Defensa pone en riesgo el convenio del hospital Gómez Ulla al exigir más dinero a Ayuso
Robles exige a la Comunidad de Madrid que pague el 80% del gasto sanitario por paciente frente al 65% actual
Margarita Robles e Isabel Díaz Ayuso en un acto del Dos de Mayo de 2023. | Diego Radamés (EP)
El Ministerio de Defensa ha abierto un nuevo frente con la Comunidad de Madrid al exigir al Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso que aporte más dinero en gasto por asistencia en el nuevo convenio sanitario para el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, según desvelan fuentes de la Consejería madrileña de Sanidad a THE OBJECTIVE.
Defensa y la Comunidad de Madrid están renegociando el convenio por el que el Gómez Ulla está integrado en la red de hospitales de la región, prestando asistencia a más de 110.000 cotizantes de la Seguridad Social del oeste de la capital. Concretamente, de los barrios de Aluche y Carabanchel Alto.
El actual convenio data de 2021 y termina en mayo de 2025, por lo que se tiene que renovar antes de dicha fecha. En caso de que no haya acuerdo y se produzca el vencimiento del acuerdo bilateral, el Gómez Ulla volverá a ser un hospital de asistencia exclusiva a militares y la población de los mencionados barrios sería derivada a otros centros hospitalarios madrileños como el Doce de Octubre o el Clínico San Carlos, mucho más alejados.
La subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos, tiene sobre su mesa una propuesta para su firma porque «los plazos apremian», pero en los últimos días se ha descolgado con una contraoferta que ha pillado por sorpresa al equipo de Ayuso, al contener unas exigencias económicas «disparatadas», a juicio de las citadas fuentes. El Gobierno de Ayuso ha estado pagando el 65% del gasto sanitario de cada paciente atendido en el citado hospital y el departamento que dirige Margarita Robles quiere ahora subir ese porcentaje al 80%. «La subsecretaria está apretando y poniendo unas condiciones económicas que puede que no acepte la Comunidad de Madrid», advierten.
La situación creada con Defensa puede afectar al convenio sanitario suscrito por el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas) con entidades privadas para los militares, a semejanza de lo que ocurre con el sistema de Muface que gestiona el Ministerio de Sanidad para el colectivo de los más de dos millones de funcionarios o la Mutualidad General Judicial (Mugeju) que rige para jueces, fiscales y abogados del Estado.
En este sentido, las citadas fuentes advierten del «riesgo» de que Defensa siga el criterio de socios de gobierno como Sumar o Podemos, que cuestionan un sistema de atención sanitaria para funcionarios y militares por considerarlo un privilegio. «Si no se renueva el convenio con la Comunidad de Madrid, además de dejar a la población sin asistencia, habría que cerrar el hospital al no tener trabajo», subrayan las fuentes consultadas por este periódico.
Solo se salvaría el Gómez Ulla si Defensa dejase caducar el convenio de Madrid y, a renglón seguido, extinguiese el acuerdo de Isfas con las aseguradoras siguiendo el ejemplo de Muface. Ello implicaría que este hospital volvería a ser el centro de atención sanitaria para los 130.000 efectivos de las Fuerzas Armadas. «La jugada puede ser que detrás de Muface, caiga el Isfas y la asistencia en compañías de sus afiliados», advierte una fuente militar sobre los planes que podría tener el departamento de Robles en mente.
En este sentido, desde la Consejería madrileña de Sanidad se hace hincapié en que la cuestión económica «parece una excusa», ya que el convenio suscrito en 2021, con Robles al frente del Ministerio de Defensa, ya logró incrementar más del doble de los fondos que tenía que asumir el Gobierno regional. Además, la negociación por parte del Gobierno de Ayuso la lleva la directora general de Adecuación y Supervisión Sanitaria, Victoria Buezas, quien antes de incorporarse en julio de 2023 a este puesto como alto cargo en el Ejecutivo madrileño llegó a coronel médico especialista en Microbiología y Parasitología en el Hospital del Aire y el Gómez Ulla, donde pasó catorce años de su carrera militar -del año 2000 hasta el año 2014-, por lo que se conoce al dedillo el funcionamiento de este último centro hospitalario.
Los hitos del Gómez Ulla
Defensa celebró el pasado mes de enero que el Gómez Ulla arrancase el año «a la vanguardia» de la capacidad asistencial del Sistema Público de Salud, gracias a sus especificidades, puesto que es el único hospital público de la Comunidad de Madrid con capacidad de realizar medicina hiperbárica y también el único, en nuestro país, con capacidad de teleasistencia médica nacional e internacional, lo que se denomina la telemedicina.
El índice de listas de espera quirúrgicas está por debajo de la media autonómica, ya que en enero se situaba en el puesto número 12 de la treintena de hospitales que tiene la región de Madrid. Además, el Gómez Ulla cuenta por primera vez con unas urgencias pediátricas desde el año pasado y tiene más de 2.000 profesionales «con una amplia experiencia en cirugía, investigación, docencia y asistencia hospitalaria», según indicó Defensa en un comunicado. Entre todo ello, destaca la unidad de Aislamiento de Alto Nivel, que es referencia a nivel nacional para once comunidades autónomas.
El hospital cuenta en la actualidad con 42 servicios médicos, quirúrgicos y centrales que sirven para dar cobertura asistencial a 110.000 cartillas del Servicio Madrileño de Salud y a los pacientes de Isfas, con cualquier modalidad de asistencia sanitaria a nivel nacional. Además, actúa como centro de referencia nacional para cualquier consulta y evacuación médica del personal de las Fuerzas Armadas desplegado en misiones internacionales. En el año 2023 tuvo que atender a 75 pacientes evacuados, así como 318 consultas al centro de referencia de telemedicina. Su actividad asistencial se concreta en más de 400.000 actos médicos anuales: mil pacientes diarios en consultas externas, 270 pacientes ingresados de media, entre 250-300 urgencias diarias y entre 40 y 50 intervenciones quirúrgicas al día.
