España tendrá que pagar otros 1,5 millones a la ONU por renovar la cúpula de Barceló
La obra del artista mallorquín sigue siendo un quebradero de cabeza para el Gobierno
Cúpula del artista Miquel Barceló en la sala de DD.HH de la ONU en Ginebra. | EFE
La cúpula del artista mallorquín Miquel Barceló en el Palacio de Naciones Unidas en Ginebra (Suiza) sigue siendo un quebradero de cabeza para España. El Gobierno ultima un real decreto para entregar una subvención directa de 1,5 millones de euros a la Fundación ONUART con la que renovar la sala en la que se celebran los plenos sobre Derechos Humanos.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha tenido que colgar en su página web el proyecto gubernamental porque así le obliga la ley de Transparencia y Buen Gobierno ante un desembolso económico de esa cuantía. Pero lo hizo sin ninguna publicidad previa y en pleno mes de agosto, con un período de audiencia en verano de poco más de dos semanas -del 19 de agosto al 6 de septiembre- para presentar alegaciones, según desveló El Confidencial Digital. Un claro intento de que este trámite administrativo pasase lo más desapercibido posible.
Tanto el proyecto como la memoria omiten en qué se va a gastar esta subvención directa de España a Naciones Unidas, por lo que varios diplomáticos consultados por THE OBJECTIVE han expresado su temor a posibles desviaciones presupuestarias como ocurrió en el pasado. Otras personas que estuvieron involucradas en el proyecto original defienden que tanto este gobierno como futuros se deben implicar en la conservación y mejoras de este emblemático lugar, conocido como «la sala española» entre los funcionarios de la ONU que trabajan en Ginebra, pues consideran que esta obra de Barceló es «patrimonio cultural de España».
Un portavoz de la ONU en la ciudad suiza confirmó a este periódico que «se han mantenido conversaciones entre Naciones Unidas, la Misión española y ONUART en relación con la conservación del techo de obras de arte de la Sala 20, en el contexto de las obras de renovación que se están llevando a cabo en el Palacio de las Naciones».
Además, precisó que «los actuales planes de renovación», aprobados en su ‘Strategic Heritage Plan‘, «se centran principalmente en la actualización audiovisual y la mejora de los sistemas» en la citada sala, por lo que la donación estará destinada «a apoyar los esfuerzos de conservación o renovación en la sede de la ONU en Ginebra».
La Fundación ONUART se creó en 2008 como una cooperación público-privada para este complejo proyecto -«la única gran obra de arte realizada en el interior de la ONU desde su creación en 1945», subraya en su página web- y se financia con fondos públicos y privados. Desde su puesta en marcha hace dieciséis años por iniciativa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el Estado ha cubierto el 42% de sus aportaciones, mientras que el 58% restantes ha correspondido a instituciones privadas.
La presidencia de los patronos privados ha recaído recientemente en José Luis Bonet, presidente de Freixenet y de la Cámara de Comercio de España, mientras que el consejo consultivo lo dirige Zapatero junto al empresario de origen mauritano Mohamed Hamayenne Bouamatou, quien en junio de 2011 recibió la nacionalidad española por carta de naturaleza del Gobierno socialista que él presidía.
El problema que persigue a la conocida cúpula de Barceló es que Exteriores tuvo que pagar 6,5 millones más de lo previsto por esta obra, según reveló el Tribunal de Cuentas (TdC) en 2013 en un informe remitido al Congreso de los Diputados. En 2007, el coste estimado de la intervención para España, que incluía la obra de Barceló y la modernización de la sala de conferencias en la que se integraría, se estimó inicialmente en poco más de tres millones de euros.
Finalmente, el coste del proyecto ascendió en 2011 a más de 20 millones, de los cuales Exteriores financió 11,5 millones, un 130% por ciento más de lo inicialmente previsto, sin que se aportase explicación alguna sobre las desviaciones producidas, advirtió el TdC en el informe al que tuvo acceso Europa Press. Debido a ello, Exteriores pasó a financiar el 56% del coste total del proyecto, frente al 30% previsto inicialmente. Además, Barceló cobró en honorarios 8,8 millones de euros.
El organismo fiscalizador alertó hace una década que la Administración española no tuvo «ningún control» sobre la obra a pesar de que estaba obligada, por el acuerdo que suscribió con Naciones Unidas, a «hacerse cargo del coste del proyecto, cualquiera que fuera, en la parte no cubierta por patronos y colaboradores privados, y sin dotación presupuestaria específica para ello».
