Moncloa quiere votar el suplicatorio de Ábalos en 15 días: «Ya no contamos con su voto»
El exministro no tendrá que entregar el acta, salvo que ingrese en prisión preventiva. Moncloa ya no descarta nada
Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. | Agencias
Tres años después de las exclusivas de THE OBJECTIVE sobre los motivos de la caída de José Luis Ábalos, ha empezado la cuenta atrás para que el Tribunal Supremo impute a Ábalos por su «papel principal» en una organización criminal que se lucró con las mascarillas y tejió una trama corrupta para evadir el pago de impuestos en la venta de hidrocarburos. Pasados esos tres años, el Gobierno y el PSOE han pasado de condenar a su ex secretario de organización a una muerte civil, con pacto de silencio incluido, a establecer un cortafuegos sobre el mismo para evitar que escalen las responsabilidades. Los socialistas no sólo votarán a favor del suplicatorio, sino que quieren hacerlo «cuanto antes», en 15 días, como desvelan las fuentes gubernamentales consultadas por este periódico.
Según las previsiones del Palacio de la Moncloa, el suplicatorio podría votarse en dos semanas, tres a más tardar, si se apuran al máximo los plazos que establecen las normas que rigen el funcionamiento del Congreso de los Diputados. El artículo 12 del reglamento del Hemiciclo fija un máximo de 35 días, desde la notificación por parte de presidencia de la Cámara Baja hasta que la misma comunica la concesión del suplicatorio, votado en pleno, al Alto Tribunal.
Sin embargo, las fuentes socialistas consultadas explican que la celeridad depende de la voluntad de la Mesa del Congreso de los Diputados, presidida por la socialista Francina Armengol, que actúa a instancias de las directrices de Moncloa. Una vez que Armengol reciba la petición del Supremo, lo cual podría llegar esta misma semana, el órgano rector de la Cámara Baja tiene cinco días para remitirlo a la Comisión del Estatuto de los Diputados, donde se celebrará una audiencia del interesado, que podría ser oral o escrita. El órgano parlamentario tiene un plazo máximo de 30 días para elevar sus conclusiones al pleno del Congreso para su votación final.
«Agilizarlo al máximo»
El núcleo duro del presidente del Gobierno cree que se pueden acortar los plazos a la mitad. Si el mismo martes la Mesa del Congreso envía el suplicatorio a la Comisión del Estatuto del Diputado, esta podría convocar la audiencia de Ábalos para sus explicaciones ante el órgano la semana que viene, lo cual permitiría que, en el menor tiempo posible, la decisión se llevara a pleno la segunda semana de noviembre, habida cuenta de que la primera semana del mes no hay sesiones plenarias en el Congreso.
La intención es «agilizarlo al máximo» y hacer desaparecer de un plumazo al diputado del Grupo Mixto, que se ha convertido en el elefante en la habitación para el PSOE. No hay pleno en el que decenas de ojos socialistas se detengan en su escaño para comprobar sus ausencias o el sentido de su voto. Los negociadores parlamentarios socialistas ponen el acento en que este martes, el exministro ha vuelto a abstenerse en iniciativas del PSOE, alineándose con Junts y sin someterse a la disciplina de voto. «Ya no contamos con su voto», argumentan desde Moncloa para justificar que se vaya a pisar el acelerador en la tramitación de esta autorización parlamentaria para juzgar a uno de los parlamentarios más simbólicos del sanchismo, el artífice de la moción de censura contra Mariano Rajoy, y que aupó a Sánchez hasta La Moncloa.
Sin prisión preventiva, Ábalos seguiría de diputado
En cualquier caso, la imputación de Ábalos no implica la entrega de su acta. El artículo 21 del reglamento del Congreso establece que el diputado sólo será suspendido cuando, «concedida por la cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva», o cuando exista «una sentencia firme condenatoria». De esta forma, y salvo que el juez del llamado caso Koldo, el pago de comisiones en la venta de mascarillas, Ismael Moreno; o Santiago Pedraz, que instruye la investigación de la trama de hidrocarburos, decidieran decretar la prisión preventiva sin fianza del exministro, éste seguiría como diputado. Llegados a este punto, en Moncloa ya no se descarta ningún escenario.
