, la Consejería de Digitalización trabaja actualmente en un Plan Estratégico, que se publicará antes de que termine el año y que se convertirá en la guía para prevenir y gestionar los ataques informáticos de una forma protocolizada en todo el territorio madrileño.
También destaca la creación de un Comité de Seguridad de la Información, que establecerá el conjunto de políticas, principios y procedimientos que se utilizarán para identificar los riesgos y definir las acciones para proteger los sistemas. Este organismo estará formado por todas las entidades públicas responsables de esta materia de la Comunidad de Madrid.
Todas estas medidas serán realizadas por la Agencia de Ciberseguridad, entidad que, además, impulsará un Servicio de Vigilancia Digital para anticiparse y gestionar posibles amenazas en los municipios, y un Equipo de Respuesta a Incidentes, clave para la detección y contestación rápida ante un ataque de estas características. Esta iniciativa será fundamental para las localidades más pequeñas que carecen de recursos para ello. Asimismo, ayudará a organismos públicos y compañías que así lo requieran a conseguir certificados en este ámbito.
Finalmente, anunciará la construcción de un parque urbano de 12.000 metros cuadrados en el área que ocupaba el complejo dotacional El Pilar en San Fernando de Henares, que tuvo que ser demolido debido a los trabajos de la línea 7B de Metro. La inversión del Gobierno madrileño alcanzará los cinco millones de euros y estará listo a partir del segundo semestre de 2025.
La obra, ejecutada por la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, ha sido proyectada en dos fases que comenzarán en enero con el acondicionamiento de las calles limítrofes, donde se dará prioridad al peatón sobre los vehículos. En todo momento se ha diseñado teniendo en cuenta las aportaciones del Ayuntamiento de la localidad para atender las necesidades de los vecinos y afectados por la línea 7B.
El futuro parque permitirá disfrutar de múltiples actividades al aire libre, con zonas proyectadas con y sin sombras y con áreas deportivas, infantiles y recreativas, adaptadas a diferentes edades.
La atención a los vecinos de San Fernando de Henares perjudicados por las obras de la 7B «ha sido siempre una prioridad para el Gobierno de la Comunidad de Madrid», según fuentes del Gobierno madrileño. En este sentido, el Ejecutivo regional señala que «ha abonado ya indemnizaciones a 67 familias de la localidad por valor de casi 10 millones de euros y bonificará el 100% de los tributos de gestión autonómica que estén relacionados con la compra de una vivienda por parte de los afectados».
