Robles enfada a los intendentes al diseñar una plaza 'ad hoc' para una militar de su gabinete
Malestar en Defensa ante la posible elección de una interventora como subdirectora general de Contabilidad
La ministra de Defensa, Margarita Robles. | Ministerio de Defensa
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha vuelto a encrespar los ánimos dentro del Cuerpo de Intendencia de las Fuerzas Armadas al rebajar los requisitos para ocupar la plaza vacante de subdirector general de Contabilidad dentro de su departamento, un puesto que casi siempre ha estado ocupado por generales de división o brigada y para el que ahora solo se pide un mínimo de 15 años de antigüedad.
Robles firmó el 28 de octubre el cese del general de división de Intendencia Luis Alberto Castilla al frente de esta subdirección general adscrita a la Dirección General de Asuntos Económicos del ministerio, debido al pase a retiro de este último. Con carácter previo, el pasado 15 de octubre, publicitó en el BOE la convocatoria de este puesto de libre designación, porque así se lo exige una orden de Función Pública del pasado año para la adjudicación de plazas de cargos directivos dentro de la Administración.
En el apartado de observaciones para optar a este puesto de subdirector general de Contabilidad es donde aparece el requisito de tener «una antigüedad mínima de quince años como personal militar de carrera de las Fuerzas Armadas perteneciente a cuerpos y escalas con una categoría equivalente a A1 o como funcionario/a de carrera en el subgrupo A1, valorándose años adicionales de experiencia en la Administración».
Un «paripé», a juicio de fuentes militares consultadas por THE OBJECTIVE, ya que «la puede pedir casi cualquier civil o militar intendente o interventor con 15 años de antigüedad, incluso un capitán antiguo» cuando este puesto ha estado en manos de generales o, a lo sumo, de coroneles a punto de ascender.
En los pasillos del ministerio se da por hecho que el cargo recaerá en Ángeles Cano, una teniente coronel que trabaja en el gabinete de la ministra desde hace un año y que, hasta ese momento estuvo destinada en el palacio de La Zarzuela como interventora en el Cuarto Militar supervisando el control del gasto dentro de la Guardia Real. Precisamente, el hecho de que esta teniente coronel sea del Cuerpo de Intervención es una de las causas por la que los intendentes están en pie de guerra ante su posible nombramiento.
Los intendentes son los encargados de la gestión económica y logística dentro del Ministerio de Defensa. Hacen el planeamiento previo de los recursos económicos, mientras que los interventores se dedican al posterior control financiero y la auditoría pública del gasto. «El área de Contabilidad es pura y dura intendencia. El interventor no es competente como cuerpo en ese ámbito», advierten las citadas fuentes.
A ello se añade la falta de galones de Ángeles Cano, que aún no ha ascendido a coronel -está previsto que ello se produzca en diciembre- y a la que le esperan varios años para optar al generalato. Si consigue el puesto de subdirectora general de Contabilidad dentro de Defensa, daría instrucciones a los directores de asuntos económicos de Tierra, Aire y Armada: los tres son generales de división en la actualidad. Para más inri, si la elegida es esta interventora que trabaja en el gabinete de la ministra, se encontraría en la Subdirección General de Contabilidad con coroneles más antiguos que ella a sus órdenes.
A pesar de la extendida sospecha de que Robles se decantará por esta teniente coronel interventor que trabaja en su gabinete, un buen número de oficiales intendentes han presentado su solicitud para dicho puesto con el fin de que Defensa «no pueda decir que no la han pedido candidatos con aptitudes y capacitados». Y es que el Cuerpo de Intendencia lleva varios años en guardia con la ministra, sobre todo tras la polémica destitución en julio de 2021 del entonces subdirector general de Servicios Económicos y de Pagadurías, el general de división Joaquín Pérez-Íñigo García Malo de Molina.
