Marlaska comprará un 'Pegasus' legal para interceptar las comunicaciones telefónicas
El contrato ha recaído en dos filiales de Telefónica. Sitel ha sido clave en la investigación de las tramas de corrupción
Interior ha decidido impulsar un nuevo sistema de interceptación de telecomunicaciones. | Europa Press
El Ministerio del Interior gastará hasta 85 millones en un nuevo sistema de interceptación de telecomunicaciones (Sitel). Lo hace en un contexto en el que aún quedan muchas preguntas por responder sobre el supuesto uso del ilegal Pegasus. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska adjudicó el megacontrato a dos filiales de Telefónica el pasado día 14 de octubre. El pliego tiene como objetivo el desarrollo de una herramienta que permitirá las escuchas telefónicas bajo control judicial.
El contrato, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, está financiado con fondos europeos y su adjudicación ha sido negociada sin publicidad. Este procedimiento permite a la entidad adjudicadora negociar directamente con empresas sin realizar una convocatoria pública. En este caso, la decisión se justifica por motivos de seguridad.
El órgano encargado de tramitar el expediente ha sido la Secretaría de Estado de Seguridad. El plazo de ejecución previsto según el acta de resolución es de tres años. El plazo empezará a contar desde febrero de 2025 o desde la fecha de formalización del contrato, si ésta fuese posterior. La herramienta permitirá intervenir decenas de miles de llamadas y mensajes de investigados, previa autorización judicial.
Un sistema clave para Interior
Esta fórmula ha sido clave en la investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso Koldo y sus vínculos. El sistema ha sido determinante en grandes operaciones antidroga y para detener a buena parte de los vinculados a los atentados yihadistas del 11-M.
El pasado 13 de agosto, Interior adjudicó el contrato para la prestación de los servicios de telecomunicaciones fijas (voz y datos), móviles (voz y datos), de acceso y relación con otras redes públicas y privadas (nacionales e internacionales), así como la gestión integral para la seguridad de las telecomunicaciones de la Policía. El pliego, en este caso dividido en tres lotes, fue tramitado también por el procedimiento negociado sin publicidad. El valor estimado supera los 173 millones. El periodo de ejecución es de cuatro años.
El lote más importante recayó en Telefónica. El encargo, para la implantación de servicios de comunicaciones sobre la red de datos, está valorado en 134,5 millones. Por su parte, Capgemini España se hizo con un lote valorado en 12,4 millones para poner en marcha una Oficina Técnica para proveer de soporte a la Oficina de Programa. Por último, la UTE TSOL-TRC se encargará del despliegue y mantenimiento de la tecnología para proteger los sistemas de información de la Policía. El lote, que ejecutarán una filial de Telefónica y la empresa de software TRC, está valorado en 26,3 millones.
¿Qué es Sitel?
Sitel permite a Policía y Guardia Civil intervenir bajo autorización judicial llamadas y mensajes de personas investigadas, obtener información en tiempo real sobre los interlocutores y monitorizar en todo momento la ubicación de estos últimos.
Desde su adquisición, los distintos Gobiernos han realizado inversiones cuantiosas para actualizar y mejorar el programa. Una de las últimas fijó garantías procesales a la hora de pinchar las comunicaciones e impuso un sistema de sellado o firma electrónica que garantizase la autenticidad de la información cuando se remitiese al juez.
En paralelo, el Sistema de Interceptación Legal de las Telecomunicaciones (conocido por sus siglas Sitel), no se ha librado tampoco de polémica, al igual que Pegasus, el programa espía israelí con el que se hicieron intervenciones en teléfonos de políticos catalanes. Este extremo ha sido negado siempre por el departamento dirigido por Grande-Marlaska. En 2009, cuando estalló el caso Gürtel, el Partido Popular acusó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de utilizar el sistema Sitel por ser «ilegal e inconstitucional». Posteriormente, el Tribunal Supremo, en distintos dictámenes, avaló su uso.
Pinchazos y trama Koldo
En la actualidad, este sistema ha sido clave para destapar los casos de corrupción que han salpicado en los últimos meses al Gobierno de Pedro Sánchez. Entre ellos, está el caso Koldo. Centenares de conversaciones y llamadas telefónicas intervenidas por la UCO de la Guardia Civil han logrado dar forma y estructura a una trama, encabezada por el empresario Víctor de Aldama y Koldo García, exasesor del ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
Ambos se beneficiaron, presuntamente, de comisiones millonarias durante la peor época de la pandemia con los contratos de compra de mascarillas. El último informe de esta unidad de élite, entre tanto, también ha revelado que el exministro José Luis Ábalos tenía un papel de relevancia y responsabilidad en la organización criminal.
El polémico Pegasus
En cualquier caso, la revelación del supuesto uso ilegal del otro sistema israelí, Pegasus, por parte del Gobierno para espiar distintos políticos catalanes, entre ellos, el expresidente del Parlament, Roger Torrent, y el exdirigente de ERC Ernest Maragall, ha puesto en cuestión la utilización que hacen las fuerzas de seguridad de este tipo de sistemas. Por este motivo, el Congreso, a petición de ERC, aprobó en diciembre la creación de una comisión de investigación por el espionaje a independentistas. Casi un año después, sin embargo, sigue parada por desacuerdos sobre los comparecientes.
Por otro lado, la Audiencia Nacional instruye otra causa en la que trata de dilucidar un supuesto espionaje telefónico. El espionaje en este caso afectó a los móviles del presidente Pedro Sánchez y a los terminales de tres de sus ministros. El juez José Luis Calama archivó las pesquisas de forma provisional en julio por falta de cooperación de las autoridades jurídicas de Israel. Sin embargo, las reabrió hace un mes tras recibir nueva información de Francia.
