La renovación del TC allana el camino a las leyes más controvertidas del Gobierno
El vuelco progresista favorece la validación de varias leyes recurridas por la oposición. Entre otras, la del aborto, el ‘solo sí es sí’, la eutanasia o la sedición
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | Europa Press
Vía libre a las leyes más controvertidas aprobadas por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos durante la actual legislatura. La designación ‘in extremis’ de los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que le correspondía nombrar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) allana el camino a la validación de varias leyes recurridas ante la corte de garantías por la oposición. Entre ellas, la del aborto, la ley Celaá, la del solo sí es sí, la reforma laboral o la ley de eutanasia. También la pérdida del escaño por parte del diputado de Podemos Alberto Rodríguez, la derogación del delito de sedición del Código Penal o la ley Zerolo, entre otras.
La renovación de los cuatro magistrados del TC cuyo mandato estaba caducado desde junio propiciará un vuelco de mayoría progresista en la corte de garantías para los próximos nueve años. Habrá siete magistrados progresistas y cuatro conservadores, a la espera de que el Senado nombre algún día al sustituto de Alfredo Montoya. que renunció a su plaza el pasado verano por enfermedad. Y estarán presididos, previsiblemente y salvo sorpresa de última hora, por Cándido Conde-Pumpido.
El exfiscal general del Estado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) es el favorito a ser elegido en un pleno que se celebrará en los próximos días, tras la aprobación y el nombramiento de los cuatro candidatos propuestos por el Gobierno y el CGPJ después de meses de disputas que han desencadenado una crisis institucional sin precedentes.
Tres de los magistrados salientes (Pedro González-Trevijano, Antonio Narváez y Santiago Martínez Vares) fueron nombrados hace nueve años a propuesta del PP, y serán sustituidos ahora por otros tres juristas de corte progresista. Dos de ellos formaron parte del propio Gobierno presidido por Pedro Sánchez: el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez. Ambos son los elegidos por el Consejo de Ministros.
Junto a ellos, entrará la magistrada jubilada del Tribunal Supremo María Luisa Segoviano, también considerada progresista y quien se convirtió en 2020 en la primera mujer en presidir una sala del Alto Tribunal. El cuarto magistrado que ocupará un asiento en el TC es el conservador César Tolosa, elegido por el CGPJ junto a Segoviano, en sustitución del progresista Juan Antonio Xiol.
Las leyes que abordará el TC
Con amplia mayoría progresista, el renovado TC afrontará asuntos de gran calado político, como el recurso contra la ley del aborto o la ley de la eutanasia, que podrían cobrar gran relevancia en un momento que ya se considera preelectoral. Con las elecciones municipales y autonómicas de mayo a la vista, y sin perder en el horizonte las elecciones generales previstas para finales de 2023, la corte de garantías afrontará con clara mayoría progresista los recursos presentados por la oposición contra algunas de sus leyes estrella.
También otras medidas que aún están pendientes de ser aprobadas por el Congreso, como la ley trans, o los indultos a los líderes del procés, que están todavía a la espera de resolución en el Tribunal Supremo actualmente. Además, el Constitucional debe resolver asuntos relevantes que llevan tiempo sobre su mesa, como el recurso presentado por diputados del PP en 2010 contra la Ley del Aborto impulsada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero.
Este último asunto ha recaído sobre uno de los magistrados que entró en la anterior renovación de la corte de garantías, Enrique Arnaldo. El magistrado, propuesto por el PP, ‘heredó’ la cartera de ponencias pendientes del magistrado saliente Andrés Ollero a finales de 2021. Arnaldo también estará a cargo de la ponencia sobre el recurso presentado por el PP contra la controvertida reforma exprés con la que el Gobierno de Sánchez quería cambiar las leyes orgánicas del poder judicial y del Tribunal Constitucional, para forzar el vuelco progresista en la corte de garantías.
La reformas que maniatan al CGPJ
La admisión a trámite del recurso del PP propició una crisis institucional sin precedentes y paralizó cautelarmente la controvertida reforma. No obstante, el TC aún debe entrar en el fondo de la cuestión impugnada por el principal partido de la oposición. Es decir, si el procedimiento legislativo utilizado por el Gobierno es constitucional o no. Los partidos del Gobierno querían aprobar la reforma de las leyes orgánicas que regulan al CGPJ y al TC mediante dos enmiendas a una proposición de ley que poco tenía que ver con el objeto de esas enmiendas: la derogación del delito de sedición del Código Penal y la rebaja de las penas por el delito de malversación.
También debe pronunciarse el nuevo TC sobre el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Popular contra la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. Ese asunto en cuestión ha recaído en el magistrado Cándido Conde-Pumpido. El PP alega que la ley de eutanasia vulnera varios preceptos de la Constitución, entre los que menciona el derecho a la vida y el derecho a la dignidad de la persona.
Otros de los recursos más relevantes serán los presentados por PP y Vox contra la ley que impide al CGPJ hacer nombramientos con el mandato caducado desde marzo de 2021. Una reforma legislativa impulsada por el Gobierno para forzar al PP a renovar el órgano de gobierno de los jueces, que mantiene al borde del colapso al Tribunal Supremo y a otros organismos judiciales ante la imposibilidad de cubrir las 69 vacantes que existen actualmente en la cúpula judicial por jubilaciones, bajas indefinidas o fallecimientos de magistrados desde hace casi dos años.
A estos asuntos, el TC suma otro de gran calado político como es la nueva Ley educativa, la LOMLOE, también conocida como ley Celaá. El tribunal de garantías debe resolver en este caso sobre los dos recursos presentados por diputados de Vox y de PP. Además, deberá abordar los recursos de amparo presentados por la defensa del que fuera diputado de Podemos Alberto Rodríguez contra la condena del Supremo y contra la pérdida de su escaño.
