La UCO sitúa a Zaplana al frente de una red corrupta que obtuvo 10,5 millones de euros

El expresident de la Generalitat Valenciana y exministro del PP Eduardo Zaplana recibió 10,5 millones de euros a través del cobro de comisiones. Así lo asegura la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que apenas dos días después de que Zaplana abandonara el hospital donde estaba ingresado desde el pasado 18 de diciembre, sitúa al expresident como supuesto jefe y administrador oculto de la red corrupta.

La Guardia Civil atribuye a Zaplana un papel de administrador velado de acuerdo a pinchazos telefónicos en los que sus colaboradores se refieren a él como «el jefe», según refleja la parte del secreto del sumario del caso Erial cuyo secreto se ha levantado, y al que ha tenido acceso la agencia Efe. La jueza instructora cree asimismo que es «evidente» que esta asociación de personas «tiene como cabeza a Eduardo Zaplana», que presuntamente se valió en su día del cargo que ostentaba haciendo partícipes al resto de los investigados, pues los necesitaba para que desempeñaran determinados papeles, beneficiándose a su vez».

Asimismo, en una conversación pinchada en la investigación del caso Erial, Zaplana le dijo a un abogado uruguayo relacionado con el caso Lezo, en el que se investiga al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González: «Ignacio no me está dando dinero de Andorra».

Se trata de parte de la conversación que Zaplana y Washington Fernando Belhot mantuvieron el 18 de abril de 2018 en la Sala Wellington club del Hotel Wellington de Madrid y que fue captada por la Guardia Civil, cuya transcripción se incluye en el sumario del caso Erial.

En un momento de la conversación, Zaplana le confiesa a Belhot: «tengo un problema que no sé si tiene solución. Para todo esto… para algunas cosas que a mí me pide… necesito liquidez. A mí, Ignacio no me está dando (…) dinero de Andorra, pero como nos ha dejado, tampoco pasa nada».

Este mismo abogado aparece en una conversación pinchada en noviembre de 2016 junto a Ignacio González y Eduardo Zaplana relacionada con el caso Lezo, sobre la supuesta corrupción en la empresa pública Canal Isabel II, de la que González fue presidente. Según el auto de prisión de González, en libertad tras el pago de una fianza, este le propuso a Zaplana crear una estructura financiera opaca en el extranjero a través de este abogado uruguayo.

Asimismo, los investigadores creen que Zaplana es actualmente beneficiario de bienes y fondos que tienen su origen en los pagos que varias mercantiles del grupo Sedesa, entre otras, realizaron a empresas radicadas en Luxemburgo tras ser beneficiarias de las adjudicaciones con ocasión de la concesión de la explotación administrativa de uno de los lotes de la ITV y de los parques eólicos de la Comunidad Valenciana. Según consta en el citado sumario, las adjudicaciones amañadas pudieron reportar a esta organización corrupta un monto total de 10.521.351,3 euros

Parte de estos sobornos fueron a parar a dos sociedades de Luxemburgo (Imison Internacional y Fenix Investments) en una operación accionarial realizada por los sobrinos del ex director general de la Policía, exvicepresidente del Gobierno valenciano y expresidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino (Vicente y José Cotino), que transfirieron 6,4 y 2,18 millones de euros.

Estos pagos fueron efectuados durante los años 2005 y 2006 por el grupo de los Cotino (Sedesa) utilizando parte de los beneficios obtenidos en la sociedad concesionaria de las ITV, siempre según el relato de los investigadores.

La compraventa de las participaciones empresariales de ambas empresas luxemburguesas se hizo el mismo día, interviniendo Vicente Cotino en representación de las sociedades luxemburguesas (parte de cuyo accionariado había comprado previamente) y José Cotino en representación de Asedes Capital (Sedesa, al revés). Tanto Imision como Fenix se constituyeron en Luxemburgo el mismo día (el 16 de mayo de 2001) con idénticos administradores fiduciarios.

Ninguna de las compraventas se inscribió en el registro mercantil, tal y como presuntamente se acordó en un documento privado intervenido por la Guardia Civil (llamado ‘hoja de ruta’, que da pie a esta investigación).

Finalmente, el grupo Sedesa abonó cerca de 8,5 millones de euros a las firmas en el extranjero en concepto, supuestamente, de comisiones y sobornos. En contraprestación, el grupo de los Cotino obtuvo por la actividad empresarial derivada de las supuestos sobornos, unos beneficios de 86,6 millones de euros, según Anticorrupción, con lo que las «mordidas» pudieron suponer el 10% del negocio total.

En la investigación se ha concluido que Imision no ha retornado todos sus fondos a España, ya que de 6,4 millones de euros únicamente se ha acreditado el retorno a España de 2,9, a través de una entramado de sociedades (Costera del Glorio, Medlevante, Gesdesarrollos Intergales y Turnis Sylvatica).

En el caso de Fenix, propiedad de Juan Francisco García, en el sumario se detalla que fue liquidada en 2012 y que sus participaciones, valoradas en 2,3 millones de euros, retornaron a España al acogerse su propietario a la amnistía fiscal promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy.

En el caso Erial se investiga el presunto cobro de comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos durante la gestión al frente de la Generalitat de Zaplana, que está en libertad provisional tras más de ocho meses en prisión, y junto al que están procesados el abogado Francisco Grau, el exdirectivo de Terra Mítica Joaquín Barceló, el ex director general de la Policía y expresidente de Les Corts Juan Cotino; la mujer de Zaplana, Rosa Barceló, y la secretaria personal del expresident, Mitsuko Henríquez.

Sobre todos ellos pesan acusaciones de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y pertenencia a un grupo criminal.