'Caso Popular': el juez da portazo a los peritos de Ron y solo escuchará al Banco de España
El magistrado considera que es innecesaria la ratificación de dos informes que avalaban la ampliación de 2016 porque en la causa ya existen otras periciales
Ángel Ron, expresidente del Banco Popular. | Europa Press
Nuevo portazo del juez del caso Popular a la defensa de Ángel Ron. El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado la última petición del expresidente de la entidad. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 considera que no es necesario llamar a declarar a José Antonio Iturriaga y Rubén Manso, autores de los informes periciales aportados a finales de julio por el expresidente del Banco Popular para avalar la ampliación de capital efectuada en el año 2016, meses antes de que se produjera la resolución de la entidad y su posterior adquisición por parte del Banco Santander a cambio de un euro.
En un auto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el juez Calama deniega la ratificación de los informes periciales aportados por Ron. Ambos documentos, que han sido unidos a la causa, pretenden acreditar que la ampliación de capital suscrita por la entidad un año antes de su liquidación cumplió con la normativa contable. «Este Instructor no considera necesaria la ratificación de dichos informes. En la causa ya existen varios informes periciales ordenados por este Instructor que resultan suficientes a los efectos del artículo 779 de la ley de Enjuiciamiento Criminal», señala el magistrado.
El auto está fechado el 16 de septiembre, solo dos días después de que dos peritos del Banco de España ratificasen ante el instructor el informe ampliatorio ordenado por el juez para recalcular las pérdidas que hubiese tenido el Popular en 2015, en caso de haber seguido unas normas contables distintas a las que utilizó en aquel ejercicio. Los expertos del organismo regulador también se ratificaron en sus conclusiones sobre Thesan Capital, una sociedad de capital riesgo especializada en la compra de empresas en crisis que operó con el banco entre 2011 y 2014.
Los peritos del Banco de España Pablo Hernández y Santiago Ruiz-Clavijo cifraron en 1.715 millones de euros las pérdidas antes de impuestos que hubiera tenido la entidad en caso de haber utilizado los criterios contables recomendados por el Banco de España en diciembre de 2014. Además, señalaban que el banco debió calificar como «dudosas» y no como normales las operaciones con las sociedades en Luxemburgo de Thesan Capital, y que llevaron a un déficit de provisiones que estiman en aproximadamente 521 millones de euros.
El Popular era solvente
No obstante, durante su declaración en la Audiencia Nacional, los expertos del Banco de España también pusieron de manifiesto la falta de consistencia de hacer una aplicación retroactiva de la norma para contabilizar el déficit de la entidad en 2015 y dijeron que esto «desestabilizaría el sistema financiero», según fuentes jurídicas. Asimismo, en su informe ampliatorio ya habían advertido de que la petición del juez era un ejercicio de «suposición teórica» y que la resolución del banco, y posterior venta del mismo al Banco Santander por un euro, fue debido a un problema de liquidez y no de solvencia.
El informe ampliatorio solicitado por el juez también fue cuestionado en una carta remitida al juzgado el pasado mes de marzo por otros dos inspectores del Banco de España, Álvaro López y Teodoro Fernández. Consideraban que «no cabe recalcular, de una manera mínimamente fiable», muchos de los puntos que el juez solicitaba analizar. Entre otros asuntos, recomendaban excluir la petición de calcular cuál hubiera sido el déficit de la entidad a cierre de 2015 en caso de haber utilizado los criterios recomendados por el Banco de España, en lugar de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Las dos periciales de Ron
Los dos informes aportados por la defensa de Ron a finales de julio pretendían apuntalar estas advertencias de los peritos del Banco de España. Ambos documentos habían sido remitidos al juez del ‘caso Popular’, después de que este y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazasen una batería de diligencias solicitadas por Ron para intentar demostrar que la resolución del banco pudo evitarse bajo la presidencia de Emilio Saracho, quien le sucedió en el cargo a finales de 2016.
El primero ha sido elaborado por el economista José Antonio Iturriaga Miñón, inspector del Banco de España en excedencia, actualmente senior advisor del Fondo Monetario Internacional (FMI) y exadministrador de Caja Sur y del Banco de Valencia, entre otras entidades, por encargo del FROB durante la crisis económica. En las 29 páginas de su informe pericial, Iturriaga concluye que el Banco Popular superó la profunda revisión contable efectuada por el Banco Central Europeo (BCE) antes de la ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros efectuada en el 2016.
Una inyección de capital en la que los propios consejeros de la entidad aportaron 500 millones. En línea con lo señalado por los peritos del organismo regulador en 2019, Iturriaga señala que las normativas contables internacionales por las que se guió el Popular para elaborar su contabilidad antes de 2016 eran perfectamente válidas. Añade que el Banco solo cambió de criterio contable en noviembre de 2016, cuando las recomendaciones del Banco de España pasaron a tener rango normativo tras la aprobación de la Circular 4/2016. El informe indica que el Popular «asumió en toda su extensión» esa circular cuando pasó a ser de carácter obligatorio.
El BCE avaló las cuentas de 2015
Iturriaga concluye también que ni el BCE ni ningún otro organismo regulador requirió al Popular para que registrase los resultados de la OSI (inspección sesgada, parcial, prudencial y prospectiva) de 2016 en sus cuentas del año anterior, porque no eran de cumplimiento retroactivo. Añade, además, que el BCE no consideró incorrectas las cuentas anuales ni la información de la ampliación de capital porque los resultados de la OSI eran prudenciales y prospectivos.
El segundo de los informes periciales remitidos a la Audiencia Nacional por los abogados de Ángel Ron ha sido elaborado por otro inspector en excedencia del Banco de España. Se trata de Rubén Manso Olivar, actual diputado de Vox y portavoz de esa formación en la Comisión de Economía del Congreso, quien ha elaborado un informe pericial sobre el gobierno corporativo del Banco Popular.
En sus 198 páginas de extensión, Manso concluye que el «Banco Popular contaba con procedimientos eficaces de identificación, gestión, control y comunicación de los riesgos a los que estaba expuesto o pudiera estarlo». Asimismo, señala el informe en cuanto a las operaciones de refinanciación, se efectuaba un análisis individualizado de cada una de ellas por parte de las Direcciones Territoriales, con la finalidad de establecer la viabilidad de la operación, contando previamente con la conformidad por parte de la Oficina de Reestructuración.
