El PP retrasará en el Senado la cesión de la inmigración como hizo con la amnistía

El Grupo Popular en el Senado no descarta dilatar hasta en dos meses la tramitación de la proposición de ley que delega las competencias de inmigración en Cataluña, presentada en el Congreso de los Diputados por el PSOE y Junts, según ha podido saber THE OBJECTIVE de fuentes populares. Esta estrategia es la misma que siguieron con la amnistía, cuando reformaron el Reglamento para dar capacidad al Senado y poder decidir si estas iniciativas parlamentarias que llegan del Congreso se tramitan de forma urgente u ordinaria.

Los populares están dispuestos a utilizar su mayoría absoluta en el Senado para evitar que esta medida, que consideran inconstitucional, pueda entrar en vigor en el menor tiempo posible y saltarse informes como los del Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), si la tramitan de urgencia. El Grupo Popular puede aprobar en la Mesa del Senado que siga el procedimiento ordinario, aunque la mayoría de PSOE y Sumar en el Congreso decidan hacerlo por el de urgencia en la Cámara Baja.

El primer trámite que tiene que pasar esta polémica proposición de ley es el de la Mesa del Congreso que, en su reunión de este martes, podría calificar la iniciativa y darle vía libre a su tramitación para su toma en consideración en el pleno. Para ello, necesitará el informe favorable de los letrados de la Cámara. Una circunstancia que compromete, de nuevo, al letrado mayor, Fernando Galindo, afín al PSOE, que tendrá que sortear la inconstitucionalidad de una cesión de competencias, cuestionada por muchos juristas y por varios letrados del Congreso.

Antes de esta reunión, el PP podría recusar al letrado mayor por incompatibilidad, según señalaron a THE OBJECTIVE letrados del Congreso. Galindo llegó a este cargo después de ostentar responsabilidades en el Gobierno de Sánchez. Este cuerpo jurídico cree que estas dos leyes pueden sustentar la recusación, por un lado, la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, por otro, la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. Ambas regulan «la abstención y recusación. El PP tendría que pedir que el informe lo haga otro letrado, ponerlo en marcha todo, ya. Se creen que tienen tiempo, pero no lo tienen. Deben actuar rapidísimo», señalan.

Con estas dos leyes, siempre según la versión de los letrados, se podría recriminar a Galindo «su origen, al estar contaminado por haber sido subsecretario del Ministerio y tener interés directo o indirecto por haber formado parte del Gobierno. Por ahí se le puede decir que no es imparcial y que se separe de este tema. Hay que intentar pararlo antes». 

Aunque la proposición de ley supere el trámite de la mesa, socialistas e independentistas catalanes no lo tienen fácil, ya que parte de los socios de investidura que le garantizaron la presidenta del Gobierno a Pedro Sánchez, ya han manifestado su negativa a respaldar esta cesión, acusando al PSOE y Junts de «xenofobia». Las formaciones que se han mostrado en contra son Podemos o Bildu, y queda por ver qué hará el PNV, BNG o Coalición Canaria. Los votos en contra que están claros son los del PP y Vox.

Sin el grupo completo de la investidura será imposible sacar adelante esta proposición de ley que, en el caso de que prospere, tendrá que someterse a un examen de constitucionalidad, ya que el Partido Popular y Vox podrían presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.

La portavoz del Grupo Popular en la Cámara Alta, Alicia García, ha asegurado a este periódico que «el acuerdo sobre inmigración entre el Gobierno de Sánchez y Junts es injusto e inconstitucional. Entregar la seguridad nacional y las fronteras a cambio de un tiempo más en La Moncloa es extremadamente grave». García subraya que «el Gobierno vuelve a utilizar una artimaña parlamentaria para evitar los informes de los expertos y para acortar los plazos de su tramitación. Lo hicieron con la amnistía y ahora quieren volver a repetirlo con esta nueva cesión a Puigdemont».

Ante esta situación, señala que «por mucho que lo intenten no podrán escapar de ello por la reforma del Reglamento que impulsamos para proteger a los españoles del trilerismo parlamentario y legislativo con el que el Gobierno de Sánchez pretende hurtar a los españoles que puedan conocer, de la mano de los organismos pertinentes, las consecuencias de las claudicaciones de Sánchez al independentismo».