El Gobierno confirma que la UCO investiga un contrato de Barrabés destapado por TO
Como denunció THE OBJECTIVE, se tramitó por vía de urgencia, pese a su irrelevancia, y se denunció por posible amaño
El empresario Juan Carlos Barrabés logró también un importante contrato del CSD bajo el punto de mira. | Europa Press
El Gobierno ha confirmado, a través de una respuesta parlamentaria al Partido Popular, que la Guardia Civil registró el pasado 21 de mayo durante tres horas la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD) para requisar un expediente adjudicado en 2022 a la consultora de innovación de Juan Carlos Barrabés, Innova Next, por valor de 3,6 millones de euros. Las irregularidades del citado pliego fueron adelantadas por THE OBJECTIVE en diversas informaciones publicadas el pasado mes de junio.
A la cantidad señalada habría que añadir el precio del servicio variable de 921.000 euros. Este extra queda acreditado en la propia respuesta parlamentaria y en el informe de investigación de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Sin embargo, ese importe no aparece reflejado en la Plataforma de Contratación, cuyo precio queda formalizado en 3,6 millones de euros.
El citado pliego, como dejó patente THE OBJECTIVE en su investigación, presentaba numerosas irregularidades. El plazo de presentación se cerró dos días antes que lo marca la ley. Además, para la ejecución se realizó como una necesidad inaplazable cuando se trataba de un software para deportistas de élite. El contrato tenía financiado con fondos europeos y fue denunciado por un empresario afectado.
Incumplimiento de plazos
La empresa Innova Next logró a principios de agosto de 2022 la adjudicación de este contrato. El pliego se tramitó por vía de urgencia. El CSD argumentó una necesidad inaplazable y un supuesto interés público para contratar un software para deportistas de élite.
Según denunció este periódico a principios del pasado mes de junio, en diversas actas del órgano de asistencia de esta licitación se acredita que se incumplió el plazo de presentación de ofertas. Este está estipulado en la ley de contratación del sector público. El proceso se cerró a los 13 días, cuando la ley obliga a un mínimo de 15. Esto evitó que concurriesen más competidores.
La Ley de Contratos y el Real Decreto-ley 36/2020 de la covid-19 limitan el plazo de presentación de ofertas a un mínimo de 15 días. En esta licitación, el plazo se cerró el 8 de junio de 2022 y se abrió el 27 de mayo de 2022. Así lo atestiguan las diversas actas firmadas entre el 27 de mayo y el 7 de julio del órgano de asistencia, que estaba compuesto, entre otros, por una abogada del Estado y un interventor delegado. Una fecha, esta última, que coincide con el momento del anuncio del envío de licitación al Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), por ser un contrato sujeto a regulación armonizada (es decir, que se abre a libre competencia de la UE).
La denuncia de un empresario
En 2022, un empresario denunció por escrito ante el CSD diversas irregularidades en el proceso de adjudicación de un contrato de 3,6 millones de euros que finalmente recayó en agosto de ese año en la empresa de Juan Carlos Barrabés. El denunciante subrayó que se incumplía el plazo de presentación de ofertas y cuestionó la tramitación urgente.
Por otro lado, y después de exponer sus serias dudas sobre la legalidad del contrato, el empresario apuntó directamente a un posible amaño. «De entre los dos lotes que componen la oferta, el primero de ellos tiene una concurrencia limitada a dos licitadores. Entre ambos, tengo serias sospechas de quién ganará este concurso: Innova Next».
Además, señaló la escasa transparencia: «Con la intención de confiar en la transparencia en el proceso de licitación, he querido atender a la apertura de ofertas, pero no ha sido posible, porque todos los actos de apertura han sido privados sin posibilidad de asistencia de público. El último también lo será. Les agradecería, si es posible, pudieran dar más información al respecto y aclaren los datos que aquí abajo detallo, en caso de no ser correctos, y en caso de ser existir alguna irregularidad, se subsane de manera apropiada».
Por último, aseguró que, debido al escaso plazo de presentación de ofertas, se privó a posibles licitadores: «Soy consciente que ha habido posibles licitadores que no han presentado oferta por la imposibilidad de preparar oferta de calidad para una licitación de esta importancia presupuestaria en dicho periodo tan corto».
El Gobierno defiende el contrato
El Gobierno, en esa misma respuesta al PP, se escuda y defiende el sospechoso contrato. «Siguió todo el procedimiento habitual de un contrato abierto del Plan de Recuperación: memoria de la unidad técnica correspondientes en abril de 2022, informes de órganos externos en mayo de 2022, así como la Intervención General del Estado a través de la Intervención Delegada en el CSD». Por otro lado, señalan que «una vez recabados los informes correspondientes relativos a los pliegos técnicos y administrativos, se procedió a su publicación en la Plataforma de Contratación del Estado, así como en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Diario Oficial de la Unión Europea a finales del mes de mayo».
Por último, señalan que «una vez finalizado el plazo de presentación de la documentación por las empresas licitadoras, el expediente de contratación pasó a la Mesa de Contratación, órgano cuya composición está determinada por la Resolución del 26 de abril de 2018, de la presidencia del CSD. La Mesa de Contratación, una vez finalizada la valoración y comprobando el resto de requisitos legales relativos a la capacidad y solvencia de la empresa con mejor valoración, propuso al órgano contratante la adjudicación del contrato a dicha empresa».
Lío con las fechas
En este contrato hay un lío con las fechas sobre cuándo se abrió el plazo de presentación de ofertas. Por un lado, aparece la fecha del 27 de mayo de 2022 como día en el que se anunció el envío al DOUE . Esta fecha también en el anuncio de licitación del Boletín Oficial del Estado (BOE) del 1 de junio de 2022. Una fecha que es la misma que aparece junto con la estampa de la firma del expresidente del Consejo Superior de Deportes José Manuel Franco. De ser esa fecha, incumple el plazo de 15 días para la presentación ofertas.
Sin embargo, en ese mismo boletín del 1 de junio aparece una nueva fecha –24 de mayo de 2022– como la «original» del envío. Este periódico, contrastando con otros boletines oficiales donde aparecen contratos del CSD de urgencia y con cantidades similares, no ha encontrado fechas duplicadas. Como en este caso, y siempre ha coincidido la fecha de la firma del presidente con la del envío del anuncio. Es a esta última fecha a la que se ha agarrado la empresa de Barrabés para justificar la legalidad del contrato.
También es reseñable que para la compra de ese software recalcó una necesidad inaplazable. El CSD argumentó esa circunstancia y un supuesto interés público para acelerar la contratación de un software para deportistas de élite.
La Guardia Civil registró a finales de mayo la sede del CSD para conocer todos los detalles del contrato. Fue una orden expresa del juez que investiga a Begoña Gómez, que también solicitó los expedientes vinculados con el Ayuntamiento de Madrid y con Red.es. Este organismo adjudicó 10,6 millones de euros a las empresas de Barrabés meses después de la recomendación de la esposa del presidente Pedro Sánchez.
