Madrid avisa: algunos de los menas trasladados tienen familia y trabajo en otras comunidades
Advierte al Gobierno de que no aceptará nuevos traslados de menores no acompañados sin cobertura legal
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila-Ponce de León | Europa Press
La Comunidad de Madrid ha advertido al Gobierno de España de que no aceptará nuevos traslados de menores inmigrantes no acompañados al amparo del Real Decreto-ley 2/2025, al considerar que el mecanismo extraordinario de reubicación ya carece de cobertura jurídica tras expirar los plazos previstos. Además, ha denunciado que algunos de los menas trasladados a la región contaban con familia e incluso trabajo en otras comunidades y ahora se les ha abocado a una situación de vulnerabilidad.
Así lo ha trasladado la consejera de Asuntos Sociales, Familia y Juventud, Ana Dávila, al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España Gobierno de España, Ángel Víctor Torres, en una misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press.
«La aplicación del real decreto y su desarrollo posterior han derivado, en la práctica, en un sistema de traslados que ha ignorado la necesaria coordinación con las entidades públicas de protección, la valoración individualizada de cada menor y, lo que es más preocupante, su propia voluntad y su situación familiar», ha manifestado.
Dávila ha alertado de que «se ha llegado a separar a grupos de hermanos» y a trasladar a Madrid a «menores que manifestaban tener familiares en otras comunidades de España». También se ha producido con jóvenes que «contaban con trabajo y una familia de referencia en su lugar de origen y que estaban a punto de alcanzar la mayoría de edad, abocándolos a una situación de vulnerabilidad, cuando no de auténtica marginalidad».
«Le insto a que cese en el intento de impulsar cualquier iniciativa que pretenda mantener este sistema extraordinario fuera del marco legal. De no ser así, la Comunidad de Madrid ejercerá todas las acciones legales que sean necesarias en defensa de sus competencias y de la legalidad vigente», ha avanzado.
«El real decreto ha ignorado la coordinación»
«La aplicación del real decreto y su desarrollo posterior han derivado, en la práctica, en un sistema de traslados que ha ignorado la necesaria coordinación con las entidades públicas de protección, la valoración individualizada de cada menor y, lo que es más preocupante, su propia voluntad y su situación familiar», ha manifestado.
La consejera madrileña ha alertado de que «se ha llegado a separar a grupos de hermanos» y a trasladar a Madrid a «menores que manifestaban tener familiares en otras comunidades de España». También se ha producido con jóvenes que «contaban con trabajo y una familia de referencia en su lugar de origen y que estaban a punto de alcanzar la mayoría de edad, abocándolos a una situación de vulnerabilidad, cuando no de auténtica marginalidad».
«Le insto a que cese en el intento de impulsar cualquier iniciativa que pretenda mantener este sistema extraordinario fuera del marco legal. De no ser así, la Comunidad de Madrid ejercerá todas las acciones legales que sean necesarias en defensa de sus competencias y de la legalidad vigente», ha avanzado.
Culpa al Gobierno por no ejercer sus competencias
Considera la consejera madrileña que la situación de emergencia migratoria que han sufrido de manera «tan extraordinaria como injusta» Canarias, Ceuta y Melilla, así como Baleares, Andalucía, Murcia, Valencia y la Comunidad de Madrid se ha producido por el Gobierno de España, quien «no ha ejercido las competencias en materia de política exterior, control de fronteras e inmigración».
«Mientras las comunidades autónomas hemos movilizado todos nuestros recursos para atender situaciones personales dramáticas, sostener sistemas de protección al límite y frenar la actuación de las mafias, su gobierno ha pasado del silencio y la inacción a la imposición. Ha sustituido la cooperación por decisiones unilaterales que han puesto en riesgo nuestras capacidades, invadido nuestras competencias y generado un efecto llamada difícil de revertir», ha remarcado.
Al hilo, Dávila ha lanzado a Torres que la solidaridad de la que habla el Ejecutivo central «no la han practicado en ningún momento». «De hecho, su Gobierno solo ha cumplido con sus obligaciones cuando se lo ha exigido un tribunal, como ocurrió con los menores solicitantes de protección internacional», ha recordado.