Mazón negocia con el Gobierno para impedir que lleve la ley educativa al Constitucional
El Ejecutivo discrepa en tres aspectos claves de la normativa que pretende regular la libertad educativa en Valencia
Carlos Mazón. | Europa Press
El Gobierno de España y la Generalitat Valenciana están inmersos en un proceso de negociación por diversas discrepancias en torno a la nueva ley educativa del Gobierno de Carlos Mazón. La polémica se centra en tres aspectos clave de la normativa que pretende regular la libertad educativa en esta comunidad autónoma. Ambas administraciones están trabajando a través de una comisión bilateral para evitar que el desacuerdo derive en un recurso de inconstitucionalidad.
El primer punto de discordia radica en el artículo 14 de la ley, que fue aprobada el pasado 27 de junio por el PP y Vox en Las Cortes Valencianas. Este artículo permite que los estudiantes de zonas donde predomina el uso del castellano puedan solicitar la exención de la evaluación y calificación del valenciano. Además, el Gobierno central rechaza la disposición adicional primera que facilita la educación plurilingüe en Formación Profesional, Formación de Personas Adultas y enseñanzas de régimen especial, puesto que establece supuestos de exención de evaluación del valenciano para quienes no lo hayan estudiado anteriormente.
El tercer aspecto controvertido es la disposición adicional cuarta, que trata sobre situaciones excepcionales relativas al requisito lingüístico del profesorado. Esta cláusula permite que el personal funcionario procedente de otras comunidades autónomas, que solicite una comisión de servicios en la Comunitat Valenciana, pueda ejercer durante cuatro años sin necesidad de acreditar conocimientos del valenciano. Según una resolución reciente, se ha acordado la creación de un grupo de trabajo que propondrá soluciones a estas discrepancias.
Anuncio de Compromís
Los recursos de inconstitucionalidad pueden presentarse dentro de un plazo de tres meses tras la publicación de una ley. Este plazo se extiende a nueve meses si se convoca la comisión bilateral con el objetivo de alcanzar un acuerdo que modifique los contenidos de la norma y prevenga la presentación del recurso. Recientemente, Compromís ha anunciado que 50 diputados del Congreso presentarán esta ley educativa ante el Tribunal Constitucional. Un informe jurídico solicitado por esta coalición indica que la ley infringe 28 artículos de leyes superiores, incluyendo la Constitución, la ley educativa estatal y el Estatuto de Autonomía.
La ley educativa en cuestión ha derogado la Ley de Plurilingüismo de 2018, retornando al modelo de las dos líneas lingüísticas (valenciano y castellano). Además, autoriza la exención de la evaluación y calificación del valenciano en las zonas predominantemente castellanohablantes y suprime el requisito lingüístico para el profesorado en enseñanzas de formación profesional y régimen especial. Este debate resalta la complejidad de gestionar la diversidad lingüística en un contexto educativo que busca ser inclusivo y respetuoso con las particularidades regionales.
