El PP usa una treta para evitar el veto del Gobierno sobre su Ley de Conciliación
El Ejecutivo puede paralizar su tramitación si afecta de manera significativa al presupuesto
La vicesecretaria de Igualdad del PP, Ana Alós; el portavoz parlamentario, Miguel Tellado; y la secretaria general del Grupo Parlamentario, Macarena Montesinos. | EP
El Grupo Parlamentario Popular registró este martes en el Congreso de los Diputados su Proposición de Ley de Conciliación y Corresponsabilidad Familiar intentando esquivar el veto que podría aplicar el Gobierno de Sánchez. Para ello, ha optado por no cifrar el coste económico de la aplicación de todas las medidas que contempla, con el objetivo de que el Ejecutivo no pueda justificar su rechazo en que tiene una repercusión económica en los presupuestos de este año, según han señalado a THE OBJECTIVE fuentes populares.
Los populares inician con la presentación oficial de esta ley la tramitación parlamentaria de la que consideran una norma clave para este curso político, que abre el camino a otras como la Ley de Vivienda o la Trans. Un giro social con el que intentan marcar la agenda política, sin dejar de lado la ofensiva contra los casos de corrupción que acechan al entorno del presidente del Gobierno. Una vez que ya ha sido registrada, la Mesa del Congreso tiene que calificarla y el Gobierno pronunciarse sobre si es posible iniciar esta tramitación, que decaería si el Ejecutivo estima que su aplicación afectaría a modificaciones en el presupuesto.
El Grupo Popular, para sortear este obstáculo, ha decidido no incluir en el texto ninguna cuantificación económica y ha dejado pendiente de aplicación, para el ejercicio siguiente, todas las medidas que impliquen un aumento o reducción en los presupuestos generales del Estado.
Así, en la Disposición Final Sexta relativa a la entrada en vigor, subraya que «la presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el ‘Boletín Oficial del Estado’ excepto las medidas que impliquen un aumento de los créditos o una disminución de los ingresos en relación con el presupuesto vigente, que no entrarán en vigor, en la parte que comporte afectación presupuestaria, hasta el ejercicio presupuestario siguiente al de la entrada en vigor».
Solventado este obstáculo, a los populares le queda el segundo: que la Mesa del Congreso, una vez que el texto sea tomado en consideración por una mayoría de la Cámara, no la paralice en el trámite de enmiendas prorrogando una y otra vez el plazo de presentación, como viene sucediendo, según denuncia el PP, con algunas de sus iniciativas.
Esta advertencia la realizó este martes el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, al denunciar la «parálisis» a la que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, somete a la Cámara Baja: «Sánchez pretende esconder su parálisis paralizando también las instituciones. Nosotros estamos cogiendo las riendas de un país que Sánchez tiene desatendido, ya que el PSOE tiene bloqueadas al menos 25 leyes, porque no le interesa su tramitación. Pedimos que no la metan en el congelador de Armengol, que ya está lleno».
El Grupo Popular pretende que esta norma salga con el consenso de las fuerzas políticas. Para ello, la diputada y vicesecretaria de Igualdad del PP, Ana Alós, aseguró que iniciarán una ronda de contactos con los grupos parlamentarios. De momento, la portavoz de Vox, Pepa Millán, afirmó este martes que la iniciativa del PP «no suena mal», pero que otra cosa es que el PP «acomode el texto a otros grupos para conseguir su apoyo».
Desde el PP se reaccionó ayer a algunas críticas tanto internas como externas de determinados aspectos de la ley, como es el caso de la flexibilidad en la jornada laboral de cuatro días. El portavoz parlamentario afirmó que «es un debate artificial que se pone sobre la mesa para intentar distraer a la opinión pública. No es una ley ideológica, solo intenta solucionar los problemas de los ciudadanos».
Tellado se negó a aceptar «que acceder a una vivienda o formar una familia sean banderas de la izquierda. Si es una bandera de la izquierda, lo veremos, a ver si nos apoyan. Pero es una propuesta que figura en el programa electoral de Alberto Núñez Feijóo y no somos como Sánchez, cumplimos con la palabra dada».
Entre las medidas que contempla la ley hay que destacar la ampliación del permiso a 26 semanas en las familias monoparentales, que gozarán de un estatus especial como las familias numerosas; la gratuidad de la educación de 0 a 3 años en toda España; la flexibilización y ampliación de permisos de paternidad y maternidad hasta 20 semanas; el aumento de las deducciones fiscales por maternidad y ayudas directas en el IRPF por hijos a cargo.
