Defensa ha subido un 22% los sueldos de los capellanes militares en la última década
La partida económica para 83 curas pasa de los 2,8 millones de euros de 2014 a los 3,6 millones en 2023
Monseñor Juan Antonio Aznárez, arzobispo castrense de España. | Foto: Iñaki Gómez (M. de Defensa)
El Ministerio de Defensa ha incrementado la partida económica destinada a sufragar los salarios de los capellanes castrenses un 22% en la última década. Concretamente, de los 2,8 millones de euros de 2014 a los 3,6 millones que hubo en 2023 para un total de 83 curas católicos que asisten espiritualmente a las Fuerzas Armadas, según cifras facilitadas en una respuesta del Portal de Transparencia al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
Estas cifras son las retribuciones brutas íntegras anuales para los sacerdotes integrados en el llamado Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas y que llevan a cabo su labor pastoral en las unidades militares. En dicha cantidad se incluye el mantenimiento de las instalaciones religiosas del arzobispado castrense, que cuenta con dieciocho iglesias y capillas adscritas a los Ejércitos y la Armada, además de cerca de 240 salas en las unidades. Los gastos en ceremonias religiosas y funerales no suponen incremento alguno para las arcas públicas.
Los emolumentos recibidos por los curas militares se acercan al incremento del coste de la vida, que subió un 26,4% en la última década y media. Mientras, los salarios de los administrativos del Estado crecieron un 15,3% en el mismo período. En todo caso, los sueldos de este colectivo castrense eran modestos -y siguen siendo- si se comparan con otros funcionarios. Las retribuciones básicas se encuentran asimiladas a un nivel 26 de la Administración General del Estado. Al sueldo mensual se suman los trienios y complementos de destino.
En este sentido, a principios de año se conoció la adjudicación de un contrato de 63.653,25 euros (IVA incluido) para el catering diario de 15 comensales del Arzobispado castrense para casi todo el ejercicio 2024, concretamente desde el pasado 8 de enero hasta el 30 de noviembre. El precio «unitario» del menú para monseñor Juan Antonio Aznárez y el resto de miembros de su cátedra episcopal es de 11,15 euros al día e incluye el suministro de desayuno, comida y cena de lunes a domingo, ambos inclusive.
El contrato fue adjudicado a Ausolan RCS, una empresa de catering fundada en 1969 en Mondragón (Guipúzcoa) por un grupo de 17 mujeres recién casadas, «que no querían salir del mundo laboral como consecuencia de su matrimonio y que tuvieron el apoyo del sacerdote José María Arizmendiarreta, fundador de Grupo Mondragón», se explica en su web.
Defensa exigió que los menús fueran confeccionados «de acuerdo con las normas dietéticas y de equilibrio nutricional dictaminados por el Organismo competente». Para el primer plato se reclamaron «legumbres, sopas, pastas, verduras, arroz, etc.», mientras que para el segundo tenía que haber «carne -pollo, ternera, cerdo, etc.-, pescado, huevos» junto con dos raciones de pan y una bebida -«agua y refrescos»-.
El departamento de Margarita Robles generó una polémica justo hace casi dos años al no llevar la elección del arzobispo castrense al BOE. Por primera vez en democracia, la elección del máximo representante de la Iglesia católica en las Fuerzas Armadas no fue refrendada por el Consejo de Ministros mediante un real decreto. Una novedad a instancias de la ministra que suscitó incomodidad dentro del ministerio ante la sospecha de que se trataba de una «decisión política» para esquivar un posible rechazo de Podemos.
El nombramiento de un arzobispo castrense es excepcional por varios motivos. Primero, exige una negociación previa entre el Gobierno y el Vaticano para consensuar una terna de candidatos. La lista se entrega al Rey, que tiene 15 días para decidirse por uno de ellos y comunicárselo al Papa, quien está obligado a nombrar al prelado designado.
El vestigio de la presentación de obispos
Así lo estipula el concordato de 1979 suscrito por España y la Santa Sede, siendo este el último vestigio de la llamada presentación de obispos que Roma concedió a los monarcas españoles en tiempos de los Reyes Católicos y que el dictador Francisco Franco utilizó en su beneficio con el tratado bilateral de 1953. Una vez nombrado por el Papa, el Gobierno tiene que otorgar al arzobispo castrense la consideración de general de división porque a efectos administrativos tiene la condición de alto cargo del Ministerio de Defensa -con su correspondiente sueldo público y atribuciones para designar a los capellanes militares-. En su caso, está adscrito a la Subsecretaría, área que en la actualidad dirige Adoración Mateos.
Por ello, los gobiernos de Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero tuvieron que aprobar un real decreto para su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Fue el caso de monseñor Emilio Benavent en 1977, de José Manuel Estepa en 1983, de Francisco Pérez en 2004 y de Juan del Río en 2008. Este último falleció en febrero de 2021 a causa del coronavirus.
Sin embargo, Aznárez juró el 11 de enero de 2023 en la sede del Ministerio de Defensa «hacer cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey», así como «guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado» como cualquier otro alto cargo de la Administración… sin que el Gobierno lo hubiese aprobado previamente mediante un real decreto.
