La Eurocámara sancionó a dos eurodiputados españoles por acoso antes del 'caso Comín'

La investigación que ha llevado a cabo el Parlamento Europeo respecto a la denuncia de acoso psicológico y sexual contra Toni Comín por parte de un exasesor parlamentario compete al Comité Consultivo sobre acoso de la Eurocámara, una comisión que se puso en marcha en 2014 para tratar de abordar posibles delitos o malas prácticas, en especial en la relación entre eurodiputados y su personal. En la legislatura anterior, de 2019 a 2024, se dieron a conocer públicamente solo tres casos que concluyeron en sanción. De estos tres, dos fueron hacia parlamentarios españoles.

La eurodiputada Mónica Silvana González, del PSOE, fue sancionada en enero de 2023 a 30 días de suspensión de actividad parlamentaria y dietas por acoso psicológico a tres asistentes. Se consideró uno de los casos más graves evaluados por el comité. El segundo caso fue el de José Ramón Bauzá, de Ciudadanos, castigado en 2024 con una reprimenda, aunque nunca trascendió el motivo del acoso. La tercera fue la eurodiputada liberal luxemburguesa Monica Semedo, que en 2021 fue sancionada por primera vez ,y de nuevo en 2023.

Estas investigaciones son de carácter confidencial y, por lo tanto, no se puede saber exactamente el número de casos anuales que se producen, salvo si el caso se filtra a los medios, hay sanciones tras dicha investigación o si se judicializa. Probablemente se están investigando más casos que no son públicos.

Derivar a la justicia

Dicha comisión no impone directamente sanciones, pero elabora un informe para que la presidencia del Parlamento Europeo decida posibles castigos, como pueden ser la suspensión de la actividad parlamentaria o la pérdida de dietas. Además, sus conclusiones pueden servir de base para acciones judiciales externas si el caso va a los tribunales.

Según los últimos datos oficiales que se hicieron públicos, en 2023, se estima que la mayoría de denuncias terminan sin sanción. Los datos figuran en los cuestionarios que la administración del Parlamento Europeo debe cumplimentar durante el proceso de aprobación de sus cuentas anuales y remite a la comisión de Control Presupuestario de la propia institución.

Este organismo ha preguntado por el número de casos de acoso gestionados internamente desde 2016 hasta 2021 y anteriormente lo había hecho también en 2013. En esos cuestionarios, el Parlamento reconoce que sus organismos internos han acumulado un mínimo de 88 denuncias. No hay datos de los años 2014 y 2015. De ese total, 37 denuncias fueron de asistentes hacia sus eurodiputados, aunque los informes destacan que algunas conciernen a un único diputado que acumula varias.

Más presión a partir de 2019

Si bien dicho órgano interno encargado de investigar denuncias de acoso —tanto psicológico como sexual— dentro de la institución comunitaria existe desde 2014, no fue hasta el 2019 que empezó la presión para que se conocieran las investigaciones. Por este motivo, se desconoce el total de casos. El comité recibe quejas de acoso presentadas por asistentes parlamentarios u otros trabajadores y analiza los hechos y las pruebas, además de escuchar y recoger las versiones de las partes implicadas. Finalmente, emite un informe de conclusiones que deriva a la dirección del Parlamento.

La comisión está formada normalmente por seis miembros: eurodiputados, personal de la institución y representantes de asistentes. Desde 2019, en aras de la transparencia y también de la coyuntura del movimiento Me Too, se ha puesto mayor énfasis y presión mediática para que trascendieran los nombres de los investigados.

El ‘caso Comín’

Un asesor de Junts per Catalunya en Bruselas denunció en enero de 2025 ante el Comité Consultivo sobre acoso de la Eurocámara el presunto acoso sexual y psicológico perpetrado por Comín. Debido a su condición de fugado de la justicia española, valoró llevar el caso ante dicho comité antes que ante los tribunales convencionales. En su denuncia exponía una conducta reiterada inapropiada, que iba desde tocamientos, insinuaciones sexuales, comentarios sobre su vida íntima y episodios de presión laboral, incluyendo amenazas de despido. También aportaba una lista con más de una decena de nombres de otros empleados dispuestos a apoyar su versión.

Comín, por su parte, ha negado los hechos. Asegura que se trata de un «informe preliminar» y critica que nunca le llamaron para recabar su versión. Debido a su situación administrativa, no puede ejercer como eurodiputado porque la Junta Electoral Central no le reconoció dicha condición. Es decir, en su caso el Parlamento Europeo no emitirá ninguna sanción, al menos hasta que se resuelva a instancias europeas el contencioso sobre su condición de eurodiputado.