Sánchez ignora a Page y está decidido a crear un centro de inmigrantes en Ciudad Real
La Junta podría abrir un expediente al dueño de las instalaciones si no explica por qué hay una valla de tres metros
Emiliano García-Page y Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. | Europa Press
El Gobierno de Pedro Sánchez ya no oculta que, una vez cerrada la opción de convertir el aeropuerto de Ciudad Real en centro de acogida de los inmigrantes que entren por Ceuta y Canarias, el Ejecutivo de Castilla-La Mancha será un convidado de piedra. Simplemente, se le informará, pero no habrá ni una consulta previa para conocer su opinión.
Fuentes políticas sostienen que es una manera de ignorar al líder socialista de Castilla-La Mancha. La delegada del Gobierno de esta región, Milagros Tolón, lo confirmó este miércoles: la toma de decisiones recaerá únicamente en Moncloa. Esta postura ha caído como jarro de agua fría sobre el Palacio de Fuensalida, sede del Gobierno manchego. Emiliano García-Page rechaza amparar políticamente que el aeropuerto de Ciudad Real sea «una explotación de negocio sobre los seres humanos». «Es rizar el rizo», señaló en un desayuno informativo organizado por ABC.
García-Page también reveló que Sánchez no manejaba esta información sobre el aeropuerto cuando mantuvieron una reunión a principios de mes. «Es más, creo que cuando dijo, a propósito de los campamentos Meloni, que hay cosas que no arreglan los problemas y crean otros, estaba de alguna manera descartando definitivamente esta ocurrencia de plantar hasta 4.000 emigrantes en medio del campo», añadió.
El Ministerio de Seguridad Social y Migraciones insiste en que este proyecto está en una fase inicial, sin dejar de contemplar otras posibilidades. Pero lo cierto es que el dueño del aeropuerto, Rafael Gómez Arribas -que hasta la fecha no se había pronunciado- afirmó este miércoles que sus instalaciones reúnen todas las condiciones y están preparadas par dar salida a una situación de emergencia y cobijar en los hangares a 3.000 personas. El aeropuerto está 20 kilómetros de la capital, sin ningún servicio alrededor, en mitad del campo. Gómez Arribas insiste en que ni la Junta ni el Ayuntamiento tienen competencias para decidir si este lugar de la Mancha se puede convertir en un centro de acogida de inmigrantes.
Las vallas de la discordia
La semana pasada era el Ayuntamiento de Ciudad Real, regido por Francisco Cañizares, el que hacía saltar la voz de alarma. Avisó de que había cierto movimiento de funcionarios en el aeropuerto de Ciudad Real. Además, observaban in situ que el dueño de esta propiedad había colocado varias hileras de postes sobre los que se situaba una gran valla perimetral de tres metros rodeando parte del aeropuerto. Esto hace pensar que la decisión de llevar hasta allí el centro de acogida de inmigrantes está en un proceso de mayor maduración de lo que dice el Gobierno. Más aún cuando fuentes conocedoras de la iniciativa sostienen que ha habido intercambio de borradores de un contrato de carácter confidencial.
Por esta razón, este pasado domingo, y ante la ausencia de una solicitud de adecuación por parte de Gómez Arribas a las instituciones -es decir, a la Junta de Comunidades y al Ayuntamiento ciudadrealeño-, la administración castellano-manchega anunciaba el envío de una inspección al aeropuerto para conocer así de primera mano qué se está haciendo en este espacio.
El aeropuerto de Ciudad Real forma parte de un Plan Singular de Interés Regional en el que se especifican los usos que puede tener, de modo que otro tipo de dedicación incurriría en una ilegalidad, según explican a THE OBJECTIVE fuentes de la Junta. En el transcurso de su intervención de la sesión del Foro ABC, García-Page indicó que en la infraestructura se puedan hacer «muchas cosas». «Pero esta precisamente no, porque es ilegal».
Un moroso de Hacienda
El aeropuerto privado de Ciudad Real, como ya informó este diario, es propiedad de un empresario que tiene una importante deuda con Hacienda (al menos 12 millones de euros) -como constata el listado del diario El País-, lo que le inhabilita para formalizar un contrato con las administraciones.
Por otra parte, el nombre de Rafael Gómez Arribas aparece en el último informe de la UCO que investiga el caso Koldo. En la agenda de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, constaba una reunión con él para hablar de vuelos chárter desde Ciudad Real a Isla Margarita, a través de una compañía portuguesa. Aquella operación, sin embargo, se vio frustrada el 21 de enero de 2020, cuando Rodríguez aterrizó en el madrileño aeropuerto de Barajas. Recaló durante unas horas, a pesar de que existía una decisión del Consejo Europeo, publicada en el Boletín Oficial de la Unión Europea del 25 de junio de 2018, según la cual, la número dos de Maduro estaba incluida en una lista de 11 personas sujetas a medidas restrictivas para poner un pie en Europa.
El Gobierno de Castilla-La Mancha esperará hasta el viernes para que Rafael Gómez Arribas conteste a la carta que se le remitió el pasado domingo, advirtiéndole de una inspección por no haber hecho ningún tipo de solicitud en cuanto a la valla de tres metros. De no responder, la administración castellano-manchega se reserva el derecho de abrirle un expediente sancionador.
