Los seis grandes partidos esconden el sueldo de sus dirigentes, contratos y estructura interna

Los seis principales partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados incumplen de forma generalizada las obligaciones básicas de la Ley de Transparencia. Así lo acreditan los informes individuales de evaluación publicados en 2025 por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que constatan que ninguna formación publica las retribuciones de sus máximos responsables y que, además, persisten carencias relevantes en información sobre contratos, presupuestos, organigramas y perfiles profesionales de sus dirigentes.

El organismo ha revisado por segundo año consecutivo los portales de transparencia del Partido Socialista, Partido Popular, Vox, Sumar, Podemos e Izquierda Unida para comprobar el grado de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa previstas en la Ley 19/2013. La conclusión del informe, analizado por THE OBJECTIVE, es contundente: más de una década después de la entrada en vigor de la norma, la transparencia interna de los partidos sigue siendo incompleta, desigual y, en algunos casos, regresiva.

Uno de los déficits más relevantes señalados por el Consejo afecta a la información económica básica. En todos los casos analizados, los partidos incumplen la obligación legal de publicar las retribuciones de sus máximos responsables, un elemento clave para el control del uso de fondos públicos y subvenciones. Este incumplimiento ya había sido advertido en la evaluación de 2024 y no ha sido corregido en ninguno de los seis partidos evaluados.

Transparencia bajo lupa

La falta de transparencia no se limita a los sueldos. Los informes detectan importantes carencias en la publicación de contratos, convenios y relaciones económicas con las administraciones públicas. Partido Popular, Vox e Izquierda Unida no publican información sobre contratos adjudicados por administraciones públicas, ni mayores ni menores, ni datos estadísticos de contratación. Tampoco facilitan información completa sobre convenios suscritos con administraciones, lo que impide seguir la huella económica de sus relaciones institucionales.

En el ámbito presupuestario, la situación tampoco es homogénea ni satisfactoria. El Consejo constata que PP e Izquierda Unida no publican sus presupuestos, mientras que Vox solo tiene disponible el correspondiente a 2022, claramente desactualizado. En el caso de Sumar, faltan tanto los presupuestos como información completa sobre su ejecución presupuestaria y sobre los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas.

Otro de los puntos críticos señalados por el supervisor es la opacidad organizativa. Varios partidos no publican el organigrama completo ni la descripción clara de su estructura interna. En algunos casos, como el Partido Popular y Sumar, el Consejo constata incluso una regresión: información que sí estaba disponible en la evaluación de 2024 ha desaparecido en la revisión de 2025. Vox, por su parte, no publica ni la estructura organizativa ni el organigrama ni los perfiles profesionales de los miembros de sus órganos de gobierno.

Sin perfiles profesionales

La falta de información sobre perfiles y trayectorias profesionales es otro de los déficits recurrentes. Izquierda Unida solo publica datos del coordinador general, pero no del conjunto de su dirección. Podemos y PP no facilitan información completa sobre la formación y experiencia de todos sus responsables, mientras que Vox no publica ningún perfil detallado de sus órganos de dirección. Esta ausencia impide evaluar la cualificación de quienes dirigen organizaciones financiadas en parte con recursos públicos.

El Consejo mide el grado de cumplimiento mediante el Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO), que evalúa no solo si la información se publica, sino también si está accesible, estructurada conforme a la ley, clara, reutilizable y actualizada. En 2025, el índice oscila entre el 83,1% del PSOE, el mejor resultado, y el 33,2% de Vox, con el Partido Popular en niveles muy similares. Sumar e Izquierda Unida se sitúan en posiciones intermedias, mientras que Podemos registra una mejora significativa, aunque sin alcanzar el cumplimiento pleno.

Más allá de los porcentajes, el informe pone el foco en la escasa aplicación de las recomendaciones formuladas en 2024. PP y Vox no han aplicado ninguna de las doce recomendaciones realizadas por el Consejo en la evaluación anterior. El resto de formaciones solo ha corregido parcialmente las deficiencias detectadas: PSOE y Podemos han aplicado cuatro recomendaciones cada uno; Izquierda Unida, cuatro de 13; y Sumar, cinco de 13.

Fiscalización de partidos

El Consejo subraya que estos incumplimientos no responden a problemas técnicos puntuales, sino a déficits persistentes en la cultura de transparencia de los partidos políticos, que se mantienen tras dos evaluaciones consecutivas. Además, en todos los casos se detectan problemas de calidad de la información: ausencia de fechas de actualización, falta de datación y publicación en formatos no reutilizables, lo que dificulta el análisis y la fiscalización externa.

La evaluación se ha realizado con recursos propios del organismo y mediante la metodología Mesta, desarrollada junto a la extinta Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas. Los informes individuales y las alegaciones de los partidos están disponibles en la web del Consejo.

Pese a la reiteración de los incumplimientos, el sistema de control presenta límites evidentes. El Consejo carece de capacidad sancionadora directa y se limita a formular recomendaciones, sin consecuencias prácticas para las formaciones que las ignoran. El resultado es un escenario en el que la opacidad interna de los partidos persiste sin efectos correctores, incluso en aspectos tan básicos como saber cuánto cobran sus dirigentes, cómo se organizan internamente o qué relaciones económicas mantienen con las administraciones públicas.