El PP amplía a delitos de blanqueo la acusación por estafa contra el hermano de Ximo Puig
La semana que viene presentará un escrito que afectará al padre del expresidente socialista de la Generalitat
El Partido Popular tiene tomada la decisión de ampliar con un delito de blanqueo a los que ya pesan contra las empresas de Francisco Puig, hermano del expresidente de la Generalitat: contra la hacienda pública, prevaricación y malversación de caudales públicos en las ayudas recibidas, según ha podido saber THE OBJECTIVE de fuentes solventes. El escrito se presentará la próxima semana y podría afectar al padre de Ximo Puig, en un procedimiento que ya se encuentra en la última fase, a la espera de juicio, tras finalizar la instrucción.
Este giro de última hora es consecuencia del análisis que la acusación empezó a hacer el pasado mes de julio del informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que escruta las subvenciones recibidas de 1,2 millones de euros por las empresas Comunicació dels Ports, S.A. y Mas Mut Produccions S.L.U. para el fomento del valenciano en los medios de comunicación. Una ayuda concedida por los gobiernos valencianos, que presidía Ximo Puig, y catalán. La querella también afecta a Rubén Trenzano, director general de Política Lingüística y Gestión de Multilingüismo del Ejecutivo de Valencia.
La querella que puso el Partido Popular en 2019 se amplía, ya que han detectado que sacaron el dinero de las sociedades «a través de contratos de arrendamientos que son fraudulentos, a otro hermano de Puig, no imputado, y su padre. Además de recibir el dinero ilegalmente, se blanqueó a través de pagos de nóminas y arrendamientos», según señalan las fuentes consultadas.
El origen de esta causa es consecuencia de las solicitudes de información que realizó la entonces diputada en las Cortes valencianas, Eva Ortiz, hoy senadora del Partido Popular por Valencia. El grupo parlamentario analizó detalladamente los datos facilitados y se detectó la estafa.
En la querella que se interpuso en su día se señala que en diciembre del año 2015 y también en 2016 y 2018 «Francisco Puig, en su condición de consejero delegado de Comunicació dels Ports (CDP), presentó una solicitud de ayudas económicas para el fomento del valenciano en medios de comunicación social, la cual fue concedida. Dichas ayudas se concedieron para los medios de radio, televisión y prensa escrita, y en las solicitudes de la subvención consta el presupuesto, las horas de emisión en valenciano, el número de oyentes, espectadores o lectores, los programas y franja horaria, así como el porcentaje de emisión o contenidos en valenciano. En definitiva, la audiencia o público objetivo previsto». La subvención la concedió el Gobierno valenciano.
Por su parte, Mas Mut Produccions (MMP), «cuyo administrador es también Francisco Javier Puig Ferrer, solicitó durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018 la misma subvención para prensa digital», por parte del Gobierno catalán. También recibió ayudas del Gobierno de Aragón.
En la querella se afirma que «no se cumplen los requisitos exigidos para la concesión de las subvenciones anteriormente acreditadas y, por consiguiente, que las mismas no debían haberse obtenido. No es casualidad que ambas empresas que pertenecen a D. Francisco Javier Puig Ferrer, hermano del Presidente de la Generalitat, sean las únicas que han disfrutado durante estos años de la subvención objeto de litigio en todas sus modalidades». Además, añaden que «resulta sorprendente que la mercantil (CDP) del Sr. Francisco Puig Ferrer sea la única de toda la Comunidad Valenciana que recibe esta ayuda en todas las modalidades previstas en la orden de convocatoria (prensa, radio y televisión)».
Como ejemplo de no haber cumplido los requisitos señala que, «en primer lugar, atendiendo, a modo de ejemplo, a la solicitud de subvención del año 2016, en ella se manifiesta que la audiencia estimada de la televisión es de 35.000 espectadores, lo que influye directamente en el otorgamiento de una subvención de 17.361,17 euros por ese concepto (a la que habría que adicionar las reconocidas por prensa escrita, prensa digital y radio). Pues, bien, basta el sentido común para advertir de la inverosimilitud del dato que justificaría la subvención y que la Administración no se ha molestado en comprobar, pues es imposible una audiencia de 35.000 espectadores en una televisión cuyo ámbito tiene una población de 5.266 habitantes, según el censo del Instituto Nacional de Estadística».
Otro elemento que apunta la querella es que es «cuanto menos sorprendente, que las cuentas anuales de Comunicacions dels Ports S.A. y Mas Mut Produccions en los años anteriores a la Presidencia de la Generalitat Valenciana del Sr. Puig arrojaban resultado negativo y, sin embargo, desde la concesión de las subvenciones y desde la toma de la Presidencia por parte de D. Ximo Puig, las cuentas anuales reflejan resultados positivos».