Las feministas crean un registro de los hombres que han usado la 'ley trans' para beneficiarse

La Alianza Contra el Borrado las Mujeres, que aglutina a más de un centenar de colectivos feministas, ha elaborado un mapa interactivo que localiza y documenta todos los casos recogidos por la prensa en los que la aplicación de la ley trans impulsada por Irene Montero, y asumida por Ana Redondo, ha permitido «sortear y pervertir» la Ley Integral de Violencia de Género (LIVG) y otras normativas «implantadas con el objetivo de corregir las desigualdades entre mujeres y hombres». El mapa, que está disponible desde este lunes, sitúa geográficamente estos casos y detalla todos los pormenores, enlazando a la referencia mediática correspondiente.

El mapa recoge casos de maltratadores, asesinos o proxenetas de menores que han modificado su sexo registral y ya son legalmente mujeres. Hay también casos en que un cambio legal de sexo ha dilatado juicios por violencia machista, al no saber si la denuncia debía ser tramitada en un juzgado de violencia sobre la mujer o en sin juzgado de instrucción (el cambio de sexo legal no afecta a los procedimientos por violencia machista cometidos previamente, pero sí en aquellos posteriores al cambio).

Las feministas han documentado más de un centenar de ejemplos, aunque el mapa se seguirá actualizando. De momento, solo están los que han trascendido a medios de comunicación. En este sentido, la alianza denuncia «el oscurantismo de las instituciones que están negando acceso a la información que permitiría conocer la amplitud real del problema». Y es que las respuestas obtenidas por las feministas en sus consultas al Portal de Transparencia reconocen la ausencia de sistematización. En la recogida de datos, lo que evidencia, a juicio de las solicitantes, «una falta de voluntad política de hacer accesibles informaciones que pondrían de manifiesto la chapuza legislativa que implica un concepto jurídico como la autodeterminación de un dato registral».

Las feministas denuncian que en el registro no se verifican los antecedentes penales del solicitante del cambio de sexo registral, y que alertaron de los resultados de la ley trans: «Mujeres víctimas de maltrato han perdido, o han visto postergados los apoyos y protección específica que prevé LIVG, que quedan así desactivados. Se han denunciado situaciones en las que hombres opositores han obtenido plazas al acceder a los exámenes utilizando un DNI femenino, haciendo un uso indebido de las acciones positivas destinadas a empleos con baja representación de mujeres».

Asimismo, el mapa incluye casos en los que el cambio de sexo registral ha permitido que varones reclamen el uso de vestuarios femeninos en los centros de trabajo, en las comisarías, en los cuarteles o en los lugares de ocio. Una circunstancia que se reproduce en las prisiones de mujeres, a la que asesinos violadores o proxenetas han solicitado el traslado. El caso más sonado en este sentido es el de Jonathan Robaina, asesino y violador de su prima, Vanessa Santana, que durante el juicio exigió ser llamado Lorena.

Las feministas clásicas denuncian que la atribución a las mujeres de crímenes cometidos por hombres «altera la estadística y presenta un panorama distorsionado de la realidad», hasta el punto de que las violaciones con penetración cometidas por mujeres se han multiplicado por ocho en cinco años, pasando de 25 en 2019 a 198 en 2024. Esto es, se han disparado un 792% en un lustro.

«No son nuestros crímenes», denuncian las feministas, que hacen una reflexión final: «Los casos que se recogen en el mapa, solo una parte del total que se desconoce, ponen en entredicho las declaraciones oficiales sobre la irrelevancia del impacto negativo de la ley trans en los derechos y la seguridad de las mujeres. Ninguna magnitud es intrascendente cuando juega a favor de socavar esos derechos».