Defensa destina 63.000 euros a pagar menús a 15 religiosos del Arzobispado castrense

El Ministerio de Defensa ha adjudicado un contrato de 63.653,25 euros (IVA incluido) para el catering diario de 15 comensales del Arzobispado castrense para casi todo el ejercicio 2024, concretamente desde el pasado 8 de enero hasta el 30 de noviembre. El precio «unitario» del menú para monseñor Juan Antonio Aznárez y el resto de miembros de su cátedra episcopal es de 11,15 euros al día e incluye el suministro de desayuno, comida y cena de lunes a domingo, ambos inclusive.

El pliego de descripciones técnicas del contrato subraya que el Arzobispado castrense se reserva la facultad de suspender el suministro en determinadas fechas coincidiendo con el cierre de su sede. En el caso concreto de la Semana Santa, tendrá un máximo de 10 días para ello.

El contrato ha sido adjudicado a Ausolan RCS, una empresa de catering fundada en 1969 en Mondragón (Guipúzcoa) por un grupo de 17 mujeres recién casadas, «que no querían salir del mundo laboral como consecuencia de su matrimonio y que tuvieron el apoyo del sacerdote José María Arizmendiarreta, fundador de Grupo Mondragón», se explica en su web.

Las obligaciones y requisitos para la entrega del catering en el número 15 de la calle del Nuncio, sede del Arzobispado castrense, son muy concretas. El desayuno se suministrará cada mañana «en horario 08.00 a 08.15 horas». La comida, entre las 14.00 y las 14.15 horas, mientras que la cena tendrá que entregarse entre las 21.00 y las 21.15 horas.

La empresa adjudicataria tendrá que responder «de la buena calidad de los productos» con los que se elaboran los menús y deberá anticipar al arzobispo Aznárez, «para su conformidad», los menús de las comidas y las cenas «siete días antes de la finalización de cada mes».

Además, Defensa exige que los menús sean confeccionados «de acuerdo con las normas dietéticas y de equilibrio nutricional dictaminados por el Organismo competente». Para el primer plato se suministrarán «legumbres, sopas, pastas, verduras, arroz, etc.», mientras que para el segundo tendrá que haber «carne -pollo, ternera, cerdo, etc.-, pescado, huevos» junto con dos raciones de pan y una bebida -«agua y refrescos»-.

El departamento de Margarita Robles generó una polémica justo hace un año al no llevar la elección del arzobispo castrense al BOE. Por primera vez en democracia, la elección del máximo representante de la Iglesia católica en las Fuerzas Armadas no fue refrendada por el Consejo de Ministros mediante un real decreto. Una novedad a instancias de la ministra que suscitó incomodidad dentro del ministerio ante la sospecha de que se trataba de una «decisión política» para esquivar un posible rechazo de Podemos.

El nombramiento de un arzobispo castrense es excepcional por varios motivos. Primero, exige una negociación previa entre el Gobierno y el Vaticano para consensuar una terna de candidatos. La lista se entrega al Rey, que tiene 15 días para decidirse por uno de ellos y comunicárselo al Papa, quien está obligado a nombrar al prelado designado.

Así lo estipula el concordato de 1979 suscrito por España y la Santa Sede, siendo éste el último vestigio de la llamada presentación de obispos que Roma concedió a los monarcas españoles en tiempos de los Reyes Católicos y que el dictador Franciso Franco utilizó en su beneficio con el tratado bilateral de 1953.

Una vez nombrado por el Papa, el Gobierno tiene que otorgar al arzobispo castrense la consideración de general de división porque a efectos administrativos tiene la condición de alto cargo del Ministerio de Defensa -con su correspondiente sueldo público y atribuciones para designar a los capellanes militares-. En su caso, está adscrito a la Subsecretaría, área que en la actualidad dirige Adoración Mateos.

Por ello, los gobiernos de Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero tuvieron que aprobar un real decreto para su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Fue el caso de monseñor Emilio Benavent en 1977, de José Manuel Estepa en 1983, de Francisco Pérez en 2004 y de Juan del Río en 2008. Este último falleció en febrero de 2021 a causa del coronavirus.

Sin embargo, Aznárez juró el 11 de enero del pasado año en la sede del Ministerio de Defensa «hacer cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey», así como «guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado» como cualquier otro alto cargo de la Administración… sin que el Gobierno lo hubiese aprobado previamente mediante un real decreto.

La orden ministerial que regula el funcionamiento y la estructura del Arzobispado General Castrense data del 1 de diciembre de 1978 y fue firmada por el entonces vicepresidente del Gobierno y ministro de Defensa, general Manuel Gutiérrez Mellado. Se trata, por tanto, de una norma preconstitucional que no ha sufrido cambios desde entonces. Pero Robles hizo una interpretación del texto diferente a la de sus predecesores.

«Revisada y analizada dicha norma, no es necesaria ninguna otra para formalizar administrativamente el nombramiento del arzobispo castrense», respondió una portavoz de la ministra a preguntas de este periódico. También se hizo hincapié en que el artículo 3 de la orden «ya recoge que el arzobispo castrense será asimilado a general de división» y que el nombramiento en sí de la persona encargada de asistir espiritualmente a las Fuerzas Armadas «corresponde al Papa». Desde el Arzobispado Castrense se limitaron a indicar a THE OBJECTIVE que el cambio de criterio había sido una decisión que compete en exclusiva al Ejecutivo.

Las fuentes militares del propio ministerio discreparon de los argumentos del equipo de la ministra. «Se le tiene que nombrar (a Aznárez) al servicio de Defensa. Es como los capellanes, que son designados sacerdotes por la Iglesia pero luego aprueban una oposición y son nombrados capellanes castrenses en plantilla de Defensa, cobrando como tales de la nómina del ministerio», explicaron.

Por ello, sugirieron que Robles no había querido llevar el real decreto del arzobispo castrense al Consejo de Ministros para no arriesgarse a un veto de Podemos o bien, para que la formación morada no airease la aparente contradicción que suponía ‘ascender’ a un religioso a la condición de general de división mediante una decisión publicada en el BOE.