Varapalo judicial por otro caso
Robles sufrió por este caso un varapalo judicial el pasado mes de mayo, cuando la Sala Quinta de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional revocó el citado cese, al no justificarlo ni convocar un concurso público de méritos para sustituirle en la plaza vacante. En la práctica, la sentencia aplicó la doctrina impuesta por el Tribunal Supremo en el caso de la destitución de Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Guardia Civil.
En el asunto que afectó a Pérez-Íñigo, la Audiencia criticó la decisión de Robles de reubicar de forma sorpresiva al general de su cargo, en el que llevaba casi siete años, y recordó a la ministra, citando al Supremo, que la razón que justifica el cese no puede ser «vaga, imprecisa o rituaria», o a base de «expresiones opacas, estandarizadas». Pérez-Íñigo pasó de ser alto cargo a desempeñar, el mismo día de su cese, un puesto burocrático sin responsabilidad alguna como asesor de la entonces subsecretaria de Defensa, Amparo Valcarce, que en la actualidad es la número dos de Robles en su condición de secretaria de Estado.
La ministra colocó en su lugar a la coronel María Teresa Gordillo, quien poco después se convirtió en la tercera militar española en llegar al generalato. Lo más llamativo de ese nombramiento fue que esta última pertenecía a Intervención, mientras que el general era de Intendencia. De ahí que esta elección provocase malestar en los oficiales de este último cuerpo militar por ser contraria a la tradición, según desveló El Confidencial Digital. Lo mismo que va a ocurrir ahora si Ángeles Cano se queda con la vacante de Contabilidad que ocupaba Luis Alberto Castilla hasta ahora.
La decisión de la Audiencia Nacional de revocar el cese de Pérez-Íñigo no tuvo efectos prácticos, pues el demandante ya había pasado a la reserva en 2022 y falleció poco después. La sentencia, eso sí, llegó a anular la elección de Gordillo «por no ser ajustada a Derecho», pero tampoco le afectó a esta última, ya que el puesto de subdirector general de Servicios Económicos y de Pagadurías lo desempeña en la actualidad el general de brigada José Luis Vázquez y ella es general interventora en la Armada.
Pérez-Íñigo provocó gran revuelo en Defensa en 2021 cuando, estando en activo, envió un recurso a la ministra para que reconsiderase su cese de mayo de aquel año. La iniciativa del general de Intendencia fue completamente inusual ya que no había muchos precedentes en las últimas décadas de oficiales de alta graduación que diesen dicho paso. El caso más conocido durante el mandato de Robles fue el del vicealmirante Alfonso Gómez Fernández de Córdoba, que en 2019 consiguió que el Tribunal Supremo anulase su pase forzoso a la reserva tras su destitución como subdirector de Reclutamiento y Orientación Laboral, encargado de las oposiciones militares.
Fuentes militares ya subrayaron por aquel entonces que Pérez-Íñigo había tenido «roces» con Valcarce en aquella época. Mientras que el responsable de Servicios Económicos y Pagadurías era «muy estricto en las contrataciones» de Defensa, la segunda «iba por delante de los compromisos» al comprometer desfiles, ferias de enseñanza o tiradas de libros antes de cerrar el gasto. Así que cuando Valcarce ascendió en la cúpula de Defensa, estos problemas con Pérez-Íñigo se acrecentaron. «Iban descoordinados. El procedimiento se cumplía, pero el general no paraba de exigir que se cumpliesen todos los pasos en una contratación. No le gustaban las formas», resumieron las citadas fuentes sobre el choque entre la entonces subsecretaria y su subordinado.
Pérez-Íñigo llevaba en el cargo casi siete años. Fue nombrado en julio de 2014 y se había mantenido en el puesto con tres ministros -Pedro Morenés, María Dolores de Cospedal y la citada Robles-, de ahí que compañeros suyos en Defensa subrayasen su «intachable expediente» durante esos años. Al final, la ministra y su número dos solventaron esta incómoda situación para la segunda con el cese del general y su sustitución por la coronel María Teresa Gordillo, aunque la Audiencia Nacional tumbó dicha decisión tres años después.
