Obligan a Exteriores a revelar qué ofreció a otros países para oficializar el catalán en la UE

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación tendrá que revelar qué ofreció España a otros países para hacer cooficial el catalán en la Unión Europea. Concretamente, a dar explicaciones sobre los acuerdos alcanzados con todos los países miembros de la UE para este asunto después de que el Consejo de Transparencia lo trasladase a dicho departamento, según ha podido conocer THE OBJECTIVE en exclusiva.

Este periódico solicitó a la cartera encabezada por José Manuel Albares los acuerdos alcanzados con todos y cada uno de los países miembros de la Unión Europea a cambio de la aprobación de la cooficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE. En respuesta, el Ministerio indica que «el Gobierno sigue trabajando por el reconocimiento del euskera, gallego y catalán como lenguas oficiales de la Unión Europea. Esta iniciativa tiene por objetivo la defensa de la identidad nacional española, que es plurilingüe, y del sistema constitucional español». «A tal fin, el Gobierno de España ha emprendido un proceso de diálogo con todos los Estados miembros de la UE, con el fin de alcanzar el apoyo del Consejo de la UE en este asunto».

Dado que en su respuesta la secretaría no atendía la solicitud de información ni hacía referencia explícita a los acuerdos alcanzados o a las propuestas planteadas —puesto que se limitaba a una declaración general sobre el proceso de diálogo y los objetivos de defensa de la identidad nacional—, se presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia. El recurso se fundamentó en que la contestación del organismo público no aclaraba si existían acuerdos ni ofrecía detalles sobre las negociaciones, lo que podría interpretarse como un incumplimiento de la obligación de proporcionar información pública.

Posteriormente, el Consejo transmitió la reclamación a dicha cartera y solicitó la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones pertinentes, a lo que se respondió que «la solicitud no concuerda con la definición de información pública», porque el derecho de acceso solo se aplica a documentos o contenidos que ya existan y estén en poder de los organismos públicos, no a «aquellas solicitudes en las que lo pretendido es evidenciar una queja, como se desprende de los términos literales de la solicitud de acceso de este caso». Asimismo, señala que tampoco sería aplicable por los límites de la Ley que protege determinados intereses frente a la obligación de transparencia.

En consecuencia y tras hacer una evaluación, el Consejo entiende que la alegación del ministerio «no se sostiene, en tanto que no se aprecia expresión de queja alguna en la petición formulada por el solicitante, sino pretensión por acceder a documentos». Además, considera que «no resulta de recibo apuntar que lo pretendido no es información pública en el curso del procedimiento de reclamación, ya que su apreciación impide el examen sobre el fondo de la solicitud» y que «no se ha acreditado que la información solicitada se sitúe fuera del ámbito material del derecho de acceso a la información pública». Por todo ello, insta al departamento a compartir la información.

Oficialidad del catalán, gallego y vasco en la UE

En septiembre de 2023, el Gobierno de España, tras un acuerdo con Junts, registró en la UE una solicitud formal para que el catalán, el euskera y el gallego alcanzaran el estatus de lengua oficial en la Unión. La propuesta no implicaba, en principio, una reforma de los tratados europeos, sino una modificación del «régimen lingüístico» por parte del Consejo, que requiere la aprobación unánime de los 27 Estados. La razón invocada por el Gobierno es el reconocimiento de la realidad lingüística de España, ya que estas lenguas son cooficiales en varias comunidades autónomas, las hablan millones de personas, y su uso está consagrado en la Constitución y la normativa autonómica, por lo que el Ejecutivo considera que la UE debería reflejar esa pluralidad en sus instituciones.

Desde entonces, la propuesta se ha incluido de forma recurrente en la agenda del Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea, al menos en seis ocasiones hasta 2025, aunque nunca ha logrado la unanimidad necesaria. En diciembre de 2023 se estimó que hacer oficiales las tres lenguas tendría un coste anual de unos 132 millones de euros (unos 44 millones por lengua) que tendrían que ser asumidos por el Gobierno de España. Según declaró Albares el pasado mes de mayo en entrevistas para TV3 y Catalunya Radio, hay 20 de los 27 países que «están en condiciones de avanzar» con la propuesta y, además, algunos se han mostrado públicamente dispuestos a colaborar, como es el caso de Dinamarca.

A pesar de ello, otros países como Finlandia, Austria, Suecia e Italia han mostrado dudas. En el caso del primero, su ministro de Asuntos Europeos declaró que el asunto «no está maduro» para ser votado. Por ello, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha empezado a abrir diálogos bilaterales con países clave, como es el caso de Alemania, con el objetivo de superar las reticencias o dudas expresadas e intentar convertir la abstención en una posición favorable o al menos neutral que facilite la consecución de la unanimidad.