La obra de las constructoras afines a Ábalos lleva años de retraso y tendrá sobrecoste
Derrotó a 19 grandes empresas gracias a la valoración subjetiva, pero tardará 6 años en hacer 14,4 kilómetros de autovía
Ilustración de Alejandra Svriz.
La ejecución del contrato valorado en 97 millones (con IVA) adjudicado a finales de 2019 a dos empresas valencianas que están en el punto de mira de la Unidad Central Operativa (UCO) por el presunto pago de comisiones en la etapa en Fomento de José Luis Ábalos ha resultado un auténtico fiasco.
Como adelantó THE OBJECTIVE, Torrescamara y Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), en UTE con Ortiz, se adjudicaron en esa fecha un importante pliego para hacer un tramo de 14,4 kilómetros de la A-12 entre La Rioja y Burgos. Para ello, lograron dejar en el camino a 19 grandes empresas y multinacionales. El contrato fue formalizado dos meses más tarde. La valoración subjetiva fue determinante para adjudicarse este pliego al que también optaban Sacyr, Ferrovial, OHLA, ACS o Dragados. Tras su éxito en la adjudicación, enseguida llegaron los incumplimientos en la ejecución del proyecto. En el mejor de los escenarios, la obra tardará seis años en realizarse. La fecha prevista ahora es finales de 2025.
Según ha constatado THE OBJECTIVE, los incumplimientos de plazos han sido reiterados desde que en febrero de 202o fuese formalizado el contrato. Estos retrasos llevaron a una ampliación de plazos en 2023, que tampoco se ha cumplido, y que el presupuesto se haya disparado en al menos 12,6 millones de euros. Así quedó reflejado en la modificación del contrato con fecha de febrero que recoge la Plataforma de Contratación.
Reivindicación del PP
El pasado abril, apenas se llevaban certificados un 56% de los 92 millones que el Ministerio de Fomento preveía invertir en el tramo entre Santo Domingo de la Calzada y Villamayor del Río. Desde ese momento, se constatan muy pocos avances, según el mapa de obras en ejecución que facilita el Ministerio de Transporte. El proyecto debería haberse terminado en primera instancia en febrero de 2023. Tras la modificación contractual, se concedieron 20 meses más a la UTE Torrescamara, LIC y Ortiz. Este plazo está a punto de finalizar y la obra continúa empantanada.
El Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ha preguntado de forma reiterada sobre la ejecución de este tramo clave en el Camino de Santiago. El pasado mayo, parlamentarios riojanos y burgaleses del PP se reunieron en Santo Domingo de la Calzada para reivindicar una deuda del Gobierno de Sánchez con ambos territorios: «La finalización de las obras de la A-12 entre La Rioja y Burgos». La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, aseguró que «la A-12 es una prioridad que ha paralizado el PSOE». Gamarra reclamó conexión y vertebración, «porque es inadmisible la situación de paralización en la que se encuentra la A-12 que ha sido relegada por Sánchez».
La respuesta del Gobierno
El Gobierno respondió el pasado abril a una de las preguntas del Grupo Popular. De esta respuesta se hizo eco El Diario de Burgos. Destacaba que el modificado de febrero, que la UTE solicitó ya en junio de 2022, se justificó en «la falta de tierra y cal para inyectar en los numerosos terraplenes, desmontes y rellenos». Esta circunstancia ha provocado un importante incremento del plazo de ejecución, así como del montante a pagar por la ejecución.
La construcción se adjudicó por 59,8 millones (sin IVA) frente a los 82,7 millones (con IVA) por los que salió a concurso. Finalmente, el importe que recibirá la UTE alcanzará 72,4 millones con IVA. En total, serán 12,6 millones de más los que se abonarán para terminar este tramo. El modificado ya se hizo sin Ábalos fuera del Ministerio, del que salió en julio de 2021.
Los detalles del contrato de la era Ábalos muestran que Sacyr Infraestructuras fue excluida en la fase final de la licitación. Según los evaluadores, la multinacional hizo una oferta económica anormalmente baja. Sacyr presentó la documentación en la que defendía su propuesta, pero no sirvió de nada. Esta constructora española cotiza en el Ibex 35, está presente en 20 países y cuenta con 15.000 empleados. Prácticamente, todas las empresas presentadas hicieron ofertas más bajas que la UTE valenciana y Ortiz, pero la buena nota en los juicios de valor fue determinante.
Relación con Koldo y Ábalos
Además de Sacyr, concurrieron en diferentes UTE las principales constructoras españolas. La mayoría tiene contratos millonarios en marcha y grandes proyectos fuera de nuestras fronteras. FCC, Acciona, Ferrovial, Dragados y OHLA optaban al macrocontrato de la era Ábalos. Otras de las candidatas eran Azvi, Vías y Construcciones, San José, Lantania y Aldasa.
Pese a la dura competencia, la UTE se hizo con un pliego en una comunidad distinta a la valenciana. Los responsables de algunas compañías habituadas a acudir a estas licitaciones tienen constancia de que ciertas empresas medianas se han hecho con contratos de este tipo, pero siempre están localizadas en la región. También, THE OBJECTIVE destacó que seis meses antes de lograr el tramo de La Rioja-Burgos, la misma UTE, en este caso sin Torrescamara, consiguió la peor nota subjetiva para construir otro tramo de autovía. Se calificaban los mismos criterios y competía con otras diez compañías, algunas multinacionales. La entrada de Torrescamara en la UTE cambió todo radicalmente seis meses después con la obtención del contrato de La Rioja.
