El juez amplía seis meses la instrucción del 'caso Abengoa' para concluir unas diligencias
Se investigan presuntos delitos de falsedad contable y estafa a inversores
Los trabajadores de Abengoa se concentran a las puertas de la sede en Palmas Altas. | Joaquin Corchero (Europa Press)
El juez de la Audiencia Nacional (AN) Ismael Moreno ha aceptado la petición de la Plataforma de Afectados por Abengoa y ha decidido prorrogar otros seis meses, con el fin de terminar una serie de diligencias, la instrucción de la causa en la que se investigan presuntos delitos de falsedad contable y estafa a inversores.
Conocido como ‘Abengoa II’, en el presente caso el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 indaga si dos filiales del grupo -Abengoa Solar y Abengoa Bioenergía- habrían ocultado mediante «artificios» su realidad económico-financiera en los ejercicios de 2014 a 2016, que contendrían «groseras inexactitudes» con efectos perjudiciales para socios, accionistas y terceros.
Ante la petición de los perjudicados, el juez ha optado por ampliar medio año la investigación, según ha adelantado La Información y han confirmado a Europa Press este jueves fuentes jurídicas.
En diciembre de 2021, la Plataforma de Afectados solicitó alargar la fase de instrucción, que estaba cerca de caducar, para poder estudiar el material intervenido en los registros efectuados meses antes en la sede de Abengoa en Sevilla, así como otros papeles que han ido llegando como consecuencia de distintas diligencias.
Una buena parte de los archivos que los afectados no han tenido tiempo de examinar en profundidad fueron los encontrados en esos registros, de abril de 2021, una entrada que fue recurrida por el expresidente de Abengoa Felipe Benjumea, al considerarla «prospectiva», pero que la Sala de lo Penal respaldó al estimar que fue una diligencia «suficiente y adecuadamente motivada».
El juez sospecha que de forma sistemática se habrían ocultado sustanciales pérdidas de activos e incluido certificaciones de obras no suficientemente acreditadas -por valor de al menos 4.514 millones de euros- para provocar una «notable alteración de la real apariencia de la situación económico-financiera de la entidad».
