El PP forzará a Marlaska a explicar por qué desmanteló la unidad de élite contra la droga

El Grupo Parlamentario Popular intentará forzar la comparecencia en el Pleno del Congreso de los Diputados del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que explique el desmantelamiento del OCON-Sur, la unidad de élite de lucha contra el narcotráfico, según ha podido saber THE OBJECTIVE de fuentes parlamentarias. Esta solicitud es la respuesta de los populares a los últimos datos que han aparecido sobre las causas de la eliminación de este operativo, que apuntan a un montaje de un grupo de policías para hacerla desaparecer.

En el escrito presentado en la Cámara Baja, firmado por el portavoz popular Miguel Tellado, el PP recuerda que esta unidad tenía su centro principal de operaciones en el Campo de Gibraltar «y ahora conocemos que se cerró con base en datos falsos y que el propio Ministerio del Interior avaló dichos informes; y ahora un juez ha imputado al autor de los informes».

Hay que recordar que el Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid ha citado a declarar como querellado al inspector de la Udyco Central de la Policía Nacional que firmó el informe que sirvió para acusar de vínculos con el narcotráfico al exjefe del Organismo de Coordinación de Narcotráfico (OCON-SUR), la unida creada para lucha contra el tráfico de drogas en el Campo de Gibraltar.

Lo hace después de que la Audiencia de Madrid le haya ordenado admitir a trámite e investigar la querella presentada por el que fuera jefe del organismo, David Oliva, y un miembro de su equipo contra los policías que les investigaron y acusaron de tener vínculos con los narcos del Campo de Gibraltar. Oliva está pendiente de juicio por las gestiones que hizo para saber por qué estaba siendo investigado, pero lo que ahora se va a investigar es si esos agentes urdieron un montaje contra ellos, como plantea la querella del mando de la Guardia Civil y del otro agente.

Oliva y su subordinado presentaron la querella en febrero de 2023 en un juzgado de Algeciras contra los instructores de las investigaciones de la Udyco Central de la Policía Nacional y de la Unidad de Servicios Internos de la Guardia Civil. Esa querella la retiraron finalmente y la presentaron en un juzgado de Madrid. En ella aseguran que los procesos contra ellos por supuesta colaboración con narcotráfico, entre otros delitos, son fruto de un montaje para desacreditar sus éxitos en la lucha contra el narcotráfico, en una operación en la que intuía «celos» o «rencillas personales» de mandos intermedios de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.

La querella acusaba a los dos instructores del informe de delitos de falsedad en documento público, acusación y denuncia falsa y estafa procesal, e incluía documentación que probaría, por ejemplo, que ninguno de ellos estaba presente en los lugares y horas en las que algunos seguimientos que se adoptaron como pruebas les ubicaban. El juzgado número 18 de Madrid decidió archivarla, pero la Audiencia le ha obligado a reabrirla y a llamar a declarar al instructor de la Udyco por actuaciones que «presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos de acusación o denuncia falsa».

Esta petición de comparecencia se suma a otra batería de solicitudes que el Grupo Popular presentará este miércoles en la reunión de la Diputación Permanente para que sean incluidas en una sesión extraordinaria del Pleno, ya que al ser periodo inhábil no se retoman los plenos ordinarios hasta la segunda semana de febrero.

Los populares, según ha podido saber THE OBJECTIVE, reclamarán la presencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares «para informar sobre las medidas adoptadas por el Gobierno de España frente al golpe de Estado perpetrado por Nicolás Maduro el 10 de enero en Venezuela, así como las acciones previstas para reconocer a Edmundo González como presidente legítimo, lograr la liberación inmediata de los presos políticos y asegurar una transición democrática en el país».

Igualmente, solicitarán que el ministro de Transformación Digital, Óscar López, explique «las actuaciones del Gobierno dirigidas a garantizar la prestación sanitaria a los funcionarios del mutualismo administrativo (Muface), incluidos los más de 8.000 trabajadores que prestan servicio en el exterior».

Otras tres solicitudes ya anunciadas por el PP son las del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, sobre «la situación procesal del fiscal general del Estado, incompatible con el ejercicio de su cargo, y sobre la implicación de la Presidencia del Gobierno y el Ministerio de Justicia en la ‘dinámica delictiva’ que señala el Tribunal Supremo en su reciente auto».

La segunda es la de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, «para informar sobre la gestión del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) desde el año 9109 y, especialmente, sobre las numerosas irregularidades detectadas en relación con el Programa CNIO-Arte, la contratación de personal, el fraccionamiento de contratos o la realización de viajes».

Finalmente, también quieren que Albares aporte los detalles del «acuerdo al que el Gobierno de España ha llegado con el Reino de Marruecos, y las condiciones impuestas por este para reabrir la aduana comercial de España, situada en Melilla, así como el régimen aduanero de viajeros reconocido internacionalmente».