El Gobierno pretende regularizar a 200.000 inmigrantes aparte del medio millón ya previsto
PSOE y Sumar quieren incluir en la iniciativa a todos los llegados a España antes de 2024
Sánchez y Díaz quieren regularizar a todos los inmigrantes llegados a España antes de 2024. | Ilustración de Alejandra Svriz
PSOE y Sumar proponen regularizar a todos los inmigrantes llegados a España antes de 2024, lo que abre la vía para normalizar la situación de 700.000 personas en total, unas 200.000 más de las previstas inicialmente. Estos nuevos beneficiarios se sumarían a los ya anticipados en la iniciativa popular que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados. En esa propuesta solo se contemplaban los llegados antes de noviembre de 2021.
De esta forma, la enmienda conjunta de última hora que han registrado en el Congreso las dos formaciones del Gobierno de coalición abre la puerta a los casi 700.000 extranjeros en situación irregular que se registraban en España a 31 de diciembre de 2023. De llevarse a término, sería la mayor regularización de inmigrantes de la historia.
El cambio de fechas impulsado por las dos formaciones se justifica por los continuos parones que se han producido desde que se presentó la iniciativa popular en el Congreso. Primero, el motivo fue la indecisión del PSOE. Más tarde, la causa del retraso fue la convocatoria de elecciones. Finalmente, han sido determinantes las constantes prórrogas de los plazos de enmiendas.
Los diversos mecanismos de regularización individual implantados en los últimos años -arraigo, formación…- y la reducción de plazos para obtener documentos han evitado regularizaciones masivas. Sin embargo, estas políticas de inmigración han resultado insuficientes frente a las entradas masivas vía marítima y área de los últimos ejercicios.
La cifra real de inmigrantes
Un reciente informe realizado por Funcas muestra que el número de extranjeros residentes en España en situación administrativa irregular sería de 686.000. Esta cifra representaría el 17% de la población extranjera no comunitaria. El dato facilitado es considerablemente mayor que el que se recogía a finales de 2021 sobre el mismo colectivo. En esa fecha, los inmigrantes extranjeros sumaban 517.000 personas. La cifra que acompaña a la iniciativa popular es más moderada: un máximo de 470.000.
Como sucede con la economía sumergida, la población extranjera en situación irregular no es fácilmente cuantificable. Sin embargo, diversas estadísticas permiten acercarnos bastante a la realidad. Es el caso del estudio de los analistas de Funcas. En el informe se considera como población en situación legal o casi legal a la que cuenta con un permiso de residencia -o lo está renovando-, o con un permiso de estudios o a la que tiene pendiente la resolución de su petición de asilo. Sumados estos colectivos, la población en situación ilegal se obtiene restando de esa suma las cifras oficiales de población. Todos estos datos provienen del INE, de Eurostat y de las distintas estadísticas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, entre otros registros.
Otras regularizaciones extraordinarias
La nueva regularización masiva, si se incluyen a los llegados a España hasta el 31 de diciembre de 2023, puede ser una de las más importantes de las realizadas. Todos los gobiernos, independientemente del color político, han optado por esta vía que facilita la convivencia y evita la precariedad en la que se mantienen los extranjeros sin documentos en regla.
Desde 1985 a 2005 se han impulsado seis regularizaciones extraordinarias. Felipe González dio papeles a 115.000 inmigrantes. José María Aznar concedió permisos de trabajo y residencia a 525.000 inmigrantes a través de diferentes procesos. Por su parte, José Luis Rodríguez Zapatero regularizó a 576.000 extranjeros no comunitarios. De todas las peticiones realizadas por inmigrantes en situación irregular se rechazaron, por diversas razones, el 15,5%.
En paralelos a estos cálculos, la nueva regularización avanza con retrasos en el Congreso de los Diputados. La propuesta popular, que recogió 612.000 firmas y está apoyada hasta por 900 asociaciones, ha puesto de acuerdo, con matices, al Partido Popular y al PSOE. La iniciativa será previsiblemente respaldada por el resto de las formaciones de la Cámara, a excepción de Vox.
Expulsiones y antecedentes penales
El límite impuesto por el PP busca dejar fuera de la regularización a los extranjeros con antecedentes penales. Su proposición no reduciría considerablemente la cifra final. Desde 2005 hasta finales de 2023, según una información publicada recientemente por Newtral, han sido expulsados de España 44.800 inmigrantes por condenas o desórdenes públicos. Suponen el 32% de un total de 140.000. La mayoría de los expulsados lo fueron por residencia irregular.
La Mesa del Congreso desbloqueó la tramitación parlamentaria de la ILP para regularizar a medio millón de migrantes residentes en España el pasado 24 de septiembre. De esta forma, se ponía fin a las prórrogas del plazo de enmiendas que se han venido sucediendo semana tras semana durante meses. Tras la presentación de enmiendas por parte de los grupos, el siguiente paso será debatir la ley y las enmiendas en ponencia y comisión. Posteriormente, se elevará un dictamen al Pleno del Congreso para su aprobación, lo que se calcula para la segunda quincena de octubre.
Cómo conseguir la nacionalidad española
Tras conseguir la residencia oficial en España, es posible obtener la nacionalidad y todos los derechos -acceso amplio a la sanidad y la educación y al voto- y obligaciones. La nacionalidad se puede solicitar tras diez años seguidos en España de forma legal.
En algunos casos el periodo de residencia se reduce. Esto sucede en el caso de los iberoamericanos, filipinos, guineanos, andorranos, portugueses o para los que acrediten orígenes sefardíes, el plazo se reduce a dos años. Solo es un año de espera para los nacidos en España o los que hayan estado en régimen de tutela al menos dos años. En este caso también es clave la ascendencia española, que sirve para acelerar el procedimiento. Por último, para conseguir la nacionalidad es imprescindible no tener antecedentes penales.
