'Caso Popular': Ángel Ron contraataca con dos informes que avalan la ampliación de 2016
Uno de los informes periciales ha sido elaborado por José Antonio Iturriaga, consejero del FMI y exadministrador de varias entidades por encargo del FROB
Ángel Ron, expresidente del Banco Popular. | Europa Press
Ángel Ron pasa al contraataque en la Audiencia Nacional. El expresidente del Banco Popular ha remitido al magistrado José Luis Calama dos informes elaborados por prestigiosos peritos que avalan la ampliación de capital efectuada en 2016, un año antes de la resolución de la entidad y de su adquisición por parte del Banco Santander a cambio de un euro. Ambos documentos han sido remitidos al juez del ‘caso Popular’, después de que este y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazasen una batería de diligencias solicitadas por Ron para intentar demostrar que la resolución del banco pudo evitarse bajo la presidencia de Emilio Saracho, quien le sucedió en el cargo a finales de 2016.
Los dos informes periciales aportados por Ron van en la misma línea. Pretenden acreditar que la ampliación de capital suscrita por la entidad un año antes de su liquidación cumplió con la normativa contable. El primero ha sido elaborado por el economista José Antonio Iturriaga Miñón, inspector del Banco de España en excedencia, actualmente senior advisor del Fondo Monetario Internacional (FMI) y exadministrador de Caja Sur y del Banco de Valencia, entre otras entidades, por encargo del FROB durante la crisis económica.
En las 29 páginas de su informe pericial, Iturriaga concluye que el Banco Popular superó la profunda revisión contable efectuada por el Banco Central Europeo (BCE) antes de la ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros efectuada en el 2016. Una inyección de capital en la que los propios consejeros de la entidad aportaron 500 millones. Su informe, además, apuntala las conclusiones apuntadas por los peritos del Banco de España en un reciente informe ampliatorio solicitado por el Juzgado Central de Instrucción número 4. Su titular, el juez Calama, ha prorrogado otros seis meses más la instrucción de una causa que se encamina hacia su quinto año sin una línea de investigación clara. El magistrado, con el apoyo de la Fiscalía, ha acordado ampliar la investigación en busca de nuevas pruebas.
El Popular cumplió con las normas contables
En línea con lo señalado por los peritos del organismo regulador en 2019, Iturriaga señala que las normativas contables internacionales por las que se guió el Popular para elaborar su contabilidad antes de 2016 eran perfectamente válidas. Añade que el Banco solo cambió de criterio contable en noviembre de 2016, cuando las recomendaciones del Banco de España pasaron a tener rango normativo tras la aprobación de la Circular 4/2016. El informe indica que el Popular «asumió en toda su extensión» esa circular cuando pasó a ser de carácter obligatorio.
Iturriaga concluye también que ni el BCE ni ningún otro organismo regulador requirió al Popular para que registrase los resultados de la OSI (inspección sesgada, parcial, prudencial y prospectiva) de 2016 en sus cuentas del año anterior, porque no eran de cumplimiento retroactivo. Añade, además, que el BCE no consideró incorrectas las cuentas anuales ni la información de la ampliación de capital porque los resultados de la OSI eran prudenciales y prospectivos.
Los dos informes remitidos por Ron al juez Calama van acompañados por un escrito en el que se solicita la ratificación en sede judicial por parte de Iturriaga de su informe los próximos 14 y 15 de septiembre. En esa fecha están llamados a declarar ante el magistrado los inspectores del Banco de España que elaboraron el informe ampliatorio enviado al juzgado el pasado mes de junio. Un documento en el que se cifraba en 1.715 millones de euros las pérdidas que hubiera tenido la entidad a cierre de 2015, en caso de haber utilizado los criterios contables recomendados por el Banco de España.
Informe sobre gobierno corporativo
Los inspectores del Banco de España, no obstante, subrayaban que ese escenario hipotético hubiera tenido unas consecuencias difíciles de prever. También insisten en que, como señalaron en su anterior informe de 2019, el banco era solvente a finales de 2016 y acató criterios contables internacionales que también eran válidos. Por eso, tachaban de «suposición teórica» y un escenario hipotético con consecuencias difíciles de prever las cifras de las pérdidas que habría tenido el Popular en caso de haber aplicado en 2015 la recomendaciones del Banco de España.
El segundo de los informes periciales remitidos este jueves a la Audiencia Nacional por los abogados de Ángel Ron ha sido elaborado por otro inspector en excedencia del Banco de España. Se trata de Rubén Manso Olivar, actual diputado de Vox y portavoz de esa formación en la Comisión de Economía del Congreso, quien ha elaborado un informe pericial sobre el gobierno corporativo del Banco Popular.
En sus 198 páginas de extensión, Manso concluye que el «Banco Popular contaba con procedimientos eficaces de identificación, gestión, control y comunicación de los riesgos a los que estaba expuesto o pudiera estarlo». Asimismo, señala el informe en cuanto a las operaciones de refinanciación, se efectuaba un análisis individualizado de cada una de ellas por parte de las Direcciones Territoriales, con la finalidad de establecer la viabilidad de la operación, contando previamente con la conformidad por parte de la Oficina de Reestructuración.
«La Oficina de Reestructuración y Morosidad de Banco Popular dependía de cada una de las Direcciones Territoriales. En este sentido, de acuerdo con el informe de gobierno corporativo de la entidad, a mediados de 2013 se creó la Unidad de Negocio Especializado, que inició actividades de reestructuración, recobro y recuperación de clientes relacionados con el mercado inmobiliario: promotores, constructores y otros clientes vinculados con este sector. Por tanto, se creó un nuevo organismo vigilante y responsable de las reestructuraciones en la Entidad, lo que mejoró su control interno», añade el segundo de los informes periciales aportados por Ron. La defensa del expresidente del Popular ha solicitado también al juez Calama que cite a Rubén Manso para ratificar en sede judicial sus conclusiones.